Regidor del PRM y exgeneral retirado entre los dominicanos que podrían enfrentar extradición a EE.UU. por narcotráfico
Santo Domingo, 22 de abril. – Una orden de captura emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida ha encendido las alarmas en el ámbito judicial y político dominicano, con la posibilidad de que varios ciudadanos sean solicitados en los próximos días por el Gobierno de Estados Unidos para fines de extradición.
Entre los implicados figura de manera destacada el regidor Edickson Herrera Silvestre, actual miembro del Concejo Municipal del Distrito Nacional en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Su nombre ha resonado con fuerza en los medios de comunicación, convirtiéndose en el más visible de los señalados.
Este nuevo escándalo representa la segunda gran mancha para el partido oficialista, tras el arresto y posterior condena en 2023 por narcotráfico del exdiputado Miguel Gutiérrez, convirtiéndose en el primer legislador dominicano en ser juzgado por este delito bajo la justicia estadounidense.
Según el expediente presentado por las autoridades norteamericanas, Herrera Silvestre es acusado de conspirar para traficar hacia EE.UU. una mezcla de sustancias con una cantidad detectable de cocaína. A él se le vincula directamente con una red que pretendía distribuir cinco kilogramos o más de esta sustancia controlada.
Además del regidor, en la acusación figura José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby” o “Meano”, también solicitado por las autoridades estadounidenses por los mismos cargos. Sin embargo, un tercer implicado ha pasado en gran medida desapercibido para la opinión pública.
Se trata de William Durán Jerez, identificado en el documento judicial como “el general”. Según fuentes vinculadas a organismos de investigación, se confirma que se trata del exoficial de la Policía Nacional retirado en 2009 mediante el Decreto 161-09 del entonces presidente Leonel Fernández. Durante su carrera, Durán Jerez ocupó importantes funciones, como la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE) hasta 2005, y posteriormente, la dirección de Seguridad Preventiva de la institución policial.
El mismo decreto que lo retiró por “antigüedad en el servicio”, también incluyó al general Hilario de la Cruz González y González, quien dirigía la dotación de Baní en el momento de la conocida matanza de Paya.
De acuerdo con la acusación de la corte de Florida, Herrera Silvestre, Aponte Torres y Durán Jerez formaban parte de una red dedicada a comercializar sustancias ilícitas en Estados Unidos.
El documento judicial señala que, debido a la magnitud de la droga incautada y la presunta participación activa en la conspiración, los acusados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua o un mínimo de diez años de prisión, además de multas que podrían alcanzar los 10 millones de dólares.
A la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha recibido formalmente la solicitud de extradición. Según el procedimiento establecido, la solicitud debe ser canalizada primero a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que luego la remite al despacho de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, quien a su vez la traslada al departamento de extradición.
Una vez recibida, el departamento de extradición solicita a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la emisión de una orden de arresto. Posteriormente, se fija una fecha para conocer medidas de coerción, las cuales pueden variar entre prisión preventiva, presentación periódica o arresto domiciliario.
Finalmente, se convoca una audiencia para tratar la solicitud de extradición. Este proceso se desarrolla en la Segunda Sala Penal de la SCJ, donde habitualmente el Gobierno de Estados Unidos es representado por la abogada Analdis Alcántara, junto a un procurador del departamento de extradición y el abogado defensor del acusado.
