Rechazo cristiano a la sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza relaciones homosexuales en cuerpos armados

Santo Domingo, 20 nov. – La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los artículos que penalizaban las relaciones homosexuales en el seno de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha generado un rechazo frontal por parte de los principales sectores religiosos del país, consolidando una inusual unidad de criterio entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas.

El obispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, ha sido la principal voz de la jerarquía católica en pronunciarse en contra del fallo, al que calificó de «desacertado» e «inconveniente», sumándose al rechazo expresado por entidades como la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue).

Monseñor Morel Diplán manifestó su profunda preocupación por la decisión del alto tribunal, señalando que este «debió ponderar mucho mejor el tema», al entender que al anular los artículos que sancionaban la sodomía, el Tribunal Constitucional estaría «abriendo puertas en instituciones importantes como la Policía Nacional a la homosexualidad».

A juicio del prelado, esta medida «manda una mala señal para la sociedad», en particular porque erosiona, según dijo, los fundamentos de la familia tradicional.

El obispo insistió en que deben protegerse los valores familiares y preservar la unidad entre el hombre y la mujer, en clara alusión a su visión del matrimonio. Además, expresó que este tipo de decisiones forman parte de una corriente sutil que promueve la normalización de prácticas contrarias a la moral cristiana, recordando incluso la controversia generada días atrás por la boda entre dos hombres oficiada por el exembajador estadounidense James «Wally» Brewster.

Enfatizó su oposición afirmando que la sentencia representa «un paso desacertado de parte de la institución».

El sector evangélico también se mostró firme en su condena a la decisión del Tribunal Constitucional. La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana calificó la Sentencia TC/01225/25 como una «aberración ética» y un «golpe directo a los principios morales, éticos y espirituales» que sustentan la nación dominicana.

Aseguraron que la decisión es «inconstitucional» y que atenta contra la esencia del cuerpo castrense, al introducir prácticas que, desde su óptica, erosionan su disciplina y cohesión interna.

Por su parte, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), a través de su presidente Feliciano Lacen, advirtió que el fallo constituye un «atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales», al tiempo que alertaron sobre el establecimiento de un «peligroso precedente» y lo catalogaron como parte de un proceso de «erosión cultural».

Ambas organizaciones religiosas hicieron un llamado a las autoridades competentes para que «revisen, reviertan o dejen sin efecto esta decisión», en aras de salvaguardar el orden moral y disciplinario del país.

La sentencia del Tribunal Constitucional derogó específicamente el artículo 210 de la Ley 285 (Código de Justicia de la Policía Nacional) y el artículo 260 de la Ley 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas), que sancionaban la sodomía —definida legalmente como concúbito entre personas del mismo sexo— con penas de prisión correccional de dos meses a dos años.

En su decisión, el Tribunal argumentó que estas disposiciones legales vulneraban el principio de razonabilidad y discriminaban de manera injustificada por motivos de orientación sexual, afectando los derechos fundamentales a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo.

Sin embargo, el fallo no fue unánime. La magistrada Eunisis Vásquez Acosta presentó un voto disidente en el que defendió que dichas normas debieron ser evaluadas bajo el prisma del régimen especial de disciplina militar, el cual permite ciertas restricciones a los derechos fundamentales en función del orden y cohesión institucional, argumento que resuena con las preocupaciones esgrimidas por las organizaciones religiosas.