Procuradora ordena investigación penal por ocupaciones y posibles fraudes en áreas protegidas
Santo Domingo. – 15 de febrero de 2026.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso la apertura de una investigación penal exhaustiva e inmediata sobre presuntas afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en varias de las principales áreas protegidas del país, en una acción que busca salvaguardar el patrimonio natural y reforzar la persecución de delitos medioambientales.
La instrucción incluye indagatorias en zonas emblemáticas como el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, espacios que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Fuerza de tarea especializada
Para conducir el proceso, la magistrada designó una fuerza de tarea especial integrada por titulares de áreas estratégicas del Ministerio Público y coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.
El equipo lo conforman, además, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria.
También se integra Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La decisión responde a la necesidad de investigar posibles irregularidades en la emisión de títulos de propiedad o actos administrativos que hayan afectado terrenos protegidos, así como eventuales redes de corrupción vinculadas a estos procesos.
Alcance de las indagatorias
La disposición instruye que las investigaciones no se limiten a casos específicos, sino que se extiendan a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones” que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que comprometan la integridad de estas áreas protegidas.
El objetivo, según establece la instrucción oficial, es determinar la posible existencia de entramados criminales, actos de corrupción, falsificación de documentos o prevaricación que hayan facilitado la apropiación indebida de patrimonio público natural.
Además, la Procuraduría General ordenó que la fuerza de tarea, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas protegidas que conforman el SINAP.
Protección del patrimonio natural
Al fundamentar la medida, la procuradora general subrayó la importancia estratégica de las áreas protegidas para el país. Sostuvo que la conservación y preservación de estos espacios, representativos de los distintos ecosistemas y del patrimonio natural y cultural dominicano, garantizan la continuidad y optimización de los servicios ambientales y económicos que benefician a la sociedad, tanto en el presente como en el futuro.
En ese sentido, destacó que estas zonas no solo resguardan biodiversidad, sino que cumplen un rol esencial en la seguridad hídrica nacional, al proteger cuencas y fuentes de agua que abastecen a la población y sostienen actividades productivas.
Reenfoque en la persecución ambiental
El Ministerio Público explicó que la disposición de la Procuradora General forma parte de un reenfoque estratégico en la persecución de delitos ambientales, con un cambio estructural orientado a fortalecer la acción penal frente a prácticas que deterioran áreas de conservación.
Este nuevo enfoque busca integrar la investigación penal, la revisión de actos administrativos y el análisis de operaciones inmobiliarias para identificar responsabilidades individuales o colectivas que hayan comprometido terrenos protegidos.
Las autoridades consideran que la ocupación irregular y la eventual titulación fraudulenta de terrenos en áreas protegidas no solo constituyen infracciones ambientales, sino que pueden involucrar delitos de corrupción, lavado de activos y falsificación documental.
Seguridad hídrica y desarrollo sostenible
La acción del Ministerio Público se produce en un contexto en el que la protección de los recursos naturales adquiere mayor relevancia ante los desafíos del cambio climático, la expansión urbana y la presión sobre los recursos hídricos.
Las áreas protegidas, especialmente las ubicadas en zonas montañosas como la Sierra de Bahoruco y Valle Nuevo, desempeñan un papel clave en la regulación del ciclo del agua y en la preservación de ecosistemas estratégicos.
La Procuraduría reafirmó que la defensa de estos espacios es una prioridad institucional, dado su impacto directo en la calidad de vida de la población y en la sostenibilidad del desarrollo económico.
Con esta decisión, el Ministerio Público envía una señal clara de que cualquier acción que vulnere el patrimonio natural será objeto de investigación y, de comprobarse responsabilidad penal, enfrentará las consecuencias establecidas por la ley.
La fuerza de tarea designada iniciará de inmediato las diligencias correspondientes y deberá presentar resultados preliminares conforme avance el proceso investigativo.
