RD invierte más de RD$1,068 millones en partos de madres haitianas en 2024
Santo Domingo, 5 de febrero – La República Dominicana destinó aproximadamente RD$1,068,757,173 para la atención de partos y cesáreas realizadas a las 32,967 madres haitianas que dieron a luz en hospitales públicos durante el 2024, tomando en cuenta el costo promedio de RD$32,419 por procedimiento, según estimaciones basadas en estudios internacionales.
Así lo revela el doctor Pedro Ramírez Slaibe, consultor y experto en sistemas de salud, quien también se desempeñó como director de Aseguramiento para el Régimen Subsidiado de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). Ramírez Slaibe sostiene que el cobro de servicios de salud a inmigrantes en condición irregular presenta serias contradicciones normativas y conflictos jurídicos, por lo que el Gobierno debería explorar alternativas más viables.
El especialista explicó que, para calcular la inversión total en nacimientos registrados en hospitales públicos durante el 2024, utilizó como referencia los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en República Dominicana, donde se estima que el costo promedio de la atención del embarazo y la maternidad en hospitales públicos es de RD$32,419 por parto, ya sea por vía vaginal o cesárea, mientras que en clínicas privadas asciende a RD$64,525. Este costo incluye honorarios médicos, atención prenatal y el proceso de parto.
Tomando en cuenta los datos publicados el martes por el Listín Diario, Ramírez Slaibe destacó que en 2024 se realizaron en hospitales públicos un total de 91,661 nacimientos, de los cuales 46,869 (51.13%) fueron partos vaginales y 44,792 (48.87%) fueron cesáreas.
Al aplicar el costo promedio por nacimiento de RD$32,419, se estima que la inversión total en atención de partos de dominicanas y haitianas ascendió a RD$2,971,015,799. De esta cifra, RD$1,068,757,173 correspondieron a los nacimientos de madres haitianas.
El experto recordó que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó en su Resolución 537-03 un aumento del per cápita del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Subsidiado, incrementándolo en RD$22.05 mensuales hasta alcanzar un total de RD$259.43, lo que permite cubrir todos los servicios incluidos en el Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
Basándose en estos datos, Ramírez Slaibe calculó que con los recursos invertidos en partos de extranjeras se podrían haber cubierto 343,303 dominicanos dentro del Régimen Subsidiado.
Ante las declaraciones recientes del presidente Luis Abinader sobre la posibilidad de implementar mecanismos para que los servicios de salud dejen de ser gratuitos para los extranjeros en condición de tránsito, Ramírez Slaibe advierte que esta medida requiere un análisis profundo, pues el cobro a inmigrantes en situación irregular podría generar conflictos legales y contradicciones normativas.
El consultor señaló que, si el Gobierno decidiera cobrar por servicios médicos a inmigrantes sin documentos, estaría reconociéndolos implícitamente dentro del sistema legal del país.
Sin embargo, los contratos de servicios requieren la capacidad jurídica de ambas partes, y para exigir un pago, el Estado tendría que otorgar algún tipo de reconocimiento legal a estos ciudadanos, lo que entraría en contradicción con su estatus migratorio. En este sentido, Ramírez Slaibe advierte que tal medida podría generar demandas legales y dificultades en su aplicación.
Asimismo, el experto en salud sostiene que esta iniciativa podría entrar en conflicto con el artículo 61 de la Constitución de la República, que establece el acceso a la salud como un derecho fundamental. Además, el artículo 4 de la Ley General de Salud (42-01) estipula que el acceso a la salud debe ser universal, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio, lo que obligaría al Estado a garantizar estos servicios esenciales.
Desde una perspectiva internacional, la medida también podría ser incompatible con acuerdos y tratados firmados por el país, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que prohíbe la discriminación en el acceso a la salud, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los Estados no pueden imponer barreras arbitrarias al acceso a servicios esenciales.
Ramírez Slaibe concluye que, aunque la atención a parturientas extranjeras representa una carga financiera significativa para el Estado dominicano, cualquier modificación en la política de salud debe ser abordada con un enfoque integral, considerando tanto los aspectos legales como las implicaciones económicas y sociales de restringir el acceso a estos servicios.
