Presidenta encargada firma ley que flexibiliza control estatal de industria petrolera en Venezuela
CARACAS, 30 enero — La presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó el jueves la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que reduce significativamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abriría el sector a la inversión extranjera.
Los legisladores de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma de la ley de la industria energética poco antes y menos de un mes después de la audaz captura del entonces presidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense en la capital venezolana.
Esta ley “reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos”, señaló Rodríguez, quien confirmó que el jueves recibió una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio.
Paralelamente a la aprobación de la reforma legal, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones al petróleo venezolano que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano. Este fue el primer paso de los planes delineados por el secretario de Estado estadounidense, el día anterior.
El jueves, Trump también anunció que reabrirá el espacio aéreo de Venezuela a vuelos comerciales.
Las medidas adoptadas por ambos gobiernos el jueves están allanando el camino para lo que podría ser otro cambio geopolítico y económico radical en Venezuela.
La conversación con Trump se da “en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir”, señaló la mandataria encargada.
El gobierno de Trump afirma que mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como vigorizar la alicaída industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.
Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.
El diputado oficialista Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la asamblea unicameral, dijo que con la reforma en el sector “seguramente va a haber una explosión positiva de la inversión, la producción petrolera”.
La ley busca impulsar el incremento en la producción de petróleo y flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela.
La reforma modifica y revoca una serie de impuestos a la extracción, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en la fase de ejecución en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.
El inversor asumirá el costo operativo y los riesgos de la financiación, se informó.
El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La presidenta en funciones ha dicho repetidamente que la ley será “respetuosa” de la soberanía del país, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano. Es “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, aseveró.
El 15 de enero la mandataria encargada utilizó su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera a una mayor inversión extranjera.
A pesar de poseer una de las mayores reservas de petróleo del mundo –estimada en unos 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos— Venezuela enfrenta una crisis de larga data agravada por el sostenido deterioro de su economía y el colapso de su industria petrolera, la principal fuente de sus ingresos en divisas.
Los críticos del gobierno atribuyen el colapso del sector a una mala gestión y a la corrupción en PDVSA bajo la administración de los gobiernos socialistas del presidente Hugo Chávez (1999-2013), predecesor y mentor político de Maduro.
El diputado opositor Antonio Ecarri instó a la asamblea a añadir disposiciones de transparencia y rendición de cuentas a la ley, incluyendo la creación de un sitio web para hacer pública la financiación, contrato, entre otros documentos e informes de gestión. Ecarri destacó que estas disposiciones también pueden considerarse garantías judiciales.
Esas garantías figuran entre los cambios clave que buscan los inversores extranjeros al considerar su entrada al mercado petrolero venezolano.
Las finanzas de PDVSA también se han visto afectadas en los últimos años por el descenso del precio del petróleo, una millonaria deuda externa y las sanciones estadounidenses
En agosto de 2006 el gobierno de Chávez llevó adelante una reforma de la ley que impulsó la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, revirtiendo convenios operativos y reemplazándolos por sociedades con la petrolera estatal PDVSA en las que ésta mantenía el control mayoritario en los proyectos.
Mientras firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, empresas como Chevron, entre otras, aceptaron la oferta de Chávez para crear una empresa junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.
La reforma incluyó la derogación de varias leyes, entre ellas una que regulaba la participación privada en las actividades primarias petroleras y otra que establecía los términos y condiciones desfavorables para la creación y funcionamiento de las empresas mixtas. AP
