Participación Ciudadana aboga por reforma inmediata de la Ley del DNI
Santo Domingo, 25 de enero – La Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), debería ser reformada de inmediato, según Participación Ciudadana, para incluir explícitamente la obligación de obtener la autorización judicial correspondiente por parte de los agentes que buscan información. La entidad expresó su posición sobre la necesidad de aclarar aspectos sensibles como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión e información, la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la salvaguarda de sus fuentes.
Participación Ciudadana considera que la ley no debe dejar espacio para interpretaciones ambiguas en temas fundamentales relacionados con los derechos individuales. Destacó su convicción de que, de no llevarse a cabo una reforma, el Tribunal Constitucional respaldaría la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.
La organización manifestó su preocupación por la modificación no transparente y legal del artículo 11 durante el proceso legislativo, eliminando la autorización previa de un juez y reemplazándola con la frase ambigua de obtener información «con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales».
En relación con el artículo 74.4 constitucional, que establece que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales en favor de la persona titular de los mismos, Participación Ciudadana subrayó que, en asuntos de derechos fundamentales, la ambigüedad no tiene cabida.
La entidad sugirió que se revisen otros artículos de la Ley 1-24, como el artículo 26 sobre sanciones penales, para aclarar que las sanciones no aplican si no se ha obtenido autorización judicial previa, así como el artículo 30, que debe ser examinado en la misma línea.
Participación Ciudadana enfatizó la necesidad de definir claramente el ámbito de actuación de la DNI para evitar interferencias con las funciones del Ministerio Público. Subrayó que cualquier evidencia recopilada por la DNI en violación de la norma debe someterse al debido proceso y contar con la supervisión del Ministerio Público para ser utilizada en futuras acusaciones.
La entidad reconoció que, a pesar de las críticas generadas por la Ley No. 1-24, este debate ha servido para activar las alarmas que protegen los derechos fundamentales. Pidió a todos los actores, tanto del gobierno como de la oposición, asumir su responsabilidad en las críticas y abogó por una modificación inmediata de los artículos cuestionados en la ley.
