Participación Ciudadana denuncia gasto publicitario estatal récord y opacidad en contratos durante año electoral
Santo Domingo, 1 julio. – Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, denunció que el gasto en publicidad del gobierno dominicano durante el primer cuatrimestre de 2024 alcanzó niveles sin precedentes, al superar en más de seis veces el monto registrado en el mismo período del año anterior.
Según el análisis realizado por la organización, el desembolso pasó de RD$491 millones en los primeros cuatro meses de 2023 a RD$3,121 millones en igual período de 2024. Para 2025, aunque se observa una reducción a RD$2,445 millones, el monto sigue siendo considerablemente más alto que el de 2023.
El informe de Participación Ciudadana destaca que instituciones como la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Supérate y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) figuran entre las que registraron los mayores incrementos, tanto en términos relativos como absolutos, en sus partidas de publicidad.
Sin embargo, señala que no existe información pública sobre los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos concretos de las campañas, lo que impide evaluar el uso adecuado de los fondos públicos.
La falta de trazabilidad sobre los beneficiarios de estos contratos multimillonarios, advierte la entidad, representa una violación directa a los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esta opacidad plantea interrogantes sobre si los recursos están siendo utilizados con fines institucionales o si, por el contrario, se están destinando a alimentar estructuras clientelares en beneficio político.
En enero de 2024, en respuesta a un reclamo nacional sobre el uso indebido de la publicidad oficial, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 1-24. Esta normativa establece que la publicidad gubernamental debe responder a fines legítimos, como la información ciudadana sobre servicios públicos, derechos y deberes, y rendición de cuentas.
Asimismo, prohíbe expresamente su utilización con fines propagandísticos, electorales o como subsidio encubierto a medios, comunicadores o influenciadores.
El Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas también exige justificaciones detalladas para cada contratación, incluyendo los motivos de selección de los medios.
La falta de cumplimiento con estas normativas, según Participación Ciudadana, vulnera el marco legal vigente y socava la confianza en el manejo de los recursos públicos.
Ante este panorama, Participación Ciudadana solicitó formalmente a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) la publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
La organización exige que se detalle el monto de cada contratación, los medios beneficiarios, los objetivos institucionales de cada campaña y los criterios técnicos utilizados para la selección de los canales de difusión.
La entidad también propuso la realización de una auditoría independiente del gasto en publicidad estatal durante los períodos señalados, la aplicación estricta del Decreto 1-24 y del Manual de Contrataciones Públicas, así como la implementación de sanciones para los funcionarios que incumplan estas disposiciones.
Participación Ciudadana advirtió que la tradicional explosión del gasto publicitario en años electorales representa una amenaza a la equidad democrática y llamó a establecer un sistema de monitoreo ciudadano permanente que vigile el uso de estos fondos.
Además, propuso la creación de regulaciones vinculantes que limiten estrictamente la inversión estatal en publicidad durante los procesos electorales.
