Propuesta de reforma fiscal atribuida al gobierno encuentra atención y rechazo en diversos ámbitos

Santo Domingo, Oct 11 – Aunque el gobierno no ha entregado oficialmente su propuesta de reforma fiscal para debate, su supuesto contenido circula profusamente en los medios de comunicación y entre técnicos que han tenido acceso a ella, desatando serios cuestionamientos al propósito de aumentar tasas y colocar nuevos impuestos.

Todos los diarios nacionales traen hoy reseñas sobre la “propuesta” del gobierno, que ha sido anunciada para llevarla al Congreso Nacional próximamente luego de buscar un “consenso” en el Consejo Económico y Social que integran los diversos sectores.

El objetivo del gobierno es incrementar en poco más de 100,000 millones pesos las recaudaciones para el año 2022, aunque eso no necesariamente se traduciría en mayor inversión, sino esencialmente en gasto corriente, que ha sido lo que ha predominado en el ejercicio de la administración de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde el 16 de agosto de 2020.

El diario El Caribe reseña que el proyecto de reforma fiscal que prevé el gobierno “procura crear un sistema impositivo progresivo y simplificado, y para ello ha preparado una propuesta de discusión que prevé aumentar las tasas del Impuesto sobre la Renta y del impuesto a las viviendas; establecer un nuevo sistema del impuesto a la placa y subir el impuesto a las bebidas”.

Para Diario Libre la propuesta del gobierno busca “variar el monto que se paga por el marbete vehicular, establecer un impuesto para las bebidas azucaradas, aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso, eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados de impuestos”.

El Listín Diario se ocupa de publicar un enfoque del exfuncionario del Banco Central, Luis Manuel Piantini, en el que advierte al gobierno que no es cierto que el país tenga la menor carga tributaria de la región y que no es momento oportuno para aumentar tasas e impuestos.

El periódico El Día se hace eco del tema con una publicación sobre la base de una entrevista a la firma de SyP Global, que concluye que “de no ser aprobada una reforma fiscal, la República Dominicana perdería su actual calificación de riesgo, lo que llevaría al país a ser considerado como uno altamente especulativo, lo cual limitaría el apetito de los inversionistas por bonos soberanos dominicanos”.

En el caso del periódico “Hoy”, su versión del objetivo del gobierno con la reforma fiscal es “aumentar el Impuesto sobre la Renta, eliminar la deducción del gasto educativo, reducir las exenciones en algunos sectores, bajar el monto exento a los inmuebles, subir el impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas y gravar las indemnizaciones, accidentes de trabajo, preaviso y cesantía, son algunas de las propuestas que discute el Gobierno como parte de la reforma fiscal que busca recaudar RD$104,742.1 millones.

Detalles de la reforma

Según El Caribe, con la reforma se contempla aplicar el impuesto a la placa en base al 1 % del valor del vehículo, cuando el valor del mercado” sea superior a US$10,000, y un impuesto fijo mínimo de RD$2,500 para las unidades cuya valoración no exceda US$10,000.

Como paso hacia el desmonte de la alta regresividad impositiva del país, el Gobierno plantearía la reducción, en un período de tres años, de la tasa general del ITBIS, de 18 a 16 %. Será una tasa única porque actualmente se aplican dos tasas, 18 y 16 %. Esta última para una serie de bienes alimenticios, como café, azúcar, grasas comestibles, chocolate y yogur, incorporados mediante la reforma fiscal del 2012. Esa reforma, aprobada mediante la Ley 253-13, aumentó la tasa general del ITBIS al 18 % y disponía la unificación de tasas en 16% a partir del 2016, condicionada a que para entonces el país lograra una presión tributaria del 16 %. Esa meta no se ha logrado y los bienes y servicios gravados con la tasa general siguen pagando el 18 %.

El concepto que el Gobierno socializa con diferentes sectores a los cuales convocará a discutir el pacto social que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 es de crear un sistema impositivo progresivo y simple, basado en seis pilares. Los impuestos son progresivos cuando su aplicación está vinculada con el poder de pago del contribuyente. Se afirma que afecta más a quien más puede pagar, y por lo general se aplica en base a manifestaciones como riqueza o patrimonio y a ingreso. El impuesto es regresivo cuando afecta proporcionalmente a los más pobres y el consumo es la manifestación económica a través de la cual se cobra o aplica.

En los lineamientos de reforma fiscal que el Gobierno había puesto originalmente en manos de los actores del Consejo Económico y Social (CES), el pilar número uno plantea que “las personas con mayores ingresos deberán realizar aportes mayores” y que “deben incrementarse las recaudaciones provenientes del patrimonio de las personas”. La reforma fiscal fue retirada de seno del CES, para discutirla directamente por el Gobierno con la clase política y otras instancias.

La parte que plantea la visión oficial hacia la simplificación del aparato impositivo se basa en una propuesta para simplificación tributaria y eliminación de figuras y procedimientos que hacen complicado el pago de las obligaciones tributarias. La esencia es facilitación para las micro y pequeñas empresas.

En otro documento se habla de eliminar el pago de anticipos a las personas físicas y a las mipymes, y restructurar el esquema para las personas jurídicas (empresas).

El tercer pilar plantea la revisión de todas las exenciones fiscales y el cuarto cita la “protección de la población más vulnerable”. El quinto pilar dice que “se asociarán las recaudaciones de impuestos con proyectos y gastos identificables”.

El sexto pilar de la propuesta es el establecimiento de una ley de responsabilidad fiscal que garantice la sostenibilidad fiscal e impida tener que hacer nuevas reformas tributarias en el futuro”. Abarca la Ley de Recapitalización del Banco Central que “le hará frente definitivo a la deuda cuasi fiscal”.

Mientras tanto, en un documento paralelo que circula y que se asocia con la visión global del Gobierno se plantea incrementar el impuesto a los cheques a 0.075 % (ahora es de 0.015 %) por dos años, subir la tasa del Impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas (empresas) a 30 % y reducirla al 27 % a partir del cuarto año, subir la de las personas físicas a 35 % (ahora es de 25 %) para el tramo más alto, que corresponde a los ingresos anuales superiores a RD$867,123.02.

La idea, según el documento que circula entre diferentes actores económicos y que no ha sido asumido ni negado oficialmente por el Gobierno, es producir un “aumento asimétrico de la tasa efectiva del ISR a las personas físicas en cada tramo no exento”.

En la parte patrimonial se plantea eliminar el impuesto del 1 % a los activos de las empresas acogidas a la ley 557-05, aplicar un impuesto de 0.5% para los inmuebles propiedad de personas físicas a partir de RD$5.0 millones y de 1% para los valorados en más de RD$8.1 millones.

También plantea crear un impuesto transitorio del 1 % al patrimonio de las personas físicas a partir de RD$60.0 millones. Y para el Impuesto de Circulación Vehicular, más conocido como impuesto por la renovación de la placa, habla de una tributación mixta; una ad valorem y otra específica. Parte de que el parque vehicular dominicano tiene el 71 % de sus unidades con un valor de mercado inferior a US$10,000, a cuyo universo se le aplicaría por derecho a circulación un impuesto mínimo de RD$2,500 anuales, indexable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a los que superen esa cotización de “mercado” se les aplicaría una tasa del 1 % del valor. Se estima un rendimiento anual por la nueva modalidad del impuesto a la placa de RD$4,482.7 millones. De los impuestos específicos a las bebidas alcohólicas se fijaría un pago de RD$1,000 por cada litro de alcohol contenido.

Periódico El Día

El periódico El Día basa su enfoque en las consecuencias de no hacer una reforma fiscal desde el punto de vista de la capacidad del país para atraer inversión extranjera y poder endeudarse en condiciones menos onerosas.

