Rechazado retiro de grillete electrónico para acusado en caso de corrupción «Operación Coral»
Santo Domingo, 29 agosto – El recurso presentado por José Manuel Rosario Pirón, acusado de corrupción administrativa en el marco de los expedientes de las «Operaciones Coral» y «Coral 5G», para retirar su grillete electrónico, ha sido declarado inadmisible por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El Ministerio Público lidera las acusaciones en estos casos relacionados con corrupción, en los cuales el acusado está implicado.
La decisión fue tomada por los jueces Isis Muñiz, Delio Germán y Rosalba Garib, quienes se basaron en la información del auto de apertura a juicio contra Rosario Pirón.
En dicho auto, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó las medidas de coerción existentes, y esta confirmación fue notificada al acusado el 21 de agosto de este año.
La magistrada Isis Muñiz también ordenó el archivo de la glosa procesal en relación a este asunto.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, en representación del Ministerio Público, presentó el caso en la audiencia. José Manuel Rosario Pirón, junto con otros procesados involucrados en las «Operaciones Coral» y «Coral 5G», fue remitido a juicio en julio pasado, fusionándose los expedientes correspondientes. El juicio está programado para el 26 de octubre en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los casos de corrupción vinculados a estas operaciones fraudulentas fueron desentrañados a través de la cooperación entre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Junto a Rosario Pirón, en estos expedientes se encuentran acusados el mayor general policial Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El enjuiciamiento también incluye a otros individuos y entidades corporativas. Las acusaciones varían desde asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano hasta falsificación de documentos públicos y lavado de activos.
El presunto entramado de corrupción afectó al Cusep, Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Las medidas de coerción impuestas a los acusados, incluyendo prisión preventiva por 18 meses, fueron respaldadas por el Ministerio Público y el caso fue considerado de tramitación compleja. Los cargos imputados en estos procesos involucran a 48 personas, entre individuos y entidades, acusados de defraudar al Estado dominicano en más de 4,000 millones de pesos.
