¿Qué pasará con los aranceles de Trump luego de que un tribunal federal de apelaciones los anuló?
POR PAUL WISEMAN and LINDSAY WHITEHURST
WASHINGTON, 30 agosto. — El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado audazmente tener un poder prácticamente ilimitado para eludir al Congreso e imponer amplios impuestos sobre productos extranjeros.
Ahora un tribunal federal de apelaciones ha puesto un obstáculo en su camino.
El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal dictaminó el viernes que Trump fue demasiado lejos cuando declaró emergencias nacionales para justificar la imposición de amplios impuestos de importación a casi todos los países del mundo. En gran medida, el fallo confirmó una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio especializado en Nueva York. Sin embargo, la decisión por 7 votos a favor y 4 en contra del tribunal de apelaciones anuló una parte de ese fallo que invalidaba los aranceles de inmediato, lo que le da tiempo a su gobierno para apelar ante la Corte Suprema federal.
El fallo fue un gran revés para Trump, cuyas políticas comerciales erráticas han sacudido los mercados financieros, paralizado a las empresas debido a la incertidumbre e incrementado los temores de que haya precios más altos y un crecimiento económico más lento.
¿Qué aranceles eliminó el tribunal?
La decisión del tribunal se centra en los aranceles que Trump impuso en abril a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos y en los gravámenes que aplicó antes a China, México y Canadá.
El 2 de abril —al que Trump llamó Día de la Liberación—, el mandatario impuso los llamados aranceles recíprocos de hasta el 50% a los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, y aranceles base del 10% a casi todos los demás.
Luego el presidente suspendió los aranceles recíprocos por 90 días, con el fin de dar tiempo a los países a negociar acuerdos comerciales con Washington y reducir sus barreras a las exportaciones estadounidenses. Algunos lo hicieron —incluidos el Reino Unido, Japón y la Unión Europea—, y alcanzaron acuerdos desiguales con Trump para evitar aranceles aún mayores.
Aquellos que no cedieron —o de alguna manera hicieron enfurecer a Trump— fueron golpeados más fuerte este mes. Laos fue afectado con un arancel del 40%, por ejemplo, y Argelia con un gravamen del 30%. Trump también mantuvo los aranceles base en su lugar.
Alegando que cuenta con un poder extraordinario para actuar sin la aprobación del Congreso, Trump justificó los impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977, al declarar que los prolongados déficits comerciales de Estados Unidos eran “una emergencia nacional”.
En febrero había invocado esa ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, diciendo que el flujo ilegal de inmigrantes y drogas a través de la frontera estadounidense constituía una emergencia nacional y que los tres países necesitaban hacer más para detenerlo.
La Constitución de Estados Unidos le otorga al Congreso el poder de establecer impuestos, incluidos los aranceles. Pero los legisladores han permitido gradualmente que los presidentes asuman más poder sobre los aranceles, y Trump ha aprovechado al máximo esta situación.
La impugnación judicial no abarca otros aranceles de Trump, incluidos los gravámenes al acero, el aluminio y los automóviles extranjeros que el presidente impuso después de que investigaciones del Departamento de Comercio concluyeran que esas importaciones eran amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Tampoco incluye los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato —y que el presidente Joe Biden mantuvo— después de que una investigación gubernamental concluyera que los chinos usaron prácticas desleales para dar ventaja a sus propias empresas tecnológicas sobre rivales de Estados Unidos y otros países occidentales.
¿Por qué falló el tribunal en contra del presidente?
El gobierno había argumentado que los tribunales habían aprobado el uso de aranceles de emergencia por parte del entonces presidente Richard Nixon en el caos económico que siguió a su decisión de poner fin a una política que vinculaba el dólar estadounidense al precio del oro. El gobierno de Nixon citó con éxito su autoridad bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte del lenguaje jurídico utilizado más tarde en la IEEPA.
En mayo, el Tribunal Federal de Comercio Internacional en Nueva York rechazó el argumento, dictaminando que los aranceles del Día de la Liberación de Trump “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente” bajo la ley de poderes de emergencia. Para llegar a su decisión, el tribunal de comercio combinó dos impugnaciones —una de cinco empresas y otra de 12 estados de Estados Unidos— en un solo caso.
El viernes, el tribunal federal de apelaciones escribió en su fallo de 7 votos frente a 4 que “parece poco probable que el Congreso haya tenido la intención de… otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles”.
Una disidencia de los jueces que no estuvieron de acuerdo con el fallo del viernes abre un posible camino jurídico para Trump, al concluir que la ley de 1977 que permite acciones de emergencia “no es una delegación inconstitucional de autoridad legislativa bajo las decisiones de la Corte Suprema”, que han permitido al legislativo otorgar algunas autoridades arancelarias al presidente.
Entonces, ¿dónde deja esto la agenda comercial de Trump?
El gobierno ha argumentado que, si los aranceles de Trump son anulados, podría tener que reembolsar algunos de los impuestos de importación que ha recaudado, lo que supondría un golpe financiero para el Tesoro federal. Los ingresos por aranceles totalizaron 159 mil millones de dólares para julio, más del doble de lo que eran en esa misma época el año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia advirtió en un documento jurídico este mes que revocar los aranceles podría significar “ruina financiera” para Estados Unidos.
Además podría poner a Trump en una posición inestable cuando intente imponer aranceles en el futuro.
“Aunque los acuerdos comerciales existentes pueden no desbaratarse automáticamente, el gobierno podría perder un pilar de su estrategia de negociación, lo que podría envalentonar a los gobiernos extranjeros a resistir futuras exigencias, retrasar la implementación de compromisos previos o incluso buscar renegociar términos”, advirtió Ashley Akers, abogada sénior en el bufete de abogados Holland & Knight y exabogada de juicio del Departamento de Justicia, antes de la decisión del tribunal de apelaciones.
El presidente se comprometió a llevar la lucha a la Corte Suprema. “Si se permite que se mantenga, esta decisión literalmente destruiría a Estados Unidos”, escribió en su red social.
Trump tiene leyes alternativas para imponer impuestos de importación, pero limitarían la rapidez y severidad con la que podría actuar. Por ejemplo, en su decisión de mayo, el tribunal de comercio señaló que Trump retiene un poder más limitado para imponer aranceles con el fin de abordar déficits comerciales bajo otro estatuto, la Ley de Comercio de 1974. Pero esa ley restringe los aranceles al 15% y a sólo 150 días en países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales.
El gobierno también podría invocar gravámenes bajo una autoridad jurídica diferente —la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962—, de la misma forma en que lo hizo con los aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles extranjeros. Pero eso requiere una investigación del Departamento de Comercio y no puede simplemente ser impuesto a discreción del presidente. AP
