¿Podrá el gobierno destruir al PLD a traves de la justicia?
Euri Cabral
Desde hace tiempo he estado afirmando que para las elecciones del año próximo se presentarán tres grandes bloques electorales, encabezados de forma respectiva por el PRM, el PLD y la FP. Aunque el presidente Luis Abinader y el PRM, son la opcíon más fuerte en la actualidad, si los tres bloques llegan con la fortaleza que presentan hoy día, será muy difícil que uno de ellos pueda ganar en primera vuelta.
De acuerdo a todas las encuestas que conozco, si las elecciones se realizaran hoy la reelección no lograría ganar en primera vuelta. Ante esa realidad, el PRM y el gobierno han decidido profundizar y ampliar su estrategia de desprestigiar al PLD y sus dirigentes a través de una campaña agresiva de acusaciones sobre actos de corrupción, pero en esta ocasión vinculado de forma directa a importantes miembros de la dirección politica de ese partido.
El PLD, a pesar de los tres expedientes de corrupción que la procuraduría había armado hasta la semana pasada, no se ha debilitado sino que por el contrario se nota más fortalecido. Ha sido capaz de desarollar una efectiva estrategia de fortaleza orgánica y un proceso exitoso con elección de su candidato presidencial, Abel Martínez.
Por eso, el PRM y el gobierno han decidido ampliar la estrategia del “Lawfare” para encubrir su directa participación en estas acciones judiciales de procesar peledeístas. ¿Que es el Lawfare? Es el uso incorrecto de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de los adversarios políticos. Para lograrlo hace se implementan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y sus posibles defensores, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. Tal y como hemos visto en los actuales procesos, lo que se busca es lograr que los acusados sean condenados en los medios de comunicación, pierdan apoyo en la sociedad y no dispongan de capacidad para una reacción popular.
Eso lo ha hecho el PRM y el gobierno a través de la Procuraduría General de la República. Es el mismo esquema que se ha usado en otros países de América Latina, aunque los resultados han sido muy diversos y en muchos casos. En Perú, la judicialización de la política ha convertido a ese país en una nación ingobernable. En tan solo cinco años ha tenido cinco presidentes, todos derrocados y acusados de corrupción, algunos encarcelados y todos perseguidos.
En el caso de Brasil, Ignacio Lula Da Silva fue objeto de un maltrato y de un abuso sin límites por parte del gobierno de Bolsonaro, en contubernio con el ministerio público encabezado por el irresponsable juez Sergio Moro. Sin tener ninguna prueba, acusaron a Lula de corrupción, le negaron sus derechos, violaron todos los procedimientos y lo metieron en la cárcel por casi dos años. Pero luego, la Suprema Corte anuló ese abuso y tres años más tarde Lula ganó las elecciones y actualmente es el presidente de Brasil. A Bolsonaro y Sergio Moro, les salió el tiro por la culata con Lula.
Los apresamientos de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, son parte importante de esa estrategia que está implementado el PRM y el gobierno. Ya no hay límites, pues fueron capaces de marcharle a dos funcionarios del entorno cercano de Danilo y, nada más y nada menos, que al candidato presidencial del PLD en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, quien obtuvo el 38% de la votación. Este apresamiento fue una gran sorpresa, pues su nombre nunca fue mencionado ni antes fue llamado para declarar sobre el caso del Ministerio de Hacienda. Al parecer a Gonzalo lo incluyeron de contrabando para que Danilo y el PLD se metieran en miedo. Pero el PLD ha respondido que nada lo atemoriza. Y esa acción se le ha revertido al PRM, pues la mayor parte de la sociedad ha entendido esa acción como un acto de retaliación política y ha convertido a Gonzalo Castillo en un preso político del gobierno del PRM.
El PLD ha sabido manejar esta situación y su respuesta ante la andanada de apresamientos de sus dirigentes ha estado a la altura de las circunstancias. Respondió con firmeza, movilizó sus miembros, protestó frente a la fiscalía y enfrentó de manera directa al presidente Luis Abinader.
En la rueda de prensa encabezada por su secretario general Charlie Martiotti, el PLD hizo público un documento donde expresa: “El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Le repito, al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo”. La dirección del PLD sabe muy bien que detrás de esa estrategia de la judicialización de la política está el gobierno de forma directa. Y ya la situación ha llegado a niveles de mayor nivel pues el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, dio una contundente declaración diciendo al presidente Luis Abinader lo siguiente: “Ahora el pleito es conmigo”.
Lo cierto es que estos apresamientos de miembros del Comité Político del PLD le pone un nuevo matiz a la batalla electoral de febrero y de mayo del 2024. ¿Podrán el PRM y el gobierno nulificar al PLD con estas nuevas acusaciones? ¿Podrá el PLD seguir su ruta de fortalecimiento y no ser afectado sensiblemente por estos apresamientos? ¿Provocará esta situación una alianza electoral entre el PLD y la Fuerza del Pueblo?. El tiempo y las acciones estratégicas de los tres bloques electorales darán respuesta a estas interrogantes.
Euri Cabral
Economista y Comunicador
