Participación Ciudadana exige sanciones por corrupción en SeNaSa y advierte riesgos para la salud pública
Santo Domingo, 25 sept.– El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana deploró las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y demandó una investigación completa, profunda y transparente que derive en sanciones para los responsables, sin importar cargos, afinidades políticas o roles públicos o privados.
La organización valoró positivamente el inicio de las pesquisas encabezadas por el Ministerio Público, así como las acciones de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas, al tiempo que subrayó la necesidad de que este caso no quede en la impunidad.
Irregularidades y déficit millonario
Según Participación Ciudadana, los hechos denunciados en medios de comunicación por periodistas de investigación y la oposición, junto a la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas que anuló uno de los procesos de SeNaSa por irregularidades, evidencian deficiencias graves de gestión, ausencia de transparencia y prácticas corruptas y clientelares.
Estas anomalías han generado un déficit financiero de miles de millones de pesos, además de retrasos en la entrega de medicamentos y en los pagos a las prestadoras de servicios de salud, comprometiendo la sostenibilidad del sistema y deteriorando la credibilidad que la institución había construido durante años.
Críticas a intentos de privatización
La entidad expresó preocupación por contratos ya difundidos que reflejan una clara intención de privatizar servicios esenciales en detrimento de la salud pública, en especial la red de atención primaria. “Estas contrataciones, en muchos casos lesivas, perjudican el interés general, conducen a la pérdida de recursos públicos, generan ineficiencia en los servicios y debilitan la legitimidad de las instituciones”, advirtió.
Participación Ciudadana reconoció que el sector privado puede aportar eficiencia, innovación y recursos, pero advirtió que, cuando las contrataciones se realizan sin transparencia ni regulación adecuada, el lucro se impone sobre el bienestar colectivo, en perjuicio de los más vulnerables.
Investigación más allá de SeNaSa
La organización indicó que, de acuerdo con investigaciones periodísticas y con las versiones de técnicos y profesionales vinculados a la seguridad social, las irregularidades no se limitan al SeNaSa, sino que involucran a operadores del sector salud, tanto públicos como privados, cuya actuación debe ser investigada por los órganos competentes.
En ese sentido, saludó la decisión del Poder Ejecutivo de remitir los hallazgos al Ministerio Público y confió en que el proceso judicial documente los hechos con rigor, persiga los delitos y siente un precedente contra la impunidad.
Un llamado a proteger la salud pública
Participación Ciudadana insistió en que este caso debe convertirse en una oportunidad para que el gobierno revise sus políticas públicas en materia de salud, articule los esfuerzos institucionales y gestione los procesos con reglas claras y bajo estricta supervisión.
“La corrupción en el sector salud no solo significa una desviación de recursos, sino una profunda traición al deber de garantizar la vida y el bienestar de la población. Cada acto de corrupción retrasa tratamientos, vulnera derechos y atenta contra la dignidad de quienes más necesitan atención”, señaló la organización en un comunicado.
Finalmente, el movimiento cívico subrayó que la salud debe ser tratada como un derecho inalienable y no como un negocio. “Como Estado y como sociedad, tenemos la responsabilidad indelegable de proteger lo público, fortalecer los sistemas de control y asegurar que la salud sea un servicio justo, transparente y verdaderamente humano”, concluyó.
