Ratifican prisión preventiva contra capitán implicado en red que sustrajo más de 900 mil municiones
Santo Domingo, 25 marzo.– El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra el capitán de la Policía Nacional, Nelson Valdez, señalado como integrante de una red criminal acusada de sustraer más de 900,000 proyectiles de la institución.
La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, que sostiene que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida. Valdez se desempeñaba como encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía Nacional al momento en que fue desmantelada la red, como parte de la Operación Pandora ejecutada en noviembre de 2024.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el grupo criminal habría provocado un desfalco al Estado dominicano ascendente a 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos, mediante la sustracción de 836,970 municiones y 645 pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
El caso también involucra al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien dirigía esa dependencia y actualmente cumple prisión preventiva, así como a otros imputados identificados como Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes enfrentan distintas medidas de coerción.
La fiscal Rosa Ysabel explicó que la medida de prisión preventiva contra Valdez fue confirmada debido a la gravedad de los hechos y a que no se han modificado las circunstancias procesales. Según indicó, al imputado se le atribuye la sustracción de una gran cantidad de municiones, incluidas de alto calibre y de uso militar, las cuales habrían sido comercializadas tanto a civiles como a miembros de cuerpos armados.
En relación con el proceso, las fiscales Rosa Ysabel y Jhensy Víctor informaron que el tribunal, presidido por la jueza Patricia Padilla, acogió además la solicitud de dejar sin efecto la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas contra Narciso Feliz, Juan Soler y Morelbin Medina. Esta decisión se fundamenta en que dichos imputados ya habían sido objeto de revisión mediante recurso de apelación conocido el pasado 12 de febrero por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Los principales implicados en el caso, entre ellos Narciso Feliz, Juan Soler, Nelson Valdez y Morelbin Medina, cumplen prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de La Victoria.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusa a un total de 11 personas físicas de formar parte de esta red dedicada a la sustracción y comercialización ilícita de armas, municiones y explosivos pertenecientes a la Policía Nacional.
Las investigaciones indican que los imputados habrían participado de manera directa en maniobras para desviar estos bienes, que posteriormente eran vendidos de forma ilegal, obteniendo beneficios económicos en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador ha calificado estos hechos como violaciones a múltiples disposiciones legales, entre ellas los artículos 123 y 124 del Código Penal sobre coalición de funcionarios; los artículos 166 y 167 relativos a la prevaricación; los artículos 171 y 172 sobre desfalco; así como los artículos 265 y 266 que sancionan la asociación de malhechores.
Asimismo, se les imputan infracciones a la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, incluyendo la tenencia y porte ilegal, tráfico ilícito y uso indebido de armamento oficial. También se contemplan cargos bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como delitos vinculados a la falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas.
La audiencia preliminar para conocer la acusación formal y los elementos de prueba que sustentan el caso ha sido fijada para el 14 de abril de 2026, ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
