República Dominicana intensifica operativos migratorios: Más de 142,000 haitianos deportados y repatriados desde octubre

Santo Domingo, 17 febrero. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que desde el inicio del plan ampliado de interdicción y contención migratoria en octubre de 2024, un total de 142,378 ciudadanos haitianos han sido expulsados del país.

De estos, 78,522 fueron deportados tras ser procesados en los centros de detención y acogida de Haina, Dajabón, Benerito y Santiago, mientras que otros 63,856 fueron repatriados directamente desde los puntos fronterizos.

Durante los primeros 15 días de febrero, la DGM reportó la deportación de 15,343 extranjeros en condición irregular, lo que eleva la cifra total de expulsados desde el inicio del plan en octubre.

Según el organismo, las operaciones se han realizado cumpliendo con los protocolos establecidos, garantizando el debido proceso y sin comprometer la seguridad de los deportados.

Las expulsiones se han llevado a cabo mediante operativos diurnos y nocturnos en distintas rutas planificadas. Estos operativos han contado con la coordinación de múltiples entidades, incluyendo el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

En los últimos 15 días, la DGM realizó 135 operativos de interdicción en distintas provincias, asegurando la aplicación de los procedimientos migratorios conforme a la Ley 285-04 y su Reglamento No. 631-11. En este período, 6,906 personas fueron deportadas y 8,437 repatriadas a sus países de origen.

Zonas de mayor intervención y perfil de los detenidos

Los operativos se han desplegado en diversas regiones del país, con una mayor incidencia en el Gran Santo Domingo (29 operativos), Santiago (15), Puerto Plata (9), La Vega (8), Dajabón (13), Elías Piña (14), Independencia (11), Pedernales (12), Azua (9) y La Altagracia (15).

La DGM destacó que el 98.8% de los detenidos y expulsados en estos operativos son ciudadanos haitianos. Sin embargo, también se registraron detenciones de personas provenientes de Ghana, Santa Lucía, Nigeria, Nicaragua, Trinidad y Tobago, China y Venezuela, evidenciando que los operativos abarcan a ciudadanos de diversas nacionalidades.

Las autoridades aseguraron que las deportaciones y repatriaciones se realizan en estricto cumplimiento de la normativa migratoria y respetando los estándares internacionales de derechos humanos. La DGM subrayó que cada persona detenida es sometida a un proceso de verificación y evaluación individualizada para garantizar que se respeten sus derechos y se sigan los protocolos correspondientes.

En lo que va de febrero, la DGM ha sometido a la justicia a 14 personas acusadas de delitos relacionados con la violación de las regulaciones migratorias, especialmente el tráfico ilícito de migrantes y la falsificación de documentos. Desde el inicio del año, se han registrado un total de 26 sometimientos por estos delitos.

Además de la aplicación de medidas de control migratorio, la DGM ha emitido en 2025 un total de 143 certificaciones, 2,168 permisos de estadía y 1,062 renovaciones de residencia, incluyendo permisos especiales para inversionistas extranjeros.

Planificación y estrategia operativa de los operativos migratorios

El organismo explicó que cada operativo es planificado con anticipación mediante labores de inteligencia. Antes de desplegarse, se realiza un levantamiento de información que permite definir las rutas, los horarios y la integración de cada equipo de interdicción. Estos equipos incluyen miembros de las Fuerzas Armadas, inspectores migratorios y agentes especializados en la detección y procesamiento de extranjeros en situación irregular.

La DGM reiteró que la organización y planificación de estos operativos tienen como objetivo garantizar el control migratorio y hacer cumplir la Ley 285-04, preservando la identidad y seguridad de la nación. Asimismo, reafirmó su compromiso con la aplicación de la normativa sin comprometer la dignidad ni los derechos de las personas sometidas a estos procesos.