Presentan 151 pruebas en juicio contra Wander Franco y coimputada por explotación sexual de menor
SANTO DOMINGO, 7 junio. – En el marco del proceso judicial que se sigue contra Wander Franco Aybar y una mujer acusada de explotar sexualmente a su hija adolescente, el Ministerio Público ha presentado 151 pruebas que sustentan las imputaciones por abuso sexual, explotación sexual y lavado de activos.
El caso es conocido por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata y está a cargo de fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de Puerto Plata. Según informaron los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, el juicio se encuentra en su fase final, en la que los jueces evaluarán la pertinencia y legalidad de las pruebas presentadas.
El Ministerio Público ha confirmado que aportará otros 14 testigos, con lo que completará un total de 165 pruebas incluidas en el expediente. En la audiencia más reciente, fueron escuchados 11 testigos y peritos, quienes establecieron la vinculación de los acusados con los hechos.
Durante esta sesión, la defensa presentó alegatos que el tribunal —integrado por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez— rechazó por considerarlos infundados y carentes de legalidad. Según el Ministerio Público, esto ha permitido una identificación más clara de las conductas imputadas y fortalece la suficiencia probatoria del expediente.
La próxima audiencia fue fijada para el lunes 9 de junio, cuando el órgano acusador continuará con la presentación de las pruebas. Una vez concluida esta etapa, el Ministerio Público expondrá sus conclusiones y procederá a solicitar la pena correspondiente, en función de la gravedad de los delitos.
La acusación sostiene que Franco Aybar mantuvo por varios días a la víctima en el municipio Villa Montellano, provincia Puerto Plata, con fines sexuales, y que posteriormente envió sumas considerables de dinero a la madre de la menor para evitar ser denunciado. Dichos fondos habrían sido utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles.
El expediente establece que las conductas atribuidas a los acusados violan disposiciones del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), el Código Penal Dominicano, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