Por eso señala que de no ser aprobada una reforma fiscal, la República Dominicana perdería su actual calificación de riesgo, lo que llevaría al país a ser considerado como uno altamente especulativo lo cual limitaría el apetito de los inversionistas por bonos soberanos dominicanos.

Así lo advierte SyP Global, una firma internacional dedicada a otorgar certificaciones y realizar analíticas de mercados además de Moody’s, calificadora global de la solvencia de los prestatarios. Indicaron que la falta de respuesta de las autoridades para abordar la tendencia subyacente de un aumento persistente en la deuda pública conllevaría a una rebaja de la calificación.

Actualmente el país ostenta la calificación de Ba3 que le coloca entre los que no tienen grado de inversión especulativo, pero muy cerca del límite (B1) que le llevaría a colocarse entre los de calidad crediticia dudosa.

Esto llevaría al país a ser considerado como uno altamente especulativo lo cual limita el apetito de los inversionistas por bonos soberanos dominicanos.

Reduce la base de potenciales prestamistas porque algunos colocan su capital en títulos con calificaciones que no sean de alto riesgo, por lo que reduce el monto posible a colocar en el mercado.

Involucra, además, acceder a financiamiento con tasas de interés 200 puntos básicos más caras, porque los acreedores, al percibir más riesgo, demandarán mayores tasas de interés.

La condición de una calificación de Ba3, que coloca al país entre los que no tienen grado de inversión especulativo, favorece las inversiones.

Periódico Listín Diario

El Listín Diario se sirve de la pluma de Luis Manuel Piantini para indicar que no es oportuno ni conveniente el momento para una reforma fiscal y tras enumerar razones técnicas y políticas, concluye que lo mejor es reducir el mercado informal como hizo México para mejorar las recaudaciones.

Piantini inicia diciendo que en un documen­to de una insti­tución oficial que está circulando sobre una pre­tendida reforma fiscal, con nuevas elevadas tasas impo­sitivas en medio del enorme costo para las empresas y fa­milias de una terrible pande­mia, y de una tasa inflaciona­ria que se está comiendo el 10% del salario nominal de las personas, y con tenden­cias a seguir aumentando por las restricciones de ofertas globales de bienes que la es­tán provocando, mi humilde opinión es, que no me pare­ce Señor Presidente, que sea el momento adecuado ni las motivaciones son convincen­tes, para pretender aumentar tasas impositivas en este país.

El experto concluye con dos recomendaciones puntuales:

A. Realizar las reformas que vayan dirigidas a reducir el ta­maño del mercado informal que aquí representa el 57%. México optó por esta vía por­que sus autoridades se dieron cuenta que ninguna reforma sería realmente efectiva si se mantiene un elevado merca­do informal. Eliminar las tra­bas burocráticas, poner una tasa impositiva reducida para sus operaciones, y utilizar los créditos públicos a bajas tasas y compras gubernamentales, como elementos de atracción para su formalización.

B. Reducir las tasas como incentivo de pago y refor­zar la administración tribu­taria para atacar la elusión y evasión con penalidades de largos años de cárceles y fuertes multas. En los Es­tados Unidos se están desti­nando fuertes sumas de re­cursos con el fin de reducir el trillón de dólares anuales en que se estiman estas filtra­ciones. Hay tasas propuestas mayores que en países de la OECD. Algo poco imagina­ble. Sin la fortaleza institu­cional y el respeto al derecho y deber ciudadano.

Diario Libre

La versión de Diario Libre es la siguiente: Entre el catálogo de propuestas que ha analizado el Gobierno para una nueva reforma fiscal están variar el monto que se paga por el marbete vehicular, establecer un impuesto para las bebidas azucaradas, aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso, eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados de impuestos.

