Por fin el mundo se da cuenta de lo peligroso que es Bukele
Por Nelson Rauda Zablah
The New York Times
Rauda Zablah es editor en El Faro. Escribe desde San Salvador.
En mayo de 2020, durante el apogeo de la covid, El Salvador se encontraba bajo una cuarentena controlada por los militares. En una conferencia de prensa, le hice una pregunta al presidente Nayib Bukele sobre una reunión que sostuvo con la comunidad empresarial para reabrir la economía. Bukele se enfadó y criticó al fundador de El Faro, el medio de comunicación en el que trabajo.
Después, recibí amenazas de muerte de partidarios de Bukele. Una de ellas, que aún me sigue llamando la atención, fue escrita en Twitter por alguien de fuera del país: “Tengo tantas ganas de regresar a El Salvador y meterte 3 tiros en la cabeza para que dejes de tonto”.
La reacción fue típica de cierta parte de los seguidores de Bukele, quien trata las críticas al presidente como un pecado imperdonable. Después de seis años, él sigue siendo tremendamente popular, con un índice de aprobación nacional superior al 80 por ciento. Gran parte de la diáspora también siente devoción por él. Aunque su versión idealizada —un líder eficiente y elocuente que ha reducido la delincuencia en el país y se ha comprometido a luchar contra la corrupción— suena muy bien, la realidad es que es un político volátil y desenfrenado que controla todas las instituciones a expensas de la democracia del país.
Ahora se ha convertido en el carcelero del presidente Donald Trump, acogiendo a deportados de Estados Unidos para encarcelarlos en el brutal sistema penitenciario de El Salvador. Las familias venezolanas y estadounidenses, cuyos seres queridos han sido enviados a estas prisiones, están pasando ahora por lo que muchas familias de aquí han pasado desde que Bukele llegó al poder: sienten la aterradora arbitrariedad de su régimen, su forma de gobernar para sí mismo, su crueldad. Muchos se están dando cuenta ahora de lo que algunos de nosotros hemos advertido a la gente durante años: que aunque Bukele se haya autodenominado irónicamente el “dictador más cool del mundo”, no deja de ser un dictador.
El llamado modelo Bukele de seguridad nacional se basa en miles de casos como el de Kilmar Armando Abrego Garcia, el migrante salvadoreño que fue expulsado indebidamente a El Salvador en marzo. En 2022, Bukele declaró el estado de excepción —aún en vigor— para debilitar a las poderosas pandillas del país y reducir la creciente tasa de criminalidad y los asesinatos.
También ha erosionado los derechos constitucionales de los salvadoreños, y miles de personas sin antecedentes penales han sido detenidas en una amplia operación que acabó por desmantelar el control territorial de las pandillas y reducir drásticamente los homicidios. Desde que comenzó el estado de excepción, unas 80.000 personas han sido detenidas y encarceladas en El Salvador. Bukele admitió el año pasado que 8000 personas inocentes fueron detenidas y puestas en libertad en la redada, pero grupos de la sociedad civil afirman que la cifra es mucho mayor.
Bukele ha sido una figura destacada en la escena política de El Salvador desde 2012, cuando se convirtió en alcalde de Nuevo Cuscatlán, una localidad aproximadamente del tamaño del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Como alcalde, donó su salario para becas universitarias y prometió que atraería 1000 millones de dólares de inversión a la ciudad. (No lo hizo). En 2015 fue elegido alcalde de San Salvador, la capital, donde se ganó la simpatía de los votantes criticando tanto a su propio partido político como a la oposición por la violencia y la corrupción endémicas del país. En 2019 se presentó a las elecciones presidenciales con una plataforma anticorrupción y fue elegido con el 53 por ciento de los votos, más de 20 puntos porcentuales por encima de su oponente más cercano.
Una de las primeras cosas que Bukele hizo tras asumir el cargo fue poner en marcha un plan de seguridad para enviar a miembros de la policía y el ejército a los barrios controlados por las pandillas. A los ocho meses de asumir la presidencia, irrumpió en la Asamblea Legislativa, rodeado de soldados armados, para presionar a los legisladores de la oposición a fin de que aprobaran un préstamo para que su gobierno comprara cámaras de vigilancia, equipo táctico y un helicóptero para el plan. El préstamo no se aprobó, pero después de que el partido de Bukele se asegurara una supermayoría legislativa en las elecciones legislativas de 2021, los legisladores le dieron luz verde.
También apuntó al poder judicial: tras las elecciones, los legisladores sustituyeron a cinco magistrados de la Corte Suprema por otros que le eran favorables, y en agosto de 2021 la Asamblea Legislativa aprobó cambios para purgar a un tercio de los jueces de El Salvador, lo que le ayudó a consolidar el control sobre los tres poderes del Estado.
Después Bukele declaró el estado de excepción en todo el país. Rápidamente se ignoraron derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un abogado y la necesidad de una orden judicial para intervenir las comunicaciones personales. El gobierno detuvo a miles de personas de formas que a veces parecían aleatorias. Pero la represión hizo que los homicidios cayeran en picada hasta poco menos de 500 ese año, frente a las 2398 muertes de 2019. Las personas que vivieron bajo el control de las pandillas durante casi dos décadas se sintieron aliviadas al recuperar sus vidas: poder volver a casa del trabajo sin peligro o llevar a sus hijos al parque.
