¿Retorno del fantasma de la reforma fiscal?

Leonel Fernández

El proyecto de reforma fiscal o de modernización fiscal, lanzado por las autoridades el año pasado, tuvo un gran poder de convocatoria: unificó a todos los sectores de la vida nacional en contra del gobierno.

Ese proyecto procuraba gravar a varios sectores de la economía dominicana. Se proponía una ampliación de la base tributaria al sustituir el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), por un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 18%.

Esto significaba que si antes se pagaba ITBIS por un jugo de naranja embotellado, con el IVA se pagaría, además, la naranja sin procesar. Solamente siete alimentos quedaban exentos del pago de impuestos: pan, el arroz, pollo, leche, huevo, plátano y yuca. Los 190 restantes tendrían que pagar un 18%, con lo cual se produciría un alza en los precios de los artículos de la canasta básica. En fin, un retroceso que conduciría al hambre y la pobreza.

Luego, se establecía un incremento de un 10% a un 15% sobre los honorarios, comisiones, remuneraciones y pagos por prestación de servicios; y hasta un aumento, también, de 25%, a los que obtuvieran ganancias en los juegos de azar.

Asimismo, se elaboró una propuesta de aumento de impuestos sobre la renta a personas físicas; de gravamen al patrimonio inmobiliario a partir de 5 millones de pesos.

Se pretendía fijar un impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas con azúcar añadida; a los vehículos de motor, duplicando el costo del marbete; a los servicios de plataformas digitales, como Netflix, Spotify y Google.

Más aún, se planteó eliminar las exenciones e incentivos al sector turístico (CONFOTUR), a las zonas francas, al sector industrial y a la emergente industria cinematográfica.

Fue, por consiguiente, ese proyecto de modernización fiscal el que provocó los cacerolazos a nivel nacional, las protestas sociales y la ira popular; lo cual, al final, ocasionó que el Poder Ejecutivo tuviese que retirarlo por inviable y abusivo.

Un decreto clandestino, de muerte súbita

Luego de haber tenido que dar marcha atrás con el referido proyecto de reforma o modernización fiscal, de manera subrepticia, en enero de este año, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 30-25 que aprueba el Reglamento para la Aplicación del ITBIS a los servicios ofrecidos a través de plataformas digitales.

Ese dispositivo legal hacía consignar en su artículo 7 que los servicios provistos a través de plataformas digitales serían gravados con el ITBIS. Entre esos servicios se encontraban la descarga de imágenes, texto, información, videos, música y juegos.

En adición, publicidad y redes sociales; periódicos y revistas en línea; almacenamiento en la nube; libros electrónicos, cursos en línea y bases de datos. A eso se le añadía, blogs, la visualización de noticias en líneas, información sobre el tráfico y pronósticos meteorológicos.

En el referido decreto se indicaba que los sujetos obligados, en términos fiscales, eran las personas físicas, jurídicas o entes no residentes ni domiciliadas en la República Dominicana.

Sin embargo, al verse estas instituciones obligadas al pago de impuestos al Estado Dominicano, lo que harían, en realidad, sería transferir esa carga tributaria a la factura de los usuarios dominicanos, que ya se extiende, no solo a la clase media, sino a la generalidad de los sectores de la vida nacional.

De manera extraña, el decreto 30-25, publicado en la Gaceta Oficial 11186, del 25 de enero del 2025, nunca fue aplicado. Estaba supuesto a entrar en ejecución en julio del presente año. No obstante, fue derogado mediante el decreto 107-25 del 3 de marzo de este año, dejándolo sin efecto con cuatro meses de antelación.

Eso nunca había ocurrido en la legislación dominicana. Dicen que falleció de muerte súbita. Tuvo una existencia efímera. No hubo necesidad de protestas. Parece que una autoridad superior amenazó con aranceles.

Un proyecto desafiante y desatinado

Con precisión de relojero suizo, el mismo día en que quedaba sepultado el decreto destinado a gravar los servicios digitales, el 3 de marzo, un legislador aliado al oficialismo ante la Cámara de Diputados incurría en un acto de osadía: introducía un proyecto de ley con el objetivo de modificar los regímenes de exenciones y privilegios fiscales.

De inmediato, un diluvio bíblico cayó sobre el proyecto. El Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP) advirtió sobre el impacto que pueden tener iniciativas legislativas y decisiones tributarias tomadas sin el debido consenso con los sectores productivos.

Expresó que la estabilidad y el diálogo han sido claves para el crecimiento económico del país, razón por la cual cualquier acción que lo ponga en riesgo debe ser analizada con cautela.

Igualmente, insistió el núcleo empresarial que “cualquier reforma fiscal debe debatirse en un marco amplio y estructurado, en lugar de aprobarse de manera fragmentada, lo que distorsiona el entorno económico”.

Por su parte, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) precisó que el proyecto recientemente sometido ante la Cámara Baja retoma una parte importante del proyecto de reforma o modernización fiscal debatido y retirado en octubre del año pasado.

Al hacerlo así, genera preocupación e incertidumbre en la población, ya que se entendía, por disposición del presidente de la República, de que el proyecto de reforma fiscal estaba fuera de la agenda oficial.

El proyecto recién introducido, enviado para conocimiento a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, procura eliminar el artículo 50 de la Ley No. 392 del año 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial, conocida como ley de PROINDUSTRIA, promulgada durante nuestra gestión de gobierno.

Además de afectar al sector de la manufactura local, el proyecto de ley de regímenes fiscales vuelve a replantear medidas que afectan al turismo, las zonas francas, el mercado hipotecario y la industria del cine.

Ante el rechazo generalizado recibido por la pieza legislativa, sectores del oficialismo, marcan distancia de uno de sus aliados, al menos frente a los medios de comunicación, para expresar su oposición.

Frente a tantas improvisaciones que generan desconfianza e incertidumbre, en los precisos momentos en que llega al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), cabría preguntarse: ¿Retorna el fantasma de la reforma fiscal?

Listín Diario