Organismos medioambientales denuncian que carretera Sabaneta afectaría producción de aguas RD

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) dicen que ese proyecto viola la Constitución y es económicamente inconsecuente, entre beneficios y perjuicios, inconsecuente

José Rafael Sosa

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) advirtieron que la pretendida construcción de la carretera denominada De Sabaneta a Sabaneta, mermaría el aporte en millones de metros cúbicos de aguas de los ríos Artibonito, Joca, San Juan, Yaque del Sur, Neita y Mao, entre otros.

Los dos organismos, en amplio informe técnico producto de un recorrido in situ por la zona de Sabaneta, expresan que el proyecto es improcedente, impropio e injustificable técnica, legal, económica, ambiental y estratégicamente.

Las dos entidades resaltan que la obra proyectada puede afectar un sistema montañoso que produce once mil millones de metros cúbicos, representando el cincuenta por ciento del agua dulce de nuestro país (Martínez, M, 2016). Es un enclave ecológico con una gran riqueza hídrica, donde nacen 709 escorrentías mayores (ríos, arroyos y manantiales) e infinidad de riachuelos y cañadas.

Resalta que se trata de un despropósito que han determinado que afectará los caudales que serían afectados, están los ríos Artibonito, Yaque del Sur, Neita, Joca, San Juan, Libón, Mao con una extensión de 562 kilómetros cuadrados.

Esos ríos, indica el informe, que irrigan 28,400 km², un 46 % en territorio dominicano y un 37 % en la isla 13 completa, citando el informe publicado en 2016 por la Revista Verdor Academia de Ciencia, Cordillera Central, Madre de las Aguas, a la firma del ingeniero Eleuterio Martínez.

El informe de la UASD y la ACRD sostiene que el proyecto es ecocida (responsable de la muerte de sistemas), pudiendo mermar las aguas que necesitan el turismo nacional, la industria, la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud   y la producción de energía.

Al resumir las consecuencias del proyecto, las entidades resaltan: Amenaza a las fuentes de agua y seguridad hídrica nacional debido a impactaría una zona natural vital; impacto en áreas protegidas y biodiversidad: La ruta “Sabaneta–Sabaneta” cruzaría de sur a norte tres parques nacionales contiguos: José del Carmen Ramírez, Armando Bermúdez y la Reserva Forestal Alto Mao (Manolo Tavárez Justo) removerían cobertura vegetal y excavarían taludes en decenas de kilómetros, lo que dejaría cicatrices ecológicas permanentes.

Otros factores negativos que exponen del proyecto incluyen el papel de los intereses particulares y falta de transparencia y que se sospecha de intereses mineros al tiempo que pide determinar a quién o a quiénes  favorece el proyecto y qué motivaciones subyacentes existen, más allá del declarado interés comunitario.

“Los argumentos en contra del proyecto ‘de Sabaneta a Sabaneta’ subrayan que los costos y riesgos superan con creces a los beneficios. Se prevé un daño ambiental mayúsculo e irreparable (sobre agua, bosques y fauna), peligros geotécnicos, una relación costo-beneficio muy desfavorable y posibles motivaciones cuestionables detrás de su impulso” dice la declaración de las dos entidades.

Las comisiones firmantes, luego de participar en el recorrido convocado por la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado de la República, manifiestan que han verificado inconsistencia técnica y falta de estudios rigurosos en torno al proyecto.

Indican que la propuesta carece de estudios de factibilidad completos, diseño vial, evaluación ambiental formal, levantamientos topográficos y análisis de impacto acumulativo y que su trazado no ha sido definido con precisión, ni sometido a escrutinio técnico serio.

Se pondría en riesgo la sostenibilidad de ríos estratégicos como el Neita, Joca, Mao, San Juan, y plantea una violación de la Constitución de la República, la Ley 64-00, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04) y varios acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado dominicano, tales como la designación de la Cordillera Central como Reserva de Biosfera Madre de las Aguas y los principios de la Convención Ramsar.

Destacan que se evidencia una desproporción en la relación costo-beneficio: El costo estimado (entre 400 y 600 millones de dólares al 2015), es incongruente con la reducida demanda vehicular proyectada y los beneficios económicos netos. La tasa interna de retorno calculada es menor al 1%, lo cual representa una utilización ineficiente de los fondos públicos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del interés nacional, la protección del patrimonio natural de la nación y el desarrollo sostenible basado en el respeto a la vida, al territorio y a la legalidad. Instamos a toda la ciudadanía, en especial a las juventudes, a las comunidades rurales y a los sectores académicos y sociales, a integrarse en la vigilancia activa por la defensa de la Cordillera Central como soporte esencial de nuestra soberanía ambiental.

El informe en que se basa el pronunciamiento, puede verse: