Participación Ciudadana critica el nuevo Código Penal y exige intervención del liderazgo del Presidente Abinader

Santo Domingo, 9 de julio – El movimiento cívico Participación Ciudadana responsabilizó al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la aprobación de un proyecto de Código Penal que, según ellos, protege la corrupción y vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías.

Argumentan que esta legislación, aprobada en el Senado y en primera lectura en la Cámara de Diputados, se ampara en la falsa premisa de modernizar el marco legal, sin importar los costos sociales.

La organización criticó duramente la dirección del partido de gobierno, señalando que no puede escudarse en el carácter corporativo del Congreso para eludir su responsabilidad en la elaboración de una legislación que, de aprobarse, alinearía al país con estados teocráticos, considerados parias internacionales.

«Hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido,» expresó el movimiento en un comunicado.

El controvertido proyecto de Código Penal establece una prescripción de 20 años para los delitos de corrupción, contraviniendo la normativa constitucional y la jurisprudencia vigente. «La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano.

Debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, como lo permite el artículo 146 de la Constitución,» subrayó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

La aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados generó una fuerte crítica por parte de la organización, que destacó la inclusión de disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas. «Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones que en nada representan un estado social, democrático y de derecho,» enfatizó el Consejo Nacional.

Un punto particularmente controvertido es la penalización del aborto sin considerar las tres excepciones ampliamente aceptadas en otros países: cuando la vida de la madre está en peligro, en casos de violación o incesto, y cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

«Es absurdo argumentar la modernización de la norma penal mientras se penaliza el aborto en estos casos,» señaló la organización.

Participación Ciudadana insistió en que el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, integridad, libertad y seguridad personal de las mujeres, y que corresponde al Congreso Nacional establecer las bases para alcanzar estos fines. Además, resaltaron que la falta de acceso al aborto seguro afecta especialmente a las mujeres más desfavorecidas, colocándolas en una situación de total indefensión.

Hace tres años, el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados ya ignoraba los derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países. Ahora, el proyecto aprobado en el Senado también vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha generado alarmas tanto a nivel nacional como internacional. «Decenas de organizaciones han dado un grito de alarma ante este retroceso institucional,» señala el documento.

Otro aspecto polémico es el artículo que penaliza la discriminación, originalmente incluyendo la discriminación por género y orientación sexual. «Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el derecho a la igualdad.

} Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y deben recibir la misma protección y trato sin discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal,» advirtió Participación Ciudadana.

La organización cívica insta al presidente Abinader a tomar acción inmediata y firme para alinear la legislación con los principios democráticos y de igualdad consagrados en la Constitución.

«La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos,» concluye el comunicado, haciendo un llamado a la responsabilidad y el liderazgo efectivo del Gobierno en este crucial momento legislativo.