PLD rechaza propuesta de fusión de instituciones del Gobierno y exige mayor transparencia

Santo Domingo, 17 de septiembre – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se manifestó en contra de la propuesta de fusión de instituciones presentada por el Gobierno y exigió la entrega de los estudios que respaldan dicha reorganización de la administración pública, la cual busca «eficientizar» el gasto público.

En una rueda de prensa, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, afirmó que, aunque el partido reconoce la necesidad de suprimir o fusionar algunas entidades estatales, no están de acuerdo con las instituciones seleccionadas por el Ejecutivo.

«Entendemos que hay un megaestado y que existen instituciones redundantes, pero el enfoque no debe ser simplemente reducir por reducir. Un tema clave es que el Gobierno ha propuesto congelar la nómina pública a partir de agosto de 2024. Sin embargo, ¿qué sucedió con estas nóminas durante las dos campañas electorales anteriores? Crecieron desmesuradamente», expresó Mariotti.

A través de un documento leído por el secretario general, el PLD calificó la propuesta del Gobierno como «una distracción» para desviar la atención de la población y allanar el camino para una eventual reforma fiscal.

«Esta maniobra podría fácilmente interpretarse como un intento de desviar la atención de la incapacidad del Gobierno para realizar un ajuste serio y significativo en las áreas que realmente demandan eficiencia y responsabilidad fiscal», argumenta el comunicado oficial del partido.

El PLD cuestiona también el supuesto ahorro de 25,000 millones de pesos que el Gobierno ha declarado que obtendría con la fusión de los ministerios de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), y de Economía con Hacienda, la eliminación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y la combinación de otras entidades y la eliminación de unas siete instituciones adicionales.

Mariotti enfatizó que este ahorro proyectado «no es real». «Luego de revisar lo planteado, uno de los puntos más preocupantes de la propuesta es la promesa de un ahorro en el gasto público de 25,000 millones de pesos.

Sin embargo, al analizar de forma detallada esta afirmación, queda claro que no estamos ante un ahorro real, sino simplemente ante un cambio en el objeto del gasto, ya que no se plantea una reducción de la nómina pública», afirmó el dirigente del PLD.

Por su parte, Radhamés Camacho, miembro del comité político del PLD, criticó específicamente la fusión del Ministerio de Educación con el Mescyt, calificándola como «improvisada» y argumentando que contradice el Pacto Nacional para la Reforma Educativa firmado en 2014.

«Es una acción improvisada, sin fundamentos, y que revela además que este Gobierno no sabe hacia dónde se dirige en materia educativa, toda vez que ambos ministerios tienen funciones y enfoques diferentes según las leyes que los crearon», señaló Camacho.

El PLD también destacó que la medida de «congelar» la nómina pública no representa un «ahorro real», ya que esta ha experimentado un crecimiento significativo durante la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM). «A esa fecha se tienen presupuestados gastos de remuneraciones y contribuciones por 336,638 millones de pesos.

En 2020, el gasto ejecutado por este concepto fue de 216,814 millones de pesos. Esto significa que en apenas cuatro años ha habido un aumento del 55%, con casi 120 mil millones de pesos adicionales en la nómina del Gobierno Central», argumentaron los dirigentes del partido.

A pesar del rechazo del PLD a la propuesta del Gobierno, el vicepresidente de esa organización política y exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, expresó una opinión diferente. Jiménez consideró que las medidas del Gobierno representan «un paso en el buen camino» en términos de reducir los costos del Estado.

Al ser cuestionado sobre la discrepancia con Jiménez, Mariotti respondió que la posición oficial del partido es la que fue presentada durante la rueda de prensa.

Finalmente, el PLD reiteró su exigencia al Gobierno para que entregue los estudios que sustentan la reorganización administrativa. Consideran que esta es una condición necesaria para evaluar con seriedad la propuesta de fusión de instituciones, y determinar si realmente responde a un esfuerzo por hacer más eficiente el gasto público o si es, como sostienen, una estrategia para ocultar una reforma fiscal que consideran perjudicial.

El partido se comprometió a seguir vigilando las acciones del Gobierno y a proponer alternativas que aseguren una gestión pública más eficiente y responsable, sin recurrir a maniobras que, según su punto de vista, solo buscan confundir a la opinión pública y desviar la atención de los problemas reales del país.

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