República Dominicana avanza hacia su primera estrategia nacional de integridad con apoyo de la OCDE
París, Francia, 26 de marzo.– La República Dominicana trabaja de la mano con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la elaboración de su primera estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción, un proceso que se desarrollará entre 2025 y 2026.
Esta iniciativa contempla una evaluación integral del sistema de integridad del país, cuyos resultados servirán como base para diseñar un plan nacional. La responsabilidad de liderar este proceso recae en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento técnico de la OCDE.
Un informe preliminar del organismo internacional revela avances en el marco legal dominicano, aunque también identifica debilidades significativas, especialmente en la aplicación práctica de las normas.
En el ámbito del cabildeo, el país registra un 0 % tanto en normativa como en implementación, debido a la ausencia de leyes que regulen esta actividad. Asimismo, no existen disposiciones sobre los llamados “periodos de enfriamiento” para exfuncionarios ni registros públicos que identifiquen a los beneficiarios finales de las empresas.
Respecto a los conflictos de interés, la República Dominicana alcanza un 78 % de cumplimiento normativo, pero apenas un 22 % en la práctica. Aunque existen instrumentos como la declaración patrimonial, faltan mecanismos efectivos para gestionar estos conflictos. Desde 2018, solo el 14 % de dichas declaraciones ha sido verificado.
En financiamiento político, el país presenta un alto nivel de cumplimiento legal (90 %), pero su ejecución es limitada (14 %). Aunque la legislación prohíbe aportes ilegales y establece topes, no se publican de forma sistemática los informes financieros de campaña ni las sanciones aplicadas, y no todos los partidos rinden cuentas.
En materia de acceso a la información pública, los niveles de cumplimiento son de 67 % en normas y 58 % en la práctica, cifras ligeramente inferiores al promedio de la OCDE.
El sistema judicial muestra un 59 % de cumplimiento normativo y un 40 % en su aplicación, mientras que la integridad del Ministerio Público presenta indicadores más bajos: 21 % en normas y apenas un 5 % en la práctica.
Uno de los puntos más críticos identificados es el sistema disciplinario de los funcionarios públicos, con un 42 % en normas y 0 % en ejecución. El informe destaca la falta de reglas claras para apelar sanciones, ausencia de guías para investigar faltas administrativas y carencia de sistemas digitales para la gestión de casos.
La OCDE concluye que, aunque el país ha logrado avances en el plano legal, su principal desafío radica en cerrar la brecha entre lo establecido en las leyes y su aplicación efectiva.
La futura estrategia nacional de integridad tiene precisamente como objetivo reducir esa distancia y fortalecer la institucionalidad.
En el marco de estos esfuerzos, el presidente Luis Abinader realizó una visita oficial a Francia, donde participó en el Foro Global Anticorrupción en París y sostuvo un encuentro con su homólogo francés, Emmanuel Macron.
Durante la agenda, el canciller Roberto Álvarez y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, firmaron un Memorando de Entendimiento que formaliza la cooperación entre ambas partes, con el propósito de impulsar el intercambio de buenas prácticas y fortalecer las políticas públicas conforme a estándares internacionales.
En su intervención en el foro, Abinader afirmó que la integridad es un principio esencial de su gestión y un pilar clave para el desarrollo económico y democrático del país. Explicó que este enfoque se sustenta en cuatro ejes: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento.
El mandatario enfatizó que la integridad no debe verse como un simple eslogan, sino como un sistema de gobernanza basado en el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Advirtió que su ausencia debilita la legitimidad institucional y distorsiona el ejercicio del poder.
“La corrupción actúa como un impuesto invisible que eleva los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad”, expresó.
La OCDE, integrada por más de 38 países, cuenta con más de seis décadas de experiencia en la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, promover la prosperidad y generar oportunidades bajo principios de equidad y bienestar.