También, se ha contemplado establecer una sola tasa de 16 % para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (itbis), cuyo nombre se ha discutido cambiar a impuesto al valor agregado (IVA). Se ha propuesto llevar a 17 % el primer año los bienes actualmente gravados con el 18 %, a 16.5 % el segundo año y 16 % en lo adelante.

Dos fuentes oficiales consultadas por Diario Libre confirmaron la legitimidad de un documento de 94 páginas que circuló el fin de semana con esas y otras propuestas para la anunciada reforma fiscal y su justificación en la actual coyuntura económica y regional.

Aunque ambas fuentes coincidieron en explicar que no es el documento oficial ni definitivo, validaron que contiene propuestas que se han discutido a nivel interno en el Gobierno para definir la futura reforma fiscal, para la que el presidente Luis Abinader busca consenso.

De acuerdo a las fuentes, desde el año pasado el Gobierno de Abinader -que comenzó el 16 de agosto de 2020- ha estado trabajando en el tema y hay más de 100 versiones diferentes, ya que se sopesa cada medida.

Agregaron que el documento fue preparado con todas las posibles figuras que podrían ponderarse en una discusión interna, y que ha sido “ampliamente modificado”.

Entre las propuestas discutidas está incrementar transitoriamente la tasa de ISR a personas jurídicas a 30 % en los tres años siguientes a la aprobación de la reforma, retornando a 27 % al final de ese plazo. También, subir a 5 % el impuesto de venta al mercado local de las empresas de zonas francas.

En cuanto a personas físicas, se ha planteado llevar de 25 a 35 % la tasa para la escala salarial del IRS a los trabajadores de mayor ingreso, es decir, con más de RD$867,123.01 al año. Además, que paguen ISR las indemnizaciones de accidentes de trabajo, preaviso y cesantía también por encima de ese monto salarial.

Bebidas y cigarrillos

El Gobierno también ha discutido incrementar el impuesto selectivo específico a bebidas alcohólicas a RD$1,000 por cada litro de alcohol absoluto, indexable trimestralmente. Con esto, calcula que tendría un impacto recaudatorio de RD$8,202 millones en 2022.

Asimismo, ha contemplado que todas las cervezas con grado de alcohol menor a 4.9 % (tipo light) se sujeten al monto de impuesto específico que pagan las regulares. Esta propuesta tiene un potencial recaudatorio de RD$1,690.6 millones.

Otras propuestas discutidas son un impuesto de RD$8.9 por litro de bebida con azúcar añadida y un impuesto selectivo de 130 % a las importaciones de cigarrillos electrónicos y los insumos para usarlos.

Patrimoniales y otros

Otro planteamiento analizado es reestructurar el Régimen Simplificado de Tributación para que los contribuyentes con ingresos por encima de RD$1,050,500 anuales tributen de acuerdo a los criterios de personas físicas.

La República Dominicana tiene una de las presiones fiscales más bajas de la región, es decir, tiene baja tributación. En 2018, el promedio de la región estuvo en 19 % de ingresos como porcentaje del producto interno bruto (PIB), mientras que la República Dominicana estuvo en 14.2 %.

Lo anterior -indica el Gobierno en el documento validado por las fuentes consultadas por Diario Libre-, condiciona al país a tener uno de los gatos públicos más bajos, limitando su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y de cumplir con la alta deuda pública.

El servicio de la deuda del sector público no financiero supera los RD$215,409 millones en el presupuesto nacional reformulado de este 2021, superior al presupuesto combinado de una serie de instituciones públicas.

“Con un ajuste fiscal, la posición financiera de la República Dominicana se robustecería, la deuda descendería a niveles prudentes que permitirían al Gobierno tener un mayor espacio para invertir en el desarrollo”, argumenta.

De manera transitoria se ha discutido gravar con 1 % al valor del Patrimonio de Personas Físicas superior a RD$60 millones, excluyendo inmuebles, durante los dos primeros años posteriores a la aprobación de una reforma fiscal, para destinar dichos recursos a un fondo para construir hospitales.

Periódico Hoy

Para el periódico Hoy, “aumentar el Impuesto sobre la Renta, eliminar la dedución del gasto educativo, reducir las exenciones en algunos sectores, bajar el monto exento a los inmuebles, subir el impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas y gravar las indemnizaciones, accidentes de trabajo, preaviso y cesantía son algunas de las propuestas que discute el Gobierno como parte de la reforma fiscal que busca recaudar RD$104,742.1 millones”.

Las propuestas, que están en un documento que circula en las redes sociales desde el sábado, buscan generar recursos adicionales para sostener y estabilizar la deuda pública, que en 2020 cerró en un 56.6% del PIB.

“Desafortunadamente, por el manejo irresponsable de los gobiernos pasados en la implementación del Pacto Fiscal, la mayor parte del aumento de recursos que se requieren en el corto plazo son para estabilizar y darle sostenibilidad a la deuda pública”, explica el documento.

En el mediano plazo, señala el texto, se podrán ir liberando mayores recursos que serán invertidos en ampliar los niveles de gastos en otras áreas prioritarias del Estado, como los subsidios sociales, agua, salud, vivienda, electricidad, ayuntamientos, Policía Nacional y la recapitalización del Banco Central.

Para atender dichas demandas, señala el proyecto, se requieren RD$284,388 millones (5.3% del PIB).
¿De dónde saldrá el dinero?

Esta propuesta de reforma fiscal parte de cinco ejes de acción: simplificación tributaria, renta de personas jurídicas, renta de personas físicas, patrimonio e impuestos al consumo.

Para la simplificación tributaria se propone eliminar el anticipo para las personas físicas y mipymes, reestructurar del esquema de anticipo para las personas jurídicas y eximir por tres años del pago de impuestos activos del sector hotelero (nuevos proyectos) y un año para el de los demás sectores.

Entre las cosas que se introducen están la categoría de “emprendimiento” dentro de la definición de personas jurídicas, que estaría exenta del pago de ISR e impuesto sobre los activos en los dos primeros años de la empresa.

Respecto a la renta de personas jurídicas, esta reforma incrementaría transitoriamente la tasa de Impuesto sobre la Renta (ISR) a 30% en los primeros tres años de haber sido aprobada y retornaría al 27% en el cuarto año. Además, propone subir del 2% al 10% la retención hecha por terceros a personas jurídicas.

El proyecto deroga algunas exenciones en la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico e igualmente deroga el artículo 4 de la Ley 56-07 que otorga exenciones a la industria textil.

En cuanto a las personas físicas, se establece una tasa de 35% para la escala salarial del ISR del último tramo correspondiente a los trabajadores de mayor ingreso. Las demás escalas quedan sin variación. Los asalariados hasta RD$416,220 están exentos del pago del ISR, mientras los que ganen entre RD$416,220.01 a RD$624,329 pagan un 15%; los que perciban entre RD$624,329.01 a RD$867,123 pagan un 20%, mientras todos aquellos cuyos ingresos superan RD$867,123.01 pagarán un 35% de sus ingresos.

Mientras los contribuyentes con ingresos por encima de los RD$1,050,500 anuales tributarían según los criterios de personas físicas.

El proyecto eliminaría la deducción del gasto educativo del ISR establecido en la Ley 179-09.

Indica que las indemnizaciones por accidentes de trabajo, preaviso y cesantía por encima del tramo superior de la escala salarial, equivalente a RD$867,123.01, estarán sujetas al pago de ISR.

En cuanto a las propiedades, el proyecto reestructura el impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI) para que los inmuebles exentos sean aquellos con valor inferior o igual a los RD$5 millones, mientras cuando el valor de la propiedad se encuentre por encima de esa cifra y debajo de los RD$8,138,353.3, se cobrará una tasa de 0.5%. Si excede esta cantidad, los contribuyentes deberán pagar una tasa del 1%.