Por sexta ocasión, en dos años y medio, gobierno retira iniciativas tras avalancha de críticas de la población
Por Dalton Herrera
De nuevo el Gobierno dominicano desiste de una iniciativa de ley por las críticas que se generan. Y es que, es la sexta ocasión en dos años y medio que ocurre y, tal parece, es una práctica que se ha convertido en una especie de norma.
Con el anuncio de ayer del portavoz presidencial, Homero Figueroa, el proyecto de ley integral sobre Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes se convierte en otro «choque de frente» contra el muro del rechazo.
Muchas de estas reacciones al proyecto se producen debido al factor sorpresa, pues el Gobierno dominicano había sido categórico con el tema de la migración ilegal y la postura de República Dominicana ante el mundo sobre los problemas de Haití.
Un ejemplo es que en junio del año pasado, República Dominicana fue uno de los países que declinó firmar la “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, cuyo accionar desencadenó presiones internacionales contra el país. Sobre todo por parte del comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien en octubre de 2022 exigió a las autoridades dominicanas actuar para prevenir la xenofobia, la discriminación y todas las formas de intolerancia racial o étnica hacia los inmigrantes haitianos.
El presidente Luis Abinader respondió de manera directa: «La República Dominicana no solamente va a continuar con las deportaciones, sino que las va a incrementar»
No obstante, el 12 de diciembre de 2022, en medio de la época navideña y en puntillas, el Poder Ejecutivo depositó ante el Senado el proyecto de ley sobre Trata de Personas, cuya pieza señala la permanencia regular de las víctimas mediante permisos migratorios y de residencia en caso de que sean identificadas como víctimas de ese flagelo.
Tras casi un mes de comentarios y opiniones, finalmente el Gobierno ha tomado la decisión de recular, una vez más.
Las otras reculaciones
El 29 de junio de 2022, el Poder Ejecutivo retiró de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia. Esta iniciativa solo tuvo de vida dos semanas, pues después de ser expuesta ante la opinión pública, las autoridades no pudieron soportar la lluvia de críticas que generó porque supuestamente limitaría la libertad de expresión.
Según el Gobierno, el objetivo de esa iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos. Pero la población, tal como ocurrió recientemente, no lo interpretó de esa manera.
“Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión”, afirmó en ese momento Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
En ese momento, con el propósito de unificar criterios sobre la libertad de expresión, el presidente Abinader, integró una comisión encabezada por el abogado Namphi Rodríguez, e integrada por Miguel Franjul, Inés Aizpún, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.
No obstante, El 30 de enero del año pasado, Abinader se había visto en la necesidad de frenar una iniciativa. Esa vez fue la del proyecto de fideicomiso de la Termoeléctrica Punta Catalina, la cual fue enviada al Consejo Económico y Solcial (CES) para recibir las opiniones de todos los sectores.
Lo cierto es que después de esa instrucción del mandatario, el tema quedó relegado y no se ha vuelto a tocar en ninguna instancia.
La primera vez que el Gobierno tuvo que recular fue el 9 de octubre de 2020, luego de las críticas que generó el proyecto de presupuesto del 2021 que incluía impuestos a diversos servicios. Ante las críticas, el gobernante “apagó” el fuego en menos de 48 horas con un discurso al país.
En esa misma alocución, Abinader informó que el CES convocaría la discusión para el pacto fiscal pendiente desde el 2012 y que estaba pautado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero esto nunca se dio, a pesar de los intentos.
Luego del rechazo generalizado al plan de reforma fiscal que el gobierno nunca formalizó, Abinader habló al país posteriormente tras otro intento que también resultó infructuoso ante la opinión pública para informarle que no sometería ningún proyecto.
Ante esta actuación de dar reversa, las autoridades dominicanos han sido enfáticas de pertenecer a un gobierno que escucha.
«Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional», aseguró ayer el portavoz presidencial.
Fuente El Caribe
