Patrullaje marítimo en el Caribe desata tensiones tras ataque a lancha presuntamente colombiana
Por La Redacción
Santo Domingo, 23 sept. – La creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, enmarcada en sus operaciones contra el narcotráfico y la migración irregular, ha generado una nueva ola de tensiones diplomáticas luego de que una lancha rápida fuera atacada por fuerzas estadounidenses cerca de la costa de República Dominicana.
El incidente, calificado por las autoridades dominicanas como un “golpe militar aéreo”, ha motivado una reacción enérgica del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien sugiere que los tripulantes podrían haber sido ciudadanos colombianos.
Patrullajes y estrategia antidrogas de la Guardia Costera
Durante una exposición ante medios internacionales, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) detalló su estrategia para la región, basada en patrullajes “en capas” que incluyen cortadores, helicópteros y aeronaves desplegados en los tres corredores marítimos de mayor tránsito ilegal: Bahamas–Florida, el Paso de los Vientos (entre Cuba y Haití) y el Canal de la Mona (entre República Dominicana y Puerto Rico).
Estas operaciones están bajo la coordinación del Distrito Siete, con sede en Florida, el cual abarca desde las Carolinas hasta Puerto Rico e Islas Vírgenes, incluyendo múltiples estaciones navales y bases aéreas. En particular, el Sector Miami gestiona las patrullas y abordajes en mar abierto desde Fort Pierce hasta el sur de Florida.
En el marco de la Operación “Vigilant Sentry”, el comando Homeland Security Task Force–Southeast mantiene desde 2022 una fase preventiva activa ante los flujos migratorios desde Cuba y Haití, así como los intentos de cruce ilegal por el Canal de la Mona.
La estrategia tiene como fin evitar muertes en el mar y frenar las salidas clandestinas. Solo en septiembre de 2025, la USCG reportó la interdicción y repatriación de 66 personas a la Armada Dominicana: 48 dominicanos, 16 haitianos y dos ciudadanos rumanos.
Incidente en alta mar y fuertes declaraciones de Petro
El hecho que disparó la polémica se registró a unas 80 millas náuticas de territorio dominicano, donde una lancha presuntamente utilizada para el tráfico de cocaína fue atacada desde el aire por fuerzas estadounidenses.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confirmó que la embarcación transportaba alrededor de 1,000 kilos del estupefaciente, aunque no precisó la cantidad de ocupantes ni sus identidades.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tardó en reaccionar. A través de su cuenta en la red X (antes Twitter), afirmó que “si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos”.
Y añadió: “Esto significa que funcionarios de EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”. El mandatario hizo un llamado a los familiares de colombianos desaparecidos en el Caribe para que acudan a denunciar ante las autoridades competentes.
Un nuevo frente diplomático en la región
Las declaraciones de Petro, un fuerte crítico de la política exterior estadounidense, se suman a los señalamientos de su canciller, Rosa Villavicencio, quien afirmó a la agencia AFP que la presencia militar estadounidense en el Caribe es “desmesurada” y que “nada tiene que ver con la lucha real contra el narcotráfico”.
Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro también ha calificado estos movimientos como una “amenaza” directa, mientras que su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, los catalogó como parte de una “guerra no declarada” contra los países del sur.
A pesar de las tensiones, Estados Unidos defiende su postura con base en acuerdos bilaterales que permiten estas operaciones conjuntas. En el caso de República Dominicana, existe un acuerdo de cooperación antinarcóticos desde 1995, acompañado por un protocolo complementario firmado en 2003.
Estos convenios habilitan lo que se conoce como operaciones “shiprider”, que permiten a las autoridades norteamericanas realizar persecuciones, abordajes y traspasos de custodia fuera de aguas territoriales de EE.UU.
La ruta dominicana bajo presión constante
El tráfico marítimo ilegal en la zona RD–Puerto Rico continúa siendo una prioridad para las autoridades estadounidenses y dominicanas. El último informe conjunto reporta la incautación de 377 paquetes de cocaína en una operación reciente, en el marco de una campaña regional de alta intensidad.
Asimismo, en agosto de este año, la Guardia Costera estadounidense ejecutó el mayor descargue de drogas de su historia en Port Everglades, Florida: 76,140 libras de narcóticos, principalmente cocaína, interceptadas en operaciones coordinadas tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental.
La estrategia antidrogas de EE.UU. se enfoca en interceptar grandes cargamentos lo más cerca posible de su punto de origen, para evitar su dispersión en alijos menores a lo largo de la cadena de distribución.
Esto explica la intensidad de las operaciones en el Caribe occidental y el norte de Sudamérica, donde se concentra el tráfico procedente, principalmente, de Venezuela y Colombia.
Una fuente cercana a la investigación en Santo Domingo confirmó que la embarcación atacada “provenía sin duda de Venezuela”, aunque no se ha ofrecido información oficial sobre la nacionalidad de sus ocupantes.
Relaciones bilaterales en entredicho
Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal aliado militar y comercial de Colombia, la llegada al poder de Petro ha generado fricciones, especialmente por su postura crítica sobre la política antidrogas estadounidense, las deportaciones de migrantes y las políticas comerciales. El más reciente incidente en aguas del Caribe añade tensión a una relación ya marcada por la desconfianza.
Por ahora, ni el Departamento de Estado de EE.UU. ni las autoridades dominicanas han respondido formalmente a las acusaciones del presidente Petro. En tanto, las operaciones marítimas continúan activas, y el Caribe se consolida como un escenario de creciente confrontación diplomática y operativa.
