¿Reforma fiscal en el horizonte? Crece la presión mientras Hacienda descarta una crisis pero admite urgencia en los cambios tributarios
Por Manuel Jiménez
Santo Domingo, 15 de noviembre de 2025. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró recientemente que la República Dominicana “no está ante una crisis inminente”, al tiempo que enfatizó la prioridad que su gobierno concede a la necesidad de presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria.
En sus propias palabras, la ejecución fiscal actual mantiene estabilidad, pero la urgencia radica en adaptar el sistema impositivo a los desafíos del mediano plazo.
Díaz subrayó que, aunque los indicadores macro no alertan sobre un colapso inmediato, persisten desequilibrios fiscales que requieren corrección mediante un acuerdo amplio con el sector privado, la sociedad civil y los partidos políticos.
En ese sentido, reconoció que varios sectores aún no están convencidos del todo para respaldar una reforma y que por ello seguirá el diálogo antes de presentar el borrador al Congreso.
El escenario oficial que presenta el gobierno es de recaudaciones tributarias récord, procedentes de una mayor eficiencia en la administración de impuestos y aduanas, un repunte en la inversión extranjera y crecimiento sostenido del turismo.
No obstante, esas cifras contrastan con la necesidad de atender un gasto público estructuralmente elevado, una deuda que crece y una proporción importante del presupuesto comprometida al pago de intereses.
Según el Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana mantiene una deuda pública consolidada que había alcanzado aproximadamente el 57 % del PIB en 2024, mostrando una ligera reducción hasta agosto de 2025 al 56.9 %.
La misión del FMI, que visitó el país este año, advierte que desarrollar una estrategia de ingresos a mediano plazo en consulta con los actores públicos, privados y civiles es esencial para lograr una reforma tributaria que fortalezca la sostenibilidad fiscal.
Por su parte, los críticos advierten que, pese al buen desempeño de recaudación, la inversión pública permaneció estancada desde 2020 y solo registra signos de recuperación desde 2024 —lo que limita la generación de crecimiento más vigoroso y la redistribución del impacto del endeudamiento.
Esta combinación de menor inversión, mayor carga de intereses y tensiones políticas incrementa la presión para actuar.
El cuadro fiscal más de cerca muestra lo siguiente: si bien el gobierno presume récords en recaudación, esos ingresos han tenido que absorber pagos de intereses crecientes, reduciendo el margen para inversión y programas sociales.
La misión del FMI advierte que “las tasas de interés elevadas para la deuda pública reducen los recursos disponibles para el gasto en infraestructura, servicios humanos e inversión”, lo cual constriñe el espacio fiscal.
El ministro Díaz insiste en que la presentación de la reforma no se hará de forma apresurada ni sin consenso. “La idea es que quienes tienen más paguen más”, afirmó en una entrevista, y agregó que revisiones al gasto —incluyendo algunos rubros considerados “extraordinarios” por la oposición— también serán parte del debate.
Mientras tanto, diputados de la Cámara y representantes del sector privado han señalado que “no es el momento para inquietar a la sociedad con una reforma tributaria unilateral”, sugiriendo que el calendario debe ser cuidadosamente calibrado.
En este contexto político, varios analistas se preguntan si el año 2026 —pleno de actividades electorales y con las elecciones congresuales y municipales en el horizonte— es el ambiente adecuado para impulsar una reforma de alto impacto.
Por un lado, el gobierno podría aprovechar un ciclo de crecimiento fiscal y visibilidad política para presentar el proyecto; por otro, el riesgo es mayor de que las tensiones políticas y sociales bloqueen o diluyan significativamente la reforma antes de que entre en vigor.
El país se encuentra en una fase de estabilidad relativa, pero con preocupaciones latentes: el gasto y la deuda empujan a buscar un nuevo equilibrio tributario. El gobierno lo reconoce y dice no querer precipitarse, pero también sabe que esperar demasiado puede aumentar los costos de la inacción.
El desafío será alinear los ingresos, racionalizar los gastos y hacer la reforma cuando haya más consenso que riesgo —y hacerlo antes de que las condiciones cambien.