Aunque más del 36 por ciento de los salvadoreños conocía a alguien que había sido encarcelado injustamente, la mayoría de la gente no se opuso. Cambiaron derechos teóricos —como el debido proceso— por resultados inmediatos, como la seguridad personal. Y así, después de que los magistrados nombrados por Bukele interpretaran la Constitución para permitirle presentarse a un segundo mandato, ganó las elecciones presidenciales de 2024 de forma aplastante, con el 85 por ciento de los votos.
Hoy, las promesas incumplidas de Bukele están por todas partes. Durante su primera campaña presidencial, prometió protestar junto a los estudiantes de la Universidad de El Salvador —la única universidad del país financiada con fondos públicos— para reformar el sistema educativo. En lugar de ello, su gobierno ha retenido más de 30 millones de dólares presupuestados para la institución. En 2022 prometió renovar 5000 escuelas en cinco años, pero en octubre de 2024 solo se habían terminado 424 escuelas. También propuso que El Salvador construyera una economía nueva y próspera basada en el bitcóin, pero este año se eliminó el bitcóin como forma de moneda de curso legal debido a un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
Ahora las transgresiones de Bukele ya no se limitan a las fronteras de El Salvador. Se ha burlado de las órdenes judiciales de Estados Unidos y ha troleado a los políticos estadounidenses. “Uy… demasiado tarde”, bromeó en X después de que un juez ordenara detener los primeros vuelos de deportación de venezolanos a El Salvador. También publicó recientemente fotos de Chris Van Hollen, senador por Maryland, visitando a Abrego Garcia en una prisión salvadoreña, diciendo que ambos bebieron margaritas durante su encuentro. Van Hollen dijo que las bebidas de la mesa habían sido colocadas allí y que ni él ni Abrego Garcia las habían bebido.
Al parecer, el gobierno de Trump ha acordado pagar a El Salvador 6 millones de dólares para que los deportados sean enviados a prisiones salvadoreñas. Bukele dijo que el dinero ayudaría a hacer autosostenible el sistema penitenciario del país, que, según él, cuesta 200 millones de dólares al año. Además del dinero, no está claro qué gana El Salvador convirtiéndose en un chiste mundial y en un lugar de castigo en la política estadounidense. El país no está exento de los aranceles de Trump, ni este ha presentado ninguna medida de alivio migratorio para los salvadoreños.
Pero Bukele parece estar sacando algo de esto. El Departamento de Estado estadounidense mejoró recientemente la recomendación de viaje de El Salvador al nivel 1 —el mismo que el de Noruega y Nueva Zelanda—, a pesar de admitir que varios ciudadanos estadounidenses y de otros países han sido detenidos en virtud del estado de excepción. El Departamento de Estado también certificó en abril que el gobierno salvadoreño está reforzando el Estado de derecho, mejorando la transparencia y protegiendo a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas.
El gobierno de Bukele también ha sido acusado de negociar en secreto con la pandilla MS-13. Según un acta de acusación federal estadounidense, la pandilla acordó matar a menos personas en las calles a cambio de diversas promesas, entre ellas beneficios económicos y condiciones penitenciarias menos restrictivas por parte de su gobierno. Al menos un testigo, cuyo testimonio podría haber implicado a Bukele, se encontraba entre las personas devueltas a El Salvador en un vuelo de deportación.
Bukele ha negado repetidamente estas acusaciones, pero en 2021 el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a dos funcionarios de su gobierno, entre ellos el director de prisiones, por el papel que supuestamente desempeñaron en las negociaciones. El jueves, El Faro publicó una entrevista con un líder de la pandilla Barrio 18, rival de la MS-13, sobre las negociaciones que, según la acusación, Bukele mantuvo con las pandillas. El líder pandillero dijo que funcionarios del gobierno de Bukele le pidieron apoyo político y lo llevaron al interior de una prisión de máxima seguridad para reunirse con líderes pandilleros encarcelados.
Antes de que el partido de Bukele sustituyera al fiscal general de El Salvador en 2021, miembros de su gobierno estaban siendo investigados penalmente por la fiscalía en relación con denuncias de pactos con las pandillas y otros casos de corrupción. Después de que el gobierno de Bukele cerrara la investigación, un funcionario de alto rango que dirigía una unidad anticorrupción de la fiscalía se autoexilió, al igual que otros fiscales que habían estado investigando la corrupción gubernamental.
En la actualidad, no hay órdenes judiciales, investigaciones legislativas ni investigaciones penales en El Salvador que representen una amenaza real para el presidente. Él se aseguró de ello, llenando la Corte Suprema de jueces que lo apoyan e interpretan la Constitución según su voluntad.
Bukele sigue siendo una figura popular, pero lo ha preparado todo para el momento en que eso cambie. Es demasiado tarde para que los salvadoreños se preocupen por el equilibrio de poderes. Pero los estadounidenses aún están a tiempo.
The New York Times
