Por una justicia verdadera e independiente
Miguel Guerrero
Hace tiempo asistí a una reunión en la que otro invitado, quejándose de la mala reputación de la justicia, indicó que un nuevo cambio de administración nos daría oportunidad de seguir enviando a la cárcel a quienes el ojo escrutador de la opinión pública señale como autores de actos indecorosos contra el patrimonio nacional. Viniendo de un abogado, la observación me sacudió, porque la justicia no necesita de atajos.
Me asusta que alcancemos un nivel de desconfianza tal en la independencia de los poderes, cuya única posibilidad de ganarle terreno a la corrupción consista en vulnerar el principio de independencia consagrado en la Constitución. La responsabilidad del Gobierno es cuidar que los bienes públicos sean religiosamente guardados y de reunir las pruebas necesarias para llevar a la justicia a los responsables de violar las normas de un pulcro ejercicio de las funciones públicas. Determinar la culpabilidad final es una tarea de los tribunales. Son estos los que deben dictar las sentencias, sean de culpabilidad o de absolución.
Resultaría tan costoso como la impunidad misma, que un gobierno asuma el papel asignado por la Constitución al Poder Judicial. Por eso entiendo incorrecto enfrentar la corrupción, como ha ocurrido en la actualidad, sentando precedentes que al final sólo lograrían quebrar la estabilidad democrática, debilitando aun más las bases que sostienen el sistema político bajo el cual vivimos. Sobre algunos de los más sonados casos, la responsabilidad del Ministerio Público, es decir del Gobierno, es entregar a la justicia un expediente lo suficientemente documentado para que esta haga la parte del trabajo que le concierne. Por la reacción provocada al decir todo esto en la reunión, no dudo que muchos lectores piensen también que protejo a los corruptos. Pero estamos tal vez ante el peor de los dilemas.
El Caribe
