Pentágono autoriza que hasta 600 abogados militares funjan como jueces temporales de inmigración
WASHINGTON, 2 sept. — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha aprobado el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración de manera temporal, según un memorando revisado por The Associated Press.
El ejército comenzará a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia “tan pronto como sea posible”, y los servicios militares deberían tener identificada la primera ronda de personas para la próxima semana, según el memorando, fechado el 27 de agosto.
El gobierno de Trump ha recurrido de manera más frecuente al ejército en su lucha contra la inmigración ilegal. Su creciente papel incluye tropas patrullando la frontera sur de Estados Unidos, miembros de la Guardia Nacional siendo enviados a algunas ciudades del país para apoyar en tareas de control de inmigración, detener a personas en bases militares a la espera de su deportación y la utilización de aviones militares para llevar a cabo deportaciones.
La batida del gobierno contra la inmigración ha añadido presión a los tribunales de inmigración, que ya estaban lidiando con un enorme retraso de aproximadamente 3,5 millones de casos que ha crecido en los últimos años.
Al mismo tiempo, más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o se han ido voluntariamente después de aceptar renuncias diferidas ofrecidas por el gobierno de Trump, según su sindicato. En la ronda más reciente de despidos, la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos dijo en julio que al menos 17 jueces de inmigración habían sido despedidos “sin causa” en tribunales de todo el país.
Eso ha dejado al sistema con alrededor de 600 jueces de inmigración, según cifras del sindicato, lo que significa que la medida del Pentágono duplicará sus filas.
El Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, solicitó la asistencia del Departamento de Defensa, según el memorando enviado por el secretario ejecutivo del Pentágono a su homólogo del Departamento de Justicia. Las funciones de los abogados militares como jueces de inmigración inicialmente no durarán más de 179 días, pero podrían ser renovadas, señaló.
Cuando se le preguntó sobre la medida, un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas al Departamento de Defensa. Los funcionarios del Pentágono remitieron las preguntas a la Casa Blanca.
Un funcionario de la Casa Blanca indicó el martes que el gobierno federal está considerando diversas opciones para ayudar a resolver el significativo retraso de casos de inmigración, incluida la contratación de más jueces de inmigración. El funcionario dijo que el asunto debería ser “una prioridad en la que todos, incluidos aquellos que esperan adjudicación, puedan estar de acuerdo”.
El memorando enfatizó que los abogados adicionales dependen de la disponibilidad y que podría ser necesario movilizar a oficiales de reserva. Además, el documento indicó que el Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que cualquier persona enviada desde el Pentágono no viole la prohibición federal de usar el ejército como fuerza policial interna, conocida como la Ley Posse Comitatus.
El gobierno enfrentó un revés en sus planes de usar tropas para combatir la inmigración ilegal y el crimen, con un fallo judicial el martes que determinó que “deliberadamente” violó la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles a principios de junio.
No está claro por el momento qué impacto tendría el traslado de ese número de abogados militares en el sistema de justicia de las fuerzas armadas. Los abogados militares tienen una variedad de funciones similares a las de los abogados civiles, desde llevar a cabo enjuiciamientos, actuar como abogados defensores u ofrecer asesoramiento legal.
Los funcionarios del Pentágono no ofrecieron de momento detalles sobre de dónde se extraerán los 600 abogados y si provendrán del servicio activo o de las reservas.
Los casos en los tribunales de inmigración pueden tardar años en llegar a una determinación final, y jueces y abogados frecuentemente programan audiencias finales sobre los méritos de un caso con más de un año de anticipación. AP
