República Dominicana solicita a la ONU el despliegue de fuerza multinacional en Haití
Santo Domingo, 24 octubre – Tres semanas después de la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una intervención multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, esta medida aún no se ha concretado. En respuesta a esta demora, el embajador dominicano ante la ONU, José Blanco Conde, ha instado a poner en marcha esta iniciativa.
Blanco Conde destacó ante el Consejo de Seguridad que todavía queda pendiente la implementación de la resolución 2699, que autoriza a los Estados miembros a participar en la formación y despliegue de una misión multinacional destinada a ayudar a la Policía Nacional de Haití en la restauración de la seguridad.
Actualmente, Haití se enfrenta a la presencia de unas 200 bandas criminales activas en todo su territorio, lo que dificulta que la Policía Nacional de Haití pueda combatir eficazmente la creciente delincuencia que afecta a la población. Hasta el momento, se han registrado alrededor de 200,000 desplazados a causa de los altos niveles de criminalidad.
El diplomático subrayó la disposición de Kenia para liderar este esfuerzo internacional, aunque es importante señalar que el envío de policías kenianos para la misión de paz en Haití debe recibir la aprobación del parlamento de Kenia.
La decisión ha enfrentado oposición en el legislativo, incluyendo la voz crítica del legislador Anthony Oluoch, quien argumentó que el envío de los policías no cumple con las disposiciones de la ley nacional de policía. A pesar de esto, el presidente de Kenia, William Ruto, ha prometido no defraudar al pueblo haitiano.
La situación de la policía en Haití también ha sido un tema de preocupación. Ghada Fathi, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), señaló que la Policía Nacional de Haití se encuentra en un estado constante de emergencia y en desventaja frente a las bandas armadas debido al flujo y disponibilidad de armas ilegales a las que los delincuentes tienen acceso. Esto ha llevado a que las bandas controlen cada vez más áreas del territorio haitiano, incluyendo aeropuertos, puertos y terminales de almacenamiento de combustible.
El uso de bandas criminales para interferir en la vida política y aterrorizar a la población de Haití se ha convertido en una práctica recurrente desde el mandato de François Duvalier (1957-1971) y, en particular, durante la presidencia de Michel Martelly (2011-2016).
Exigencias para la apertura de la frontera
En otro aspecto, el inspector migratorio de Haití en la frontera entre Juana Méndez y Dajabón, Charles Emmanuel, informó que los haitianos mantendrán el cierre de la frontera hasta que haya una «negociación justa» para reabrir el mercado binacional.
En una entrevista telefónica con Diario Libre, explicó que las autoridades migratorias rechazan la decisión unilateral del Gobierno dominicano de permitir la entrada de migrantes haitianos solo para comprar productos y no para vender.
«Tenemos nuestra mercancía para vender también. Si él (Luis Abinader) dice que nosotros podemos comprar nada más, y no tenemos qué vender, se equivocó Abinader. Este es un mercado binacional. Si los dominicanos tienen cinco productos para vender, nosotros tenemos cinco también», afirmó.
Emmanuel reiteró que si a los haitianos solo se les permite comprar y no vender, «la frontera estará cerrada hasta que venga otro presidente» en República Dominicana.
Además, se están exigiendo cambios en los procedimientos de entrada y salida de visas de turismo, estudiante y turista, pasando de ser mensuales a trimestrales, según lo informado por el inspector migratorio.
El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, confirmó que los haitianos han buscado reunirse con las autoridades dominicanas para discutir las condiciones de la reapertura de la frontera, aunque hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo.
El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que en una reunión reciente se acordó incrementar las sanciones contra las empresas que sean descubiertas enviando armas ilegales a Haití. También se decidió implementar un sistema de protección para taxistas, con la asignación de dos unidades para este fin.
Santos destacó que la Dirección General de Aduanas (DGA) ha incautado un total de 339 armas de fuego. Aunque no se especificó si estas armas estaban destinadas a ser transportadas a Haití, se subrayó que se reforzarán las medidas contra las empresas que sean sorprendidas traficando armas hacia la República de Haití, lo que incluirá la pérdida de licencia para operar.
