Rechazo a un nuevo plan de regularización
Ramón Núñez Ramírez
El pasado jueves se iniciaron los trabajos del Consejo Económico y Social, basados en los acuerdos arribados el 14 de mayo entre el presidente Abinader y los expresidentes Mejía, Fernández y Medina, para discutir un plan consensuado de como enfrentar el colapso del Estado haitiano, la masiva migración ilegal y los peligros que representa para la supervivencia del Estado dominicano.
Previo al encuentro, voceros empresariales habían propuesto un nuevo plan de regularización como salida a la innegable necesidad de mano de obra haitiana y uno de los expresidentes, Hipólito Mejía, bendijo con sus declaraciones la necesidad de ese plan.
Ese será un tema medular del CES y aunque el pulso de la opinión pública indica que la mayoría de los dominicanos han adquirido conciencia sobre peligro que representa la crisis de Haití para la estabilidad democrática, social y económica de la nación, hasta lo proclamó el presidente del Conep en el 62 aniversario, evidentemente los poderes fácticos se moverán para lograr un plan de regularización como conclusión de una de las mesas de trabajo.
La Ley de Migración (Ley 285-04) consigna en su artículo 151 un plan de regularización y también la histórica sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 lo ordena, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 327-13 para esos fines y fracasó.
Posteriormente, ante las presiones internacionales y la versión local de una supuesta apatridia de medio millón de dominicanos hijos de haitianos, el gobierno de Danilo Medina aprobó la Ley 169-14 dirigida a “establecer un régimen especial para personas nacidas en territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano”.
Se estableció un grupo A, de los nacidos en RD entre 1929-2007 e inscritos de forma irregular en el Registro Civil y ordenaba la validación de sus certificados de nacimiento y emisión de una nueva cédula de identidad y electoral y un grupo B de los nacidos bajo esas mismas circunstancias pero no habían sido inscritos irregularmente.
Se gastaron miles de millones de pesos y la JCE aportó sus equipos y fue otro fracaso ya que en el grupo A lograron la inscripción alrededor de 26 mil y 7,900 en el grupo B, justamente por la ausencia de documentos.
Meter al país en otro plan de regularización, con los fracasos previos, representa un intento de legalizar a los indocumentados con un procedimiento ilegal, pues la Ley de Migración 285-04 establece los requisitos y las vías para acceder a los diferentes tipos de visados.
No se pueden anteponer los intereses de sectores que se han hecho adictos a la mano de obra indocumentada, relativamente barata, productiva y sin los beneficios acordados a todo trabajador como es la inscripción en la seguridad social y la cesantía.
Que es necesario buscar una vía legal para garantizar la permanencia regular en el país de la mano de obra que requieren esos sectores, debe ser el marco de la discusión que podría incluir permisos temporales de trabajo, pero bajo ningún concepto podemos albergar indocumentados que excedan esa necesidad, pues estaremos alentando más inmigración masiva y la suplantación de la dominicanidad.
Lejos de un plan de regularización las propuestas del CES deben conducir a la aplicación de la Ley de Migración y las modificaciones que puedan surgir de la comisión designada por el presidente Abinader y coordinada por el Dr. Milton Ray Guevara.
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