Participación Ciudadana pide al MAP y la JCE investigar presuntos cobros políticos en el FEDA

Santo Domingo, 10 de febrero.— El movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó este martes que el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Junta Central Electoral (JCE) abran una investigación formal en torno al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), tras denuncias sobre presuntos cobros a empleados públicos con fines políticos, una práctica que —advirtió— viola de manera directa las leyes electorales y administrativas del país.

El planteamiento fue hecho durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, donde la coordinadora general de la organización, Leidy Blanco García, sostuvo que, de comprobarse los hechos denunciados, se estaría frente a una falta administrativa grave que conlleva la destitución de los responsables, además de posibles sanciones por violaciones a la normativa electoral vigente.

Blanco García explicó que corresponde al MAP investigar la conducta administrativa de los funcionarios involucrados, mientras que la JCE debe evaluar el componente electoral del caso.

“El MAP tiene que investigar si esa conducta, de ser cierta y comprobable, constituye una falta administrativa grave que da paso a la destitución. Pero, al margen de esa falta administrativa, también existe una violación a las leyes electorales que le corresponde a la JCE analizar”, expresó.

La dirigente de Participación Ciudadana denunció además que servidores públicos estarían siendo amenazados para que utilicen recursos propios —ya devengados como salario— con el objetivo de sostener actividades de carácter político, una práctica que, afirmó, contraviene tanto las leyes electorales como disposiciones del Código Penal Dominicano.

“Estamos hablando de amenazas a servidores públicos para que utilicen recursos personales en campañas electorales. Eso claramente viola las leyes electorales. El MAP tiene la obligación de investigar esta conducta y, si se confirma, aplicar los correctivos correspondientes y someter a los responsables ante las autoridades competentes”, enfatizó, al tiempo que advirtió sobre el peligro de normalizar este tipo de prácticas dentro de la administración pública.

Blanco García subrayó que, a pesar de los avances registrados en materia de transparencia, el país aún enfrenta retos importantes y no puede permitirse retrocesos. “Todavía queda mucho por avanzar. No podemos aceptar ni justificar prácticas corruptas bajo ningún concepto”, añadió.

En el mismo acto, Participación Ciudadana presentó oficialmente los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2025, una herramienta elaborada por Transparencia Internacional que mide la percepción de la corrupción en el sector público a nivel mundial.

Según el informe, la República Dominicana obtuvo 37 puntos, ubicándose en la posición 99 de 182 países evaluados. De acuerdo con la organización, este resultado refleja una mejora sostenida, ya que en el año 2020 el país había registrado su puntuación más baja, con 28 puntos y el puesto 136.

Asimismo, en el contexto del continente americano, donde participaron 33 países, la República Dominicana se colocó en la posición 18, siendo —según destacó Participación Ciudadana— el único país de la región que logró aumentar su puntuación de manera continua, al pasar de 28 puntos en 2020 a 37 en 2025.

No obstante, la organización advirtió que, pese a la mejoría, los avances siguen siendo limitados. “Aunque el país ha mejorado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar”, puntualizaron sus representantes, al señalar que recientes escándalos de corrupción podrían afectar negativamente la puntuación en futuras mediciones.

Finalmente, Participación Ciudadana reiteró la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana mediante señales claras de institucionalidad y transparencia.

“Es imprescindible enviar mensajes contundentes de que estos avances se sostienen sobre instituciones públicas honestas, mayor control del gasto público, sanciones rápidas contra funcionarios que incurran en faltas éticas y, sobre todo, una justicia que actúe con presteza y eficacia frente a los actos de corrupción”, concluyó la entidad.