Plataformas de redes sociales enfrentan procesos judiciales por daños a la salud mental infantil

Durante años, las empresas de redes sociales han rebatido las acusaciones de que perjudican la salud mental de los menores mediante decisiones de diseño deliberadas que les crean adicción a sus plataformas y no los protegen de los depredadores sexuales y los contenidos peligrosos. Ahora, estos gigantes tecnológicos tienen la oportunidad de defender su postura en tribunales en todo Estados Unidos, incluso ante un jurado por primera vez.

Algunas de las compañías más importantes, desde Meta hasta TikTok, enfrentan juicios federales y estatales que buscan responsabilizarlas por dañar la salud mental infantil. Las demandas fueron presentadas por distritos escolares, gobiernos locales, estatales y el federal, así como por miles de familias.

Hay dos juicios en marcha en Los Ángeles y Nuevo México, y se esperan más. Estos enfrentamientos en los tribunales son la culminación de años de escrutinio sobre la seguridad de los niños en las plataformas y sobre si decisiones de diseño deliberadas las vuelven adictivas y ofrecen contenido que conduce a la depresión, a trastornos alimentarios o al suicidio.

Los expertos consideran que este ajuste de cuentas recuerda a los casos contra los mercados del tabaco y de los opioides, y los demandantes esperan que las plataformas enfrenten resultados similares a los de los fabricantes de cigarrillos y las farmacéuticas, las farmacias y los distribuidores.

Los resultados podrían poner en entredicho la protección que ofrecen a las empresas la Primera Enmienda y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las tecnológicas de responsabilidades por el material publicado en sus plataformas. También podrían tener un elevado costo en honorarios legales y acuerdos extrajudiciales. Y podrían obligar a las redes sociales a cambiar su forma de operar, con la posible pérdida de usuarios y de ingresos publicitarios.

A continuación, un vistazo a los principales procesos por posibles daños causados por las redes sociales en Estados Unidos.

El caso de Los Ángeles se centra en la adicción

El jurado en un histórico caso sobre redes sociales que busca responsabilizar a las tecnológicas por daños causados a menores tuvo un primer vistazo de lo que será un juicio largo, marcado por las narrativas enfrentadas de los demandantes y los dos demandados que quedan: Meta y YouTube.

En el centro del proceso hay una persona de 20 años identificada solo por las iniciales “KGM”, y su resolución podría determinar cómo se desarrollarán miles de demandas similares. El caso de KGM y los de otros dos demandantes han sido seleccionados como juicios “bellwether”, es decir, casos de prueba para que ambas partes vean cómo se sostienen sus argumentos ante un jurado.

“Este es un punto de inflexión monumental en las redes sociales”, afirmó Matthew Bergman, del Social Media Victims Law Center, con sede en Seattle, que representa a más de 1.000 personas que presentaron demandas contra este tipo de plataformas. “Cuando empezamos con esto hace cuatro años, nadie dijo que alguna vez llegaríamos a juicio. Y aquí estamos, presentando nuestro caso ante un jurado justo e imparcial”.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, testificó el miércoles ciñéndose en gran medida a argumentos ya conocidos, incluyendo un extenso tira y afloja sobre la verificación de la edad en el que señaló que “No veo por qué es tan complicado”. Reiteró que la política de su empresa restringe a los usuarios menores de 13 años y que trabaja para detectar a quienes mienten sobre su edad para eludir las restricciones.

En un momento, el abogado del demandante, Mark Lanier, preguntó a Zuckerberg si la gente tiende a usar más algo si es adictivo.

“No sé qué decir al respecto”, respondió. “No creo que eso sea aplicable aquí”.

Nuevo México, contra Meta por explotación sexual

Un equipo encabezado por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien demandó a Meta en 2023, construyó su caso haciéndose pasar por menores en redes sociales y documentando las solicitudes de carácter sexual que recibieron, así como la respuesta de Meta.

Torrez quiere que Meta implemente una verificación de edad más eficaz y haga más para eliminar a los actores malintencionados de su plataforma.

Además, reclama modificaciones en los algoritmos que pueden ofrecer material dañino, y ha criticado el cifrado de extremo a extremo, que puede impedir el monitoreo de las comunicaciones con niños por motivos de seguridad. Meta señaló que, en general, algunas autoridades estatales y federales fomentan la mensajería cifrada por privacidad y seguridad.

El juicio comenzó a principios de febrero. En su alegato inicial, el fiscal Donald Migliori sostuvo que Meta ha tergiversado la seguridad de sus plataformas, al optar por diseñar sus algoritmos para mantener a los jóvenes en línea aun sabiendo que están en peligro de sufrir explotación sexual.

“Meta claramente sabía que la seguridad de los jóvenes no era su prioridad corporativa… que la seguridad de los jóvenes era menos importante que el crecimiento y la interacción”, afirmó Migliori ante el jurado.

El abogado de Meta, Kevin Huff, rechazó esas afirmaciones en su alegato inicial y explicó una serie de medidas de la compañía para eliminar contenido perjudicial de sus plataformas, al tiempo que advirtió a los usuarios que parte del contenido peligroso aún logra superar su red de seguridad.

Distritos escolares van a juicio

Un juicio programado para este verano enfrentará a distritos escolares y empresas de redes sociales ante la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, California. El denominado litigio multidistrital, nombra a seis distritos escolares públicos de todo el país como los casos de referencia.

Jayne Conroy, abogada del equipo legal de los litigantes, también representó a demandantes que buscaban responsabilizar a las farmacéuticas por la epidemia de los opioides. Señaló que en ambos casos la piedra angular es la misma: la adicción.

“En el caso de redes sociales, nos enfocamos principalmente en los menores y en sus cerebros en desarrollo, y en cómo la adicción supone una amenaza para su bienestar y (…) los daños que se causan a los menores: cuánto tiempo pasan viendo (las redes) y qué tipo de segmentación se está haciendo”, explicó.

La ciencia médica, añadió, “no es tan diferente, sorprendentemente, de una adicción a los opioides o a la heroína. Todos hablamos de la reacción a la dopamina”, apuntó.

Tanto los casos de redes sociales como los de opioides alegan negligencia por parte de los demandados.

“Lo que pudimos probar en los casos de opioides es que los fabricantes, los distribuidores y las farmacias, conocían los riesgos, los minimizaron, abastecieron en exceso y la gente murió”, manifestó Conroy. “Esto es prácticamente lo mismo. Estas empresas conocían los riesgos, los han ignorado, redoblaron la apuesta para obtener beneficios de los anunciantes por encima de la seguridad de los menores. Y hubo menores que resultaron perjudicados y murieron”.

Fallos podrían demorarse años en medio de narrativas enfrentadas

Las empresas de redes sociales han negado que sus productos sean adictivos. Durante el interrogatorio del abogado demandante el miércoles en el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg afirmó que sigue estando de acuerdo con una declaración previa en la que dijo que los trabajos científicos existente no han demostrado que las redes sociales causen daños a la salud mental.

De hecho, algunos investigadores cuestionan si el término “adicción” es el adecuado para describir un uso intensivo de esas plataformas. La adicción a las redes sociales no está reconocida como un trastorno oficial en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la referencia en la comunidad psiquiátrica.

Pero estas compañías enfrentan una creciente oposición sobre la cuestión de los efectos de las redes en la salud mental de los menores, no solo entre académicos, sino también entre padres, escuelas y legisladores.

“Aunque Meta ha reforzado sus esfuerzos en este ámbito para abordar las crecientes preocupaciones mediante el lanzamiento de funciones de seguridad, varios reportes recientes sugieren que la empresa sigue priorizando de forma agresiva a los adolescentes como base de usuarios y no siempre cumple sus propias normas”, señaló Minda Smiley, analista de Emarketer.

Con las posibles apelaciones y negociaciones de acuerdos, los casos contra las plataformas podrían tardar años en resolverse. Y, a diferencia de Europa y Australia, la regulación tecnológica en Estados Unidos avanza muy lentamente.

“Los padres, el sector educativo y otras partes interesadas esperan cada vez más que los legisladores hagan más”, dijo Smiley. “Aunque hay un impulso a nivel estatal y federal, el cabildeo de las grandes tecnológicas, los desafíos de aplicación y los desacuerdos entre legisladores sobre la mejor manera de regular las redes sociales han ralentizado los progresos significativos”. (AP)