Organizaciones advierten sobre retrocesos en derechos humanos en nuevo Código Penal y piden observación presidencial

Santo Domingo, 2 agosto. – . Más de treinta organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente Luis Abinader en la que expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación en el Congreso del nuevo Código Penal.

Según los firmantes, la legislación contradice principios fundamentales de su gobierno y representa una amenaza de regresión en materia de derechos humanos.

En el documento, difundido este viernes, solicitan al mandatario que observe la ley una vez le sea remitida, y que la devuelva al Congreso Nacional para su revisión. En particular, recomiendan prestar atención a los artículos 377, 141, 124 párrafo IV, del 109 al 112 y el 173.

El artículo 377, que trata sobre el espionaje, es uno de los más criticados. Las organizaciones alertan que su redacción es ambigua e imprecisa, al no definir claramente conceptos clave como «confidencialidad» o «intereses fundamentales de la Nación».

Esta vaguedad —advierten— podría abrir la puerta a persecuciones políticas, especialmente contra periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones que colaboran con instancias internacionales.

Sobre el artículo 141, que regula los plazos de prescripción para delitos sexuales como la agresión y violación —incluyendo casos incestuosos— cometidos contra personas adultas, los firmantes denuncian que imponer un límite de 20 años contradice el principio de progresividad, ya que en la legislación vigente estos delitos son imprescriptibles.

Además, denuncian que se excluye del régimen más severo el delito de actividad sexual no consentida dentro de relaciones de pareja, minimizando su gravedad y desconociendo que “violación es violación” en cualquier contexto.

En cuanto a la violencia contra niños, niñas y adolescentes (artículo 124, párrafo IV), reclaman que la normativa debe estipular de forma clara que ni el padre, ni la madre ni ningún tutor puede ejercer castigos físicos, ni siquiera “leves”, ni aplicar otras formas de disciplina cruel o degradante.

Los artículos 109 al 112, que penalizan de forma absoluta la interrupción del embarazo, también son motivo de alarma. Según las organizaciones, esta postura representa una violación grave a los derechos fundamentales de mujeres, niñas y adolescentes, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, y a la libertad reproductiva.

Asimismo, señalan que criminaliza al personal de salud, sometiéndolo a un marco legal que no ofrece garantías jurídicas claras, aún en situaciones donde se requiera salvar vidas.

En el caso del artículo 173, que trata sobre la discriminación, los firmantes critican que deja desprotegidas a personas tradicionalmente vulnerabilizadas por su orientación sexual e identidad de género.

Argumentan que los párrafos II y III del mismo anulan el alcance del tipo penal de discriminación, eliminando toda posibilidad de protección real para estos grupos históricamente marginados.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Alianza Cristiana de RD, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Género (CEG/Intec), CE-Mujer, Centro Hostos de Estudios Constitucionales, Cidel, Cimudis, Cipaf, Cipros y Ciudad Alternativa.

También respaldan la carta la CNUS, la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas de las 14 provincias del Cibao, la Coalición por la Seguridad Social Digna, Conamuca, la Coordinadora de Mujeres del Cibao, Copadeba, Flacso, Foro Ciudadano y el Foro de Mujeres Periodistas Dominicanas.

Otras entidades firmantes son: el Foro Feminista Magaly Pineda, la Fundación Friedrich Ebert (FES), la Junta de Mujeres Mamá Tingó, el Movimiento de Mujeres Mamá Tingó, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, MUDE, el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Participación Ciudadana, la Junta Directiva de Profamilia, Sintrasecd, Sinatesa, la Tertulia Feminista SUR y Udemu.

Las organizaciones reiteran su llamado al presidente Abinader para que actúe con responsabilidad y coherencia, impidiendo que una legislación regresiva en derechos humanos entre en vigor sin una revisión profunda.