Pro-Competencia investiga a dos empresas por posibles prácticas anticompetitivas en licitaciones de Comedores Económicos
Santo Domingo, 12 junio.– La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ha iniciado una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis Agroco y Credi Med, tras detectar indicios de posibles prácticas anticompetitivas en tres procesos de licitación pública realizados por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.
La resolución que autoriza la apertura de la investigación señala la existencia de indicios suficientes de una presunta colusión entre ambas compañías. Entre los elementos detectados figuran notables similitudes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los procesos licitatorios, así como el uso del mismo notario público, a pesar de que las empresas están ubicadas en provincias distintas.
Este patrón de coincidencias podría evidenciar una coordinación ilegal entre ambas entidades para manipular las condiciones de competencia, con el propósito de obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos crudos a los comedores estatales.
“Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una unidad de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la libre competencia en detrimento del interés público”, establece el documento emitido por Pro-Competencia.
Sin embargo, la dirección ejecutiva del organismo aclaró que la apertura del expediente no constituye una acusación formal ni implica una presunción de culpabilidad. Se trata, enfatizan, de una etapa preliminar del proceso legal, orientada a esclarecer los hechos y reunir las evidencias necesarias que permitan confirmar o descartar la existencia de una infracción.
Empresas notificadas y derecho a defensa
Tanto Agroindustrias Coralis Agroco como Credi Med fueron notificadas formalmente del inicio de la investigación y disponen de un plazo de 20 días hábiles para presentar sus alegatos y ejercer su derecho a la defensa, en conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Además, la Dirección Ejecutiva informó sobre la apertura del expediente al Consejo Directivo de Pro-Competencia, a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y a los Comedores Económicos del Estado Dominicano.
Posible violación a la Ley 42-08
De comprobarse, las acciones investigadas podrían constituir una violación del artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia (No. 42-08), que prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas orientados a restringir, impedir o distorsionar la competencia, en especial dentro de los procesos de contratación pública.
Esta normativa contempla sanciones que van desde multas equivalentes a 30 veces el salario mínimo hasta un máximo de 3,000 veces dicho salario, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Según Pro-Competencia, estas prácticas afectan negativamente la eficiencia del gasto público y atentan contra los principios de equidad, transparencia y legalidad que deben regir las compras estatales.
Siguientes pasos del proceso
La investigación continuará con la recopilación de documentos, entrevistas y análisis de información para determinar si existieron comportamientos que violen las disposiciones de libre competencia establecidas por la ley. Este procedimiento, reafirma la entidad, forma parte del compromiso institucional con la promoción de una competencia justa y transparente, en resguardo de los intereses de la ciudadanía y la correcta utilización de los fondos públicos.
