Proyecto de Ley de Libertad de Expresión enfrenta riesgo de perimir por falta de avance en el Congreso
Santo Domingo, 19 de agosto de 2025. El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, enfrenta un serio riesgo de perimir si no es aprobado dentro de los próximos cinco meses, plazo que coincide con el final de la actual legislatura ordinaria.
De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, una iniciativa legislativa debe ser votada en un período no mayor a dos legislaturas consecutivas, de lo contrario pierde su validez y debe ser reintroducida.
La propuesta fue presentada durante la legislatura que comprendió de enero a julio de 2025. Durante ese tiempo, el proyecto apenas avanzó: solo fue leído íntegramente en una comisión especial del Senado, donde fue objeto de dos reuniones de análisis profundo.
Actualmente, para que logre convertirse en ley, la pieza debe ser aprobada en la legislatura vigente (agosto-enero), lo que implica que debe superar varios pasos pendientes: concluir su estudio en comisión, ser aprobada en dos lecturas por el Senado y, posteriormente, repetir el mismo proceso en la Cámara de Diputados.
Cuando fue depositado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, incluyó esta legislación dentro de los proyectos prioritarios para el Congreso Nacional. No obstante, esa prioridad se diluyó con el tiempo, y su estudio quedó relegado ante otros temas legislativos.
La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la comisión especial encargada de examinar el texto, reconoció que la atención legislativa se desvió hacia iniciativas como el nuevo Código Penal, provocando retrasos en el análisis del proyecto de libertad de expresión.
Pese a esto, aseguró que la pieza será retomada en el curso de la presente legislatura, aunque recordó que es competencia de la comisión decidir su destino final.
Desde su presentación, el proyecto ha sido discutido por representantes del Congreso junto a diversos sectores de la sociedad civil. Entre los actores consultados figuran la comisión creada por el Poder Ejecutivo para redactar la propuesta, la organización Participación Ciudadana, la Sociedad Dominicana de Diarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), todas las cuales han expresado su respaldo general al contenido del proyecto.
No obstante, Participación Ciudadana ha solicitado modificaciones específicas. En particular, ha manifestado preocupación por el artículo 59 del proyecto, el cual faculta a los tribunales a ordenar la eliminación de afirmaciones consideradas difamatorias durante procesos judiciales.
La organización considera que esta disposición podría entrar en conflicto con la naturaleza de los procedimientos penales, donde se presentan acusaciones que, aunque sensibles, forman parte del derecho a la información y al debido proceso.
El proyecto de ley también incluye disposiciones orientadas a ampliar el acceso a internet como derecho fundamental. Reconoce expresamente el derecho de toda persona a conectarse a la red sin distinción de su condición social, económica o geográfica, como medio para ejercer las libertades de expresión, información y otros derechos fundamentales.
Asimismo, establece el compromiso del Estado de garantizar un acceso universal, equitativo, económicamente asequible y de calidad a la infraestructura digital y a los servicios de tecnologías de la información.
Finalmente, la ley establece que sus disposiciones serán aplicables a plataformas digitales comerciales, incluidas redes sociales, siempre que cuenten con una comunidad de usuarios que represente al menos el 10 % del total de usuarios de internet en el país.
Esta disposición busca asegurar que las grandes plataformas cumplan con los principios y normas establecidos en la legislación nacional en materia de libertad de expresión y acceso a la información.
