Prisión preventiva impuesta a cabezas de la Operación Discovery 2.0 por estafas y delitos cibernéticos
Santiago, 25 agosto – En un desarrollo significativo, el Ministerio Público ha logrado demostrar la gravedad de las acusaciones contra 25 imputados involucrados en estafas transnacionales y múltiples delitos cibernéticos bajo la Operación Discovery 2.0.
Como resultado, el tribunal ha aplicado medidas de coerción y declarado el caso como complejo, en una resolución que responde a las pruebas presentadas.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, presidida por el juez José Rafael D’ Asís, decidió a favor de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público debido a la contundencia de la investigación.
Entre las decisiones tomadas, se estableció la prisión preventiva por un período de 12 meses para los siguientes individuos: Juan Rafael Parra Arias, Ramón Esterling Polanco Leclerc (CCR-Rafey), Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy William Urtarte (CCR-Vista al Valle), Leslie Agnes Succart González (CCR-Rafey Mujeres), Deuris Antonio Franco de la Cruz, Miguel Ángel Camilo Pérez (CCR-El Pinito), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Erick Ángel Peña Núñez (CCR-La Isleta).
A Arlin Josefina Rosa Rosario se le impuso arresto domiciliario, basado en su estado de salud certificado. Además, se le requirió el pago de una garantía económica, prohibición de salida del país y presentación periódica cada último viernes del mes.
El juez también dictaminó el pago de garantías económicas y la prohibición de salir del país para los demás imputados, incluyendo nombres como Mélquido Rojas Arias, Glorisel Martínez Peralta, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Wilson Miguel Rodríguez Suero, entre otros. La resolución incluye medidas similares para Yenny Carolina Corniel Henríquez y Juana Yadirys Ventura Mesón.
En un gesto que refleja la seriedad de la investigación, el tribunal concedió al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar actos conclusivos, mientras pondera la complejidad del caso en su totalidad.
Warlyn Alberto Tavárez, fiscal del Ministerio Público, resaltó la robustez de la investigación y cómo las pruebas respaldan las acusaciones provisionales presentadas contra cada uno de los imputados. Tavárez subrayó que algunos de los imputados han admitido los cargos, lo que fortalece la investigación.
El fiscal también describió las artimañas engañosas que los imputados empleaban para estafar a sus víctimas, incluyendo a personas envejecientes en los Estados Unidos, lo que causó una afectación económica considerable.
Según el ministerio Público, esta estructura criminal, dedicada a diversos delitos electrónicos y estafas, ha sido desmantelada tras más de un año de meticulosa investigación, en la cual colaboraron la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos, en coordinación con el Ministerio Público dominicano.
Las implicaciones de los delitos cometidos por esta estructura van más allá de la afectación económica a cientos de personas en los Estados Unidos. También mancillan la imagen de la República Dominicana, impactan el turismo —pilar de la economía— y afectan las relaciones internacionales, además de desestabilizar a las familias despojadas de sus recursos, sostuvo el ministerio Público.
El proceso continúa, y uno de los imputados, Claudio Santana o Claudio Mercedes, enfrenta cargos en los Estados Unidos relacionados con su deportación desde República Dominicana.
La investigación se centró en cuatro centros de llamadas clandestinos utilizados para la comisión de delitos cibernéticos y estafas. La operación fue realizada por un equipo multidisciplinario compuesto por más de 26 fiscales, más de 230 agentes de la Policía Nacional, así como expertos técnicos de diversas instancias del Ministerio Público.
