¿Qué ha ocurrido con las causas progresistas?
Flavio Darío Espinal
La promulgación del Código Penal sin las tres causales constituyó un revés significativo para el movimiento feminista, prácticamente el único segmento progresista mínimamente visible en la vida pública dominicana. Ese sector apostó electoralmente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) porque este partido asumió como posición oficial la aprobación de las tres causales, lo que no hizo en su momento el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Igual ocurrió con el presidente Luís Abinader, quien asumió como parte de su identidad política el apoyo a las tres causales, lo cual no hicieron de manera abierta los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes, sin embargo, observaron el Código Penal cuando este les llegó a su escritorio sin las tres causales. En el caso de Medina, este lo observó dos veces por esa razón sin que tuviera en su base de apoyo social un segmento importante organizado que enarbolara esa demanda o frente al cual hubiese asumido ese compromiso.
Una gran parte de la comunidad jurídica del país, especialmente la vinculada al ejercicio del derecho penal, ha celebrado la aprobación del nuevo Código Penal porque, se alega, este representa una superación del viejo y obsoleto código napoleónico. Alegan que era mejor aprobar el nuevo código ahora, aun con sus deficiencias, para luego, con más calma, haciendo provecho del vacatio legis, hacer los cambios y ajustes necesarios.
El problema que tiene este enfoque tecnicista es que pasa por alto el hecho de que la demanda por las tres causales se asoció discursivamente a este código, es decir, este se convirtió, para bien o para mal, en la plataforma política y jurídica para la discusión de esta demanda del movimiento feminista y de otros sectores que apoyan las tres causales. Por tal motivo, la aprobación de este código sin las tres causales representa, desde cualquier ángulo que se vea, una derrota para el movimiento feminista que sale debilitado y desgastado de esta batalla.
Aparte del movimiento a favor de las tres causales, hay otro ámbito en el que se pone de manifiesto un repliegue y un debilitamiento del movimiento progresista en el país. Se trata de la cuestión relativa a los inmigrantes haitianos, quienes prácticamente han quedado sin defensores en la vida pública dominicana. Hace apenas una década había una fuerte corriente de opinión, en los medios de comunicación y algunos partidos políticos, a favor de los derechos de los migrantes haitianos. De hecho, cuando a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 se aprobó la Ley 169-14, la cual procuró restaurar la nacionalidad a una parte de la población que había sido desnacionalizada, la crítica que los sectores progresistas le hicieron a esa ley fue que esta no iba suficientemente lejos en la reivindicación del derecho a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular. Por supuesto, en el otro extremo la crítica era que la ley fue demasiado lejos, pues se alegó que cientos de miles de haitianos se aprovecharían de las facilidades de la Ley 169-14 y su reglamento de aplicación, lo cual, desde luego, nunca llegó a suceder.
En cualquier caso, lo que este artículo quiere resaltar es que, en tiempos recientes, es notable la ausencia de voces que, aunque sea mínimamente, reivindiquen derechos a favor de los inmigrantes haitianos. Más bien, lo que ha ocurrido es lo contrario: no hay espacio posible para discutir racionalmente la posibilidad de regularizar una parte de los inmigrantes haitianos, al menos los que tienen más arraigo en el país, ni siquiera a la luz de las necesidades apremiantes del mercado laboral principalmente en las áreas de la agricultura y la construcción. Por suerte, la política de deportación que ha reducido la disponibilidad de mano de obra haitiana ha coincidido con una desaceleración del sector construcción, pues, de no haber sido así, el país tuviera -como en realidad comienza a tener- un problema serio de mano de obra en áreas clave de la economía dominicana.
En otra época, el movimiento progresista dominicano luchaba por las libertades públicas, elecciones libres y transferencia pacífica de mando de un partido político a otro como condiciones para dejar atrás el autoritarismo. En el presente, los temas que conciernen al movimiento progresista en el país tienen que ver con otras cuestiones, como las tres causales, otros derechos de las mujeres, la situación de los inmigrantes haitianos, la no discriminación por razones de cualquier tipo, entre otras causas progresistas. Avanzar en estos temas, aunque sea de manera gradual pero sostenida, equivaldría a una expansión de derechos a favor de sectores sociales a los que históricamente se les ha negado.
Lo que se nota, sin embargo, es un repliegue y un debilitamiento del movimiento progresista tal vez como efecto del ambiente general conservador en la política mundial o como expresión particular de un reacomodo político interno resultante, paradójicamente, de un ciclo político que estaba llamado o supuesto a ser más progresista, pero que se ha movido en una dirección política distinta. Se nota cada vez más, dentro y fuera del gobierno, una falta de contrapeso de ideas y posiciones sobre temas como estos que se están abordando fundamentalmente desde una perspectiva conservadora, lo que está dejando muy poco o ningún espacio para otros enfoques, otras sensibilidades y otras propuestas que pudiesen generar políticas públicas más centristas y, en algunos casos, más sensatas y efectivas.
Diario Libre