PNUD: República Dominicana avanza en la transformación de su sistema de justicia, aunque persisten desafíos estructurales

Santo Domingo, 13 abril. . – El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que la República Dominicana ha logrado avances significativos en la transformación institucional de su sistema de justicia, destacando mejoras en eficiencia, capacidad resolutiva y digitalización, aunque persisten desafíos estructurales que afectan el acceso equitativo a estos servicios.

Según el PNUD, el análisis titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, evidencia progresos importantes en la modernización del sistema judicial, particularmente en transformación digital, gestión judicial y cumplimiento de plazos procesales.

El PNUD señala que estos avances han sido reconocidos a nivel internacional. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, la República Dominicana se ubica en la posición 76 de 143 países, con una mejora del 2.1 % en su puntuación general, destacándose como un caso positivo en un contexto global marcado por el deterioro institucional.

Entre los principales hitos identificados por el PNUD se encuentra la implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales. Asimismo, destaca la firma digital de más de tres millones de documentos y el hecho de que aproximadamente el 66 % de los trámites judiciales ya se procesan de forma electrónica. A esto se suma una reducción de 21.6 días en la resolución de casos.

El PNUD también indica que, a partir de los cambios implementados desde el año 2020, el sistema judicial dominicano ha alcanzado una capacidad resolutiva promedio superior al 94.9 % a nivel nacional. No obstante, advierte sobre diferencias territoriales importantes. Por ejemplo, el Distrito Nacional registra una tasa de resolución de 100.5 %, mientras que la provincia Santo Domingo y Montecristi presentan tasas de 90.8 % y 87.9 %, respectivamente, evidenciando brechas vinculadas a capacidades operativas y niveles de desarrollo.

En ese sentido, el PNUD subraya que el acceso a la justicia está estrechamente relacionado con factores como la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta a nivel local, por lo que no debe entenderse únicamente como un concepto jurídico abstracto.

El informe del PNUD se complementa con un estudio de opinión no representativo que recoge percepciones de usuarios del sistema judicial. Según estos datos, el 36.3 % de las personas consultadas reportó haber enfrentado obstáculos en sus procesos, señalando principalmente las demoras en la resolución de casos, los costos legales y deficiencias en la atención.

Además, el PNUD destaca que siete de cada diez personas encuestadas desconocen la existencia de servicios digitales para consultar casos o realizar trámites, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la difusión de estas herramientas para fomentar mayor autonomía y empoderamiento ciudadano.

Desde la perspectiva de los profesionales del derecho consultados, el PNUD identifica como principales barreras el desconocimiento de derechos por parte de la población, los costos procesales y la duración de los procesos judiciales.

A estas limitaciones se suman restricciones en recursos humanos y financieros. El PNUD indica que entre 2021 y 2025 la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6. Asimismo, el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05 % del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87 % en 2025, una proporción significativamente inferior a la de países como Costa Rica, donde el sistema judicial recibe cerca del 4 % del gasto público.

En este contexto, el PNUD enfatiza que fortalecer el sistema judicial no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo humano. Una justicia ágil, accesible y predecible —señala el organismo— es clave para avanzar en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El documento del PNUD, además de presentar los resultados y analizar las brechas existentes, propone recomendaciones orientadas a consolidar los avances y reducir las barreras de acceso. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, promover una justicia de proximidad con servicios accesibles, integrar la tecnología como herramienta clave, y desarrollar políticas diferenciadas según las características de cada territorio.

El PNUD también resalta la importancia de involucrar a actores vinculados al sistema de justicia a nivel comunitario, especialmente en la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Los hallazgos del análisis del PNUD fueron presentados en el marco de la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación del magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; Ana María Díaz, representante residente del PNUD en República Dominicana; Gloria Manzotti; Sócrates Barinas; Alejandro Valerio; y el jurista Flavio Darío Espinal.