Revelan nuevos detalles del caso Senase: Funcionarios exigían sobornos en porcentajes y pagos fijos para agilizar contratos de seguridad

Santo Domingo, 12 julio. — Esta semana, el Ministerio Público formalizó la acusación contra un grupo conformado por militares y civiles, quienes presuntamente establecieron una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante exigencias de sobornos y manipulación de contratos.

Según la investigación, el modus operandi de la red consistía en exigir montos fijos y porcentajes sobre facturación mensual para favorecer a la empresa de seguridad privada Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase), que mantuvo contratos con varias instituciones públicas.

De acuerdo con las autoridades judiciales, entre los años 2012 y los inicios de 2025, Senase pagó al menos 108 millones de pesos en sobornos. Las instituciones afectadas incluyen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edesur y Edeeste.

La Fiscalía describe esquemas sistemáticos de pago de sobornos mediante porcentajes regulares ­–del 5 al 10 por ciento– o montos fijos, dependiendo del lugar, para garantizar la permanencia y agilización de los contratos.

La acusación detalla que el imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de Senase, era el principal enlace para el desembolso de los fondos ilícitos. Rodríguez González habría pactado la entrega de entre el 5 % y 10 % del valor total de facturación mensual, beneficiando a distintos funcionarios. Los sobornos fueron canalizados a través de pagos bancarios directos.

El caso se agrava aún más por el conocimiento que supuestamente tenía la empresa de que estas maniobras permitirían evitar controles, revisiones y garantizarían la continuidad del negocio.

Entre los favorecidos, destaca el nombramiento de Bolívar Nicolás Fernández Espinal, vinculado a Edenorte. La Fiscalía sostiene que recibió más de 35.3 millones de pesos entre 2020 y 2025. Este funcionario se encargaba de asegurar que la empresa contratante no enfrentara obstáculos administrativos ni inspecciones rigurosas por parte de la distribuidora eléctrica.

Asimismo, en Edenorte se transfirieron cerca de 5.2 millones de pesos a la cuenta del funcionario Andrés Pacheco Varela entre 2017 y 2020.

En el caso del Inaipi, se demuestra con lujo de detalle cómo se orquestaron los sobornos para asegurar la obtención de contratos públicos. En septiembre de 2022, cuando el instituto lanzó la licitación INAIPI-CCC-LNP-2022-0017, Rodríguez González contactó a Wellington Peralta Santos, empleado del departamento de seguridad del Inaipi, para sondear las condiciones requeridas por la institución. El propósito era adaptar la oferta de su empresa, Senase, y asegurar trato preferencial.

Inicialmente, Rodríguez González ofreció a Peralta Santos un soborno fijo de 100 000 pesos, que fue rechazado. El monto subió a 200 000 pesos, que aceptó el funcionario