Organización internacional alerta a Abinader sobre impacto ambiental del proyecto Energía 2000 en Manzanillo
Por Frank Valenzuela
Montecristi, 27 marzo.— La organización internacional Mangrove Action Project (MAP) advirtió al presidente Luis Abinader sobre los posibles impactos ambientales, sociales y territoriales no resueltos vinculados al proyecto Energía 2000, desarrollado en la bahía de Manzanillo, provincia Montecristi.
La alerta fue formalizada mediante una comunicación remitida el mismo día de la inauguración de la obra, lo que, según la entidad, coloca el caso en la agenda internacional en materia de sostenibilidad, gobernanza ambiental y derechos humanos. MAP cuenta con presencia en más de 60 países y una red de más de 500 organizaciones.
En la carta, firmada por Alfredo Quarto, cofundador y director de incidencia de la organización, se señala que el proyecto energético se basa en una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizada en 2013, diseñada originalmente para una planta de 360 megavatios. Sin embargo, la infraestructura ejecutada alcanza los 437 megavatios, incluyendo componentes marítimos y de gas que no estaban contemplados en el estudio inicial.
La organización también cuestiona el acceso a la información, indicando que el estudio ambiental estuvo restringido al público durante cuatro años, lo que, a su juicio, contraviene disposiciones del Acuerdo de Escazú. Según MAP, el documento fue divulgado en marzo de 2026 tras el interés de instancias internacionales, lo que plantea dudas sobre los niveles de transparencia en el proceso de licenciamiento.
Uno de los principales puntos señalados es la intervención en Playa Estero Balsa, un ecosistema costero considerado clave por su conexión funcional con el Sitio Ramsar No. 2497 y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa. La organización sostiene que trabajos como el dragado, la construcción de muelles y la modificación de la línea costera han generado transformaciones significativas en el entorno.
Estas alteraciones, añade MAP, han impactado actividades tradicionales como la pesca artesanal y el ecoturismo comunitario, al tiempo que podrían ser evaluadas bajo los criterios de la Convención Ramsar, en lo relativo a cambios en el carácter ecológico del área.
En el plano socioeconómico, la organización advierte que más de 100 familias vinculadas a la pesca y el turismo han visto afectados sus medios de vida, con pérdidas estimadas en más de 7 millones de dólares anuales, mientras aún se discuten mecanismos de compensación y remediación.
Asimismo, la comunicación aborda preocupaciones sobre el suministro de agua potable en Manzanillo, indicando que la conexión del proyecto al sistema del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) no estaba contemplada en la evaluación ambiental original, lo que ha generado inquietudes en la comunidad sobre la disponibilidad del recurso.
Ante este panorama, MAP planteó al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones, entre ellas la realización de una evaluación ambiental independiente, la atención prioritaria al Sitio Ramsar, la implementación de medidas de remediación y la creación de mecanismos financieros orientados al desarrollo local y la recuperación de los medios de vida afectados.
La organización subrayó que la situación de Manzanillo está siendo observada por distintos espacios internacionales vinculados a la gobernanza ambiental y los derechos humanos, lo que amplía su relevancia más allá del ámbito nacional.
Fundada en 1992, Mangrove Action Project promueve la conservación de ecosistemas costeros y la defensa de las comunidades que dependen de ellos, participando activamente en procesos de monitoreo y denuncia ante transformaciones territoriales de alto impacto.
A continuación se incluye el texto íntegro de la comunicación remitida al Presidente de la República:
Subject: Formal International Concern — Ramsar Site No. 2497, Escazú Agreement & Community Livelihood Collapse — Energía 2000 Project, Manzanillo Bay, Dominican Republic
To: His Excellency Luis Abinader, President of the Dominican Republic
Cc: Ministry of Environment · Ministry of Energy & Mines · CNE · SIE · Defensor del Pueblo · DIGEIG · Ramsar Convention Secretariat · IUCN · IACHR · UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment
Su Excelencia:
Soy cofundador de la red global Mangrove Action Project (MAP), con sede en los Estados Unidos, establecida en 1992 para abordar la pérdida de manglares a nivel mundial. Le escribo en relación con el proyecto Energía 2000, el cual amenaza tanto los medios de vida de las comunidades locales como los ecosistemas de manglares afectados en su país.
