RD deberá enfrentar en tribunal de arbitraje cancelación contrato suministro de asfalto

Santo Domingo, 14 nov – República Dominicana irá a un arbitraje internacional con la empresa extranjera que por años estuvo suministrando material asfáltico al país, cuyo contrato fue cancelado en noviembre del 2020 por las actuales autoridades del ministerio de Obras Públicas, informan este lunes medios de prensa locales.  

En esa fecha, concretamente el 30 de noviembre, Obras Públicas estimó vencido el contrato firmado durante la gestión de Gonzalo Castillo con la empresa Sargeant Petroleum, en el año 2017 por la entrega de AC-30, revela una nota de Diario Libre.

Dieciocho meses después la empresa afectada por esa decisión, Sargeant Petroleum, LLC, solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial un proceso de arbitraje contra la República Dominicana por la terminación del acuerdo.

El proceso de arbitraje ha avanzado. El 28 de octubre el CIADI conformó el tribunal de arbitraje que será constituido por la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, como presidenta, y los árbitros David R. Haigh, canadiense y propuesto por la parte reclamante, y el francés Alexis Mourre, propuesto por la parte reclamada.

Al anunciar la terminación del contrato con Sargeant Petroleum, el Ministerio de Obras Públicas emitió un comunicado señalando que «durante más de 20 años se han generado distorsiones de precios en los procesos de contratación de obras públicas viales, que, a su vez, provienen de contratos poco transparentes realizados por el MOPC para la adquisición de hormigón asfáltico caliente y de su principal materia prima, el AC-30». Durante ese periodo, Sargeant Petroleum fue el principal proveedor del material para el Estado dominicano.

Desde el año 2003 la empresa Sargeant Petroleum tuvo, durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, una relación muy estrecha con Obras Públicas y Comunicaciones.

De acuerdo con reportes internacionales, Sargeant Petroleum es una empresa del jordano Mustafá Abu Nabaa y el estadounidense Harry Sargeant III.

El primer contrato fue firmado por el exsecretario Miguel Vargas Maldonado, un acuerdo que, además de proveer el galón de AC-30 a un costo de 0.3618 centavos de dólar, incluía otra parte por 0.38 centavos de dólar por galón concepto de almacenamiento.

Entonces, Sargeant Petroleum y Obras Públicas firmaron el convenio con una duración de ocho años. Un contrato grado a grado que se firmó antes de la aprobación de la ley vigente de Compras y Contrataciones. Sin embargo, el contrato pudo extenderse por tres años más luego de la aprobación de la ley, gracias a adendas que la violaron de manera olímpica, según consideró Compras y Contrataciones en la resolución 23-2013.

“Si bien es cierto todas las adendas realizadas previo a la finalización del referido contrato, es decir, 26 de febrero de 2011, están amparadas en la legislación vigente al momento de la suscripción del contrato original, no menos cierto es que luego de la llegada del referido contrato, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones debió acogerse a las disposiciones de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones contenidas en la ley vigente”.

Las adendas posteriores al vencimiento del contrato se firmaron el 6 de junio, el 9 de agosto, el 29 de agosto y el 17 de octubre de 2011; adendas que se firmaron, además, a pesar de que Sargeant Petroleum no figuraba en los registros de Compras y Contrataciones como proveedor del Estado, por lo cual, cita el documento “no puede (a la sazón) contratar con el Estado Dominicano”.

Por esta razón, Compras y Contrataciones consideró que las adendas sometidas al cuerdo posterior al vencimiento del contrato original no cumplían con las disposiciones de la ley sobre Compras y Contrataciones Públicas.

DL no obtuvo respuesta del MOPC para esta nota, ni fue posible contactar al empresario Abu Nabaa.

Sargeant Petrolum y Obras Públicas, en el 2017, acordaron un consumo mensual de un millón 260 mil galones. Por parte del Ministerio, la cláusula tenía una suerte de “acuerdo sombra”, que señalaba que, en caso de que el material despachado estuviera por debajo del monto anual de 15 millones 120 mil galones, el Gobierno pagaría la diferencia.