Oposición se unió al Gobierno en el Congreso para aprobar controversial Ley de la DNI
Santo Domingo, 22 de enero – En una especie de pacto entre la oposición y el Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) se aliaron en el Congreso Nacional para aprobar la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta ley, ahora objeto de críticas por diversos sectores, es percibida como una amenaza a las libertades públicas, especialmente a la libre expresión, difusión del pensamiento y al secreto profesional de los periodistas.
Un análisis de la votación en la Cámara de Diputados revela que, hecho por Diario Libre, revela que de los cien representantes del PRM, 77 votaron a favor, dos se abstuvieron, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron. En cuanto al PLD, de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, dos en contra, uno no votó y 21 estuvieron ausentes. En la Fuerza del Pueblo, con 18 escaños, doce votaron a favor, ninguno se opuso, dos se abstuvieron y ocho no asistieron. Incluso, 12 de los 20 bloques independientes y minoritarios respaldaron la Ley 1-24, ya promulgada por el presidente Luis Abinader.
En el Senado, el proyecto fue sancionado con 21 votos a favor y cuatro en contra, siendo la Fuerza del Pueblo quien presidió la comisión que dio el informe favorable a la ley.
Contradicciones en la oposición: Desacuerdo público vs. votación a Favor
La votación en el Congreso contradice la posición pública de líderes opositores, como Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, quien calificó la ley como inconstitucional y una amenaza a la libertad de expresión y la democracia. Rafael Tobías Crespo, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, también expresó que ningún organismo de inteligencia debería tener autorización legal para indagar sobre cualquier aspecto de la vida de un ciudadano sin una potencial violación a la ley.
Con su apoyo al proyecto, los legisladores del PLD y la FP fueron contrarios a la posición asumida por su aliado en las próximas elecciones, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que forma parte de la Alianza Opositora Rescate RD y calificó la ley como «inaceptable» y susceptible a una revisión de inconstitucionalidad.
Coherencia del Gobierno: Defensa de la Ley como herramienta antiterrorista
A diferencia de la oposición, el gobierno ha mantenido una posición coherente en la defensa de la Ley 1-24, argumentando que representa un paso significativo en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, ciberamenazas y corrupción. El presidente Luis Abinader ha expresado que hay confusión en la compresión de la normativa y ha respaldado la creación de una mesa para revisarla.
Preocupación de Sectores: Sociedad Dominicana de Diarios e Iglesia Católica se pronuncian
Diversos sectores, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios y la Iglesia Católica, han manifestado su preocupación por el alcance y las consecuencias de la nueva legislación. El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, consideró la ley como un «jaque mate» a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este lunes, a las 10:00 de la mañana, grupos sociales tienen previsto acudir al Tribunal Constitucional para detallar acciones legales contra la nueva legislación.
Reunión entre Sociedad Dominicana de Diarios y Departamento Nacional de Investigaciones (DNI)
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) tiene programada una reunión este lunes con las autoridades del Departamento Nacional de Investigaciones. La SDD, representada por su presidente, Persio Maldonado, su vicepresidente Aníbal De Castro y el asesor legal Manuel Tapia López, expresó su preocupación por ambigüedades en varios artículos de la ley, como los números 9, 11 y 26.
En medio del debate sobre la ley, es importante destacar que una sentencia del Tribunal Constitucional en 2013 estableció que la entrega de información debe contar con la orden de un juez para evitar vulnerar el derecho al secreto y la privacidad.
Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en 2013: Protección del derecho al secreto y privacidad
La sentencia 0200-13 del 7 de noviembre de 2013 del Tribunal Constitucional estableció que el acceso a los datos debe ser dispuesto por una ordenanza emitida por un juez competente, debidamente motivada, para no vulnerar el derecho al secreto y privacidad de las comunicaciones. La sentencia surgió tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Namphi Rodríguez y José Rafael Molina Morillo contra la resolución 086-11 que aprobó el «Reglamento para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones», dictada por INDOTEL. La resolución violaba varios artículos de la Constitución.