Como organización internacional dedicada a la conservación y a los derechos ambientales, deseamos expresar formalmente nuestra profunda preocupación con respecto al proyecto Energía 2000 en la Bahía de Manzanillo.
Con respecto a Energía 2000, observamos que se emitieron cuatro licencias ambientales sucesivas basándose en una única Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) elaborada en 2013. Aunque originalmente fue diseñado como una planta de ciclo abierto de 360 MW destinada a subsanar el déficit energético en la región noroeste, el proyecto se expandió sustancialmente más allá de su alcance inicial, evolucionando hacia una planta de ciclo combinado de 437 MW plenamente integrada al Sistema Energético Nacional, sin que la infraestructura marítima o de gas requerida fuera considerada en el estudio original. Se denegó el acceso público a la EIA durante cuatro años —en contravención explícita del Acuerdo de Escazú—, una situación que solo salió a la luz en marzo de 2026 tras la creciente presión ejercida por organismos internacionales de supervisión.
En Playa Estero Balsa —un área costera de vital importancia ecológica y económica para la comunidad de Manzanillo, funcionalmente conectada con el Sitio Ramsar N.º 2497 y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa (el ecosistema de manglares más extenso del país)—, el dragado sistemático, la construcción de muelles y la eliminación de la línea costera natural han destruido el sustrato coralino, generado una turbidez persistente en el agua y eliminado la pesca artesanal, el ecoturismo comunitario y las actividades costeras tradicionales. Estas transformaciones podrían constituir un «cambio en el carácter ecológico» en virtud de la Resolución Ramsar VII.10, activando así las obligaciones de notificación obligatoria conforme al Artículo 3.2 de la Convención. La integridad hidrológica de Laguna Saladilla —un Refugio de Vida Silvestre protegido e integrado al sistema Ramsar, e identificado en la EIA original como una potencial fuente de agua— exige una verificación independiente y urgente. Más de 100 familias dedicadas a la pesca y al ecoturismo han sufrido el colapso total de sus medios de vida —lo cual representa ingresos documentados que superan los 7 millones de dólares anuales (BID, 2021)— sin que se haya verificado la implementación de medida alguna de remediación, en contravención de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Respetuosamente, solicitamos a Su Excelencia que:
— Encargue una evaluación ambiental independiente y actualizada de la configuración final implementada del proyecto, a través del Observatorio de Medio Ambiente y Áreas Protegidas —recientemente establecido por su administración— y con la participación de observadores internacionales acreditados, de conformidad con el Artículo 14 del CDB y la Resolución Ramsar XI.8, en un plazo de 90 días;
— Garantice la protección inmediata del Sitio Ramsar N.º 2497 y sus ecosistemas asociados, incluyendo la restauración integral de las áreas de manglares y la rehabilitación ecológica de Playa Estero Balsa, y notifique formalmente a la Secretaría de Ramsar de conformidad con el Artículo 3.2 de la Convención;
— Implemente plenamente los compromisos de remediación establecidos en el estudio de impacto del proyecto, y ejecute sin demora los acuerdos de remediación y recuperación de medios de vida alcanzados con las comunidades pesqueras, los operadores de ecoturismo y los usuarios costeros, facilitados por Guillermo Estrella;
— Establezca un Fondo Anual Permanente de Remediación Territorial para el Municipio de Pepillo Salcedo, financiado con una parte de los ingresos del proyecto, destinado al desarrollo integral de las comunidades afectadas; y establezca un Fondo de Remediación Acumulativa que abarque las dimensiones ambiental, productiva, social, patrimonial y cultural de los daños documentados.
Dado que la comunidad internacional se encuentra monitoreando esta situación, aguardamos respetuosamente una respuesta acorde con la posición de la República Dominicana como Estado signatario de los marcos antes mencionados. Esperamos su respuesta a la presente carta, con la esperanza de que adopte medidas inmediatas, justas y efectivas para rectificar esta situación y, al hacerlo, honre los compromisos que su nación ha contraído con la Secretaría de la Convención de Ramsar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, así como en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.
Respetuosamente,
Alfredo Quarto,
Co-foundar
MAP
Alfredo Quarto
Advocacy Director/Co-Founder
tel. 360-809-8152
Port Angeles, WA 98362, USA
