Participación Ciudadana evalúa reformas políticas e institucionales del 2024 y destaca desafíos pendientes

Santo Domingo, 17 de diciembre – El grupo cívico Participación Ciudadana presentó su informe anual de evaluación correspondiente al 2024, en el que analiza las principales reformas políticas e institucionales desarrolladas durante el año, resaltando logros, retrocesos y retos pendientes para el fortalecimiento democrático del país.

De acuerdo con Participación Ciudadana, el proceso de reforma constitucional impulsado este año fue significativo, convirtiéndose en la modificación número 40 desde la proclamación de la Carta Magna en 1844.

La organización destaca que dicha reforma no puede catalogarse como regresiva ni conservadora, ya que no buscó restaurar el pasado ni mantener el statu quo. Por el contrario, fue reformista, consolidando la intangibilidad de la cláusula pétrea que prohíbe la reelección presidencial indefinida.

Como medida adicional, se incorporó un artículo transitorio que establece que el presidente electo para el período 2024-2028 no podrá postularse nuevamente, lo que blinda la Constitución contra cambios que puedan beneficiar al mandatario en ejercicio. La reforma también introdujo el Artículo 278, que prohíbe a cualquier presidente modificar la Constitución con fines personales.

Participación Ciudadana valoró positivamente la exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una corrección de lo que calificaron como un «error» de la reforma de 2010.

Ahora, el procurador será designado a propuesta del presidente, pero deberá ser evaluado por un órgano en el que confluyen los tres poderes del Estado, con representación de la oposición y del presidente del Tribunal Constitucional, lo que limita la discrecionalidad del sistema anterior, destaca.

Sin embargo, el grupo cívico criticó que la reforma limitara el período del procurador a dos años, con posibilidad de renovación previa evaluación. Según Participación Ciudadana, esta decisión afecta la independencia de la figura del procurador, ya que podría verse presionado en sus decisiones al enfrentar posibles conflictos con miembros del CNM, quienes también tienen voz en su evaluación y eventual ratificación.

Otro aspecto cuestionado fue la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para celebrarse en una misma fecha cada cuatro años. Participación Ciudadana considera que, en un sistema presidencialista como el dominicano, esta medida aumentará el «arrastre» en los niveles congresuales y municipales, limitando la capacidad de los votantes para elegir a sus representantes de manera independiente.

La reforma fiscal, un desafío no concretado

La reforma fiscal sigue siendo un compromiso pendiente, señaló Participación Ciudadana. Aunque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12 establece la necesidad de un pacto fiscal desde 2015, no fue hasta octubre de 2024 cuando el presidente Luis Abinader presentó al Congreso una propuesta de reforma tributaria.

El grupo cívico criticó que esta propuesta no fuera discutida previamente en el Consejo Económico y Social (CES), como establece el Artículo 251 de la Constitución. Ante el rechazo generalizado de diversos sectores de la sociedad, el mandatario decidió retirar la propuesta y descartó volver a presentarla en lo que resta de su gestión.

Participación Ciudadana lamentó que se haya desaprovechado una oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo nacional en torno a una reforma fiscal integral. Señaló que las necesidades del país en materia de deuda pública, inversión en infraestructura, salud y seguridad no pueden resolverse únicamente con medidas administrativas temporales.

La organización hizo un llamado a retomar el diálogo y buscar consensos que permitan implementar una reforma que responda a las prioridades del desarrollo nacional.

Reforma del Código Laboral y otros retos

El informe también aborda la reforma del Código Laboral, que fue sometida al Congreso en octubre tras un largo proceso de discusión tripartita entre representantes del sector empresarial, trabajadores y el gobierno.

Participación Ciudadana reconoce avances importantes en la propuesta, pero advirtió que el tema de la cesantía laboral sigue siendo una diferencia insalvable entre empresarios y sindicatos. Actualmente, la pieza se encuentra en una comisión del Senado, donde está siendo estudiada y consultada.

Asimismo, Participación Ciudadana subrayó la necesidad de abordar otras reformas pendientes, como la de la seguridad social y la Ley General de Salud, que fueron compromisos asumidos por la actual administración. Además, llamó a agilizar la elaboración de los reglamentos para la Ley de Extinción de Dominio, que permitirá la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente.

Reducción y fusión de instituciones del Estado

La organización destacó como un aspecto positivo la decisión del presidente Luis Abinader de implementar fusiones y reducciones de instituciones públicas con el objetivo de lograr un Estado más eficiente y menos costoso.

Sin embargo, advirtió que estas acciones deben realizarse con inteligencia, pertinencia y profesionalidad, garantizando que las fusiones se traduzcan en una mejora real de los servicios públicos.

Participación Ciudadana insistió en que este proceso debe estar libre de intereses partidarios y clientelistas, y debe enfocarse en responder a las necesidades de la ciudadanía, asegurando mayor eficiencia y satisfacción en la prestación de servicios.

Renovación de Altas Cortes y la Junta Central Electoral: avances y retos

– Participación Ciudadana, en su informe anual de evaluación del 2024, destacó como un hecho positivo la reciente ratificación de cuatro miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y la sustitución de una posición. Según el grupo cívico, esta decisión del Senado garantiza la continuidad de un organismo que desempeñó un excelente trabajo en las pasadas elecciones y que, gracias a su eficiencia y transparencia, se ha ganado la confianza de la ciudadanía.

Asimismo, Participación Ciudadana resaltó que este año se completó y fortaleció la integración del Tribunal Constitucional, un órgano clave en la defensa de la supremacía de la Constitución y el ordenamiento jurídico dominicano.

Sin embargo, la organización cívica subrayó que para los primeros meses del 2025, el país se enfrenta a un desafío importante con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los integrantes de la Cámara de Cuentas. Estas designaciones recaerán en el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional, dos instancias que deberán garantizar procesos rigurosos, imparciales y alejados de intereses políticos o partidarios.

Participación Ciudadana hizo un llamado a que los mecanismos institucionales involucrados en estas renovaciones actúen con objetividad y profesionalidad, priorizando el perfil, la experiencia y la integridad de los postulantes. “Se necesita valorar la capacidad de los candidatos para crear espacios de confianza y liderazgo, alejados del viejo paradigma de ‘mandar y controlar’, que ha caracterizado en el pasado la gestión de estos órganos”, señaló el grupo en su informe.

Sobre el proceso abierto en la Cámara de Diputados para la renovación de la Cámara de Cuentas, Participación Ciudadana insistió en la necesidad de evitar repetir los errores de la actual conformación, la cual ha sido calificada como un fracaso debido a las constantes disputas internas y su limitada eficacia en el cumplimiento de sus funciones.