Participación Ciudadana rechaza doble designación de Carlos Pimentel en Contrataciones Públicas y Alianzas Público-Privadas

Santo Domingo, 27 de octubre – El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su rechazo a la reciente designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp), mientras continúa al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A través de un comunicado oficial, Participación Ciudadana planteó serias reservas sobre la legitimidad jurídica de este doble nombramiento y sobre los desafíos que plantea en cuanto a transparencia y dedicación.

La organización subraya que esta designación puede comprometer la eficacia y dedicación que ambas funciones demandan, pues requieren “mucha dedicación” en áreas de “transparencia e institucionalidad”.

Según Participación Ciudadana, Pimentel estaría asumiendo dos roles que, aunque relacionados, poseen retos complejos y críticos que podrían ser difíciles de manejar simultáneamente.

“No ponemos en duda las intenciones del presidente al delegar esta responsabilidad adicional en Carlos Pimentel, ni tampoco la disposición de este último al aceptarla”, dice el comunicado. Sin embargo, Participación Ciudadana destaca que el sustento legal ofrecido, basado en interpretaciones de varias leyes, no sería suficiente para legitimar un nombramiento de este tipo. En palabras del comunicado, “no es una buena sustentación para funciones que requieren mucha legitimidad como las asignadas a este funcionario”.

Cuestionamientos legales del doble nombramiento

Participación Ciudadana menciona varias normativas en las cuales basan su objeción a este doble nombramiento. Citan, entre otras, el artículo 144 de la Constitución Dominicana, que restringe la acumulación de funciones públicas en el Estado, así como el artículo 19 de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que señala que el director de la Dgapp no debe desempeñar otro cargo público, salvo en el ámbito docente.

Además, mencionan el artículo 80 de la Ley de Función Pública, que permite el doble nombramiento solo si uno de los cargos es honorífico y siempre y cuando no se incurra en incompatibilidades laborales.

El comunicado resalta que “la intención de la legislación es evitar la concentración de varios cargos públicos en una sola persona” para resguardar la transparencia y la objetividad en funciones que pueden enfrentar intereses variados y contrapuestos.

Participación Ciudadana sostiene que esta acumulación de roles no es solo una cuestión legal, sino también de percepción pública, ya que ambos cargos demandan una legitimidad incuestionable.

El riesgo de ser “juez y parte”

El decreto que oficializó el nombramiento de Pimentel en la Dgapp especifica que este asumiría el puesto en un carácter honorífico, permitiéndole mantenerse en la DGCP. Esta decisión ha suscitado críticas de diversos sectores, quienes advierten que esta dualidad convierte a Pimentel en “juez y parte” en procesos de adjudicación de proyectos conjuntos entre el Estado y empresas privadas.

Las voces críticas han advertido que esta situación podría generar conflictos de intereses al implicar ambas direcciones áreas estratégicas y de alta sensibilidad.

El consultor del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, se pronunció al respecto, señalando que una persona que ocupe ambos cargos podría generar “conflictos de interés”. Según Peralta, el potencial de enfrentamiento entre las responsabilidades de ambas instituciones requiere que cada una tenga su propio titular para evitar solapamientos que cuestionen su transparencia.

Respuesta de Pimentel y Medidas para Evitar Conflictos

Carlos Pimentel respondió a estos cuestionamientos defendiendo la legalidad de su designación y el cumplimiento de los principios éticos que guían su gestión. En un comunicado, expresó su compromiso de evitar cualquier interpretación negativa de su doble rol, anunciando que establecerá un “oficial de cumplimiento regulatorio” en Compras y Contrataciones para la Dgapp, con el propósito de separar de manera estricta los procesos de cada institución y asegurar su independencia.

Con su declaración, Pimentel busca atender las preocupaciones de la opinión pública y los sectores involucrados, demostrando su intención de mitigar cualquier posible conflicto de interés. Sin embargo, Participación Ciudadana continúa manteniendo que el doble nombramiento es inapropiado, y llama al Gobierno a considerar alternativas que refuercen la transparencia y la institucionalidad en ambas direcciones.

Comunicado de Participación Ciudadana

Participación Ciudadana entiende que la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público Privada enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad jurídica, así como sobre la conveniencia de distribuir el tiempo y los esfuerzos de un mismo funcionario entre dos funciones que requieren mucha dedicación y tienen retos fundamentales en aspectos tan importantes como la transparencia y la institucionalidad.

No cuestionamos las intenciones del presidente al asignar esta nueva responsabilidad a Carlos Pimentel, ni las de éste al aceptarla, sin embargo, la interpretación sesgada de varios artículos de diferentes leyes no es una buena sustentación para funciones que requieren mucha legitimidad como las asignadas a este funcionario.

Tomando como base el Art. 144 de la Constitución de la República; el Art. 19 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas; el Art. 80.5 de la Ley 41-08 de Función Pública entendemos que el nombramiento no procede. Aplicarle el concepto de honorífico al cargo de director de Compras y Contrataciones Públicas es un error, ya que la característica del mismo no debe ser variada por un decreto presidencial. A esto se agrega la incompatibilidad que significa ocupar dos representaciones en el consejo directivo de la APP y que ésta, en parte de sus actividades, está sujeta a la supervisión de la DGCP.

Participación Ciudadana expresa su preocupación por el riesgo de que las funciones de la Dirección de Compras y Contrataciones puedan ser afectadas por esta decisión presidencial y desde ahora expresamos nuestra esperanza de que un nuevo nombramiento en esta posición recaiga sobre una persona que inspire la confianza de la ciudadanía y garantice la continuación y profundización de los cambios que se han realizado en los últimos años.