Presidente Abinader defiende ley de inteligencia frente a críticas opositoras

Santo Domingo, 23 de enero – A medida que la Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), enfrenta críticas por parte de algunos sectores, incluyendo legisladores de la oposición que previamente la respaldaron, el presidente Luis Abinader rechaza las acusaciones y recuerda que la legislación fue aprobada en consenso por todos los partidos representados en el Congreso.

Durante una intervención en el programa «La Semanal», el mandatario destacó que la ley, que duró dos años en debates en el Congreso, recibió el apoyo de los partidos políticos. Abinader instó a los políticos opositores a dejar la «politiquería» y la «hipocresía», asegurando que cualquier preocupación, incluyendo aquellas provenientes del sector de la prensa, será atendida por su gobierno.

En paralelo, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) sostuvo su primera reunión con representantes del gobierno para abordar las ambigüedades señaladas en la ley recién promulgada. En la reunión estuvieron presentes el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director de la DNI, Luis Soto, por parte del gobierno, y representantes de la SDD, incluyendo su presidente Persio Maldonado.

Maldonado expresó preocupación por la ambigüedad en la redacción de la ley, señalando que representa un riesgo al no establecer límites claros y permitir interpretaciones subjetivas que podrían dar lugar a abusos de poder. Se acordaron tres encuentros adicionales, programados para los días 30 y 31 de enero, así como el 1 de febrero, para continuar el diálogo y abordar las preocupaciones planteadas por el sector de la prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su inquietud por las implicancias de la ley para la libertad de prensa y la confidencialidad de las fuentes periodísticas. El presidente de la SIP, Roberto Rock, destacó la importancia de leyes que respeten el derecho a proteger la identidad de las fuentes y advirtió sobre los posibles impactos negativos de regulaciones amplias que exijan a instituciones privadas, como los medios de comunicación, entregar información sin límites claros.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ya había realizado observaciones a la ley en octubre pasado, señalando indefiniciones y posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Ulloa planteó la necesidad de definir principios específicos para la comunidad de inteligencia nacional y expresó preocupación por la obligación de entregar información sin claras definiciones de alcance y limitaciones.

Finalmente, el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, admitió que algunos legisladores votaron a favor de la ley debido a la premura con la que se introdujo el proyecto y la falta de conocimiento sobre sus alcances. Crespo aseguró que se descartaron observaciones que cuestionaban las potestades del proyecto y los posibles riesgos de inconstitucionalidad.

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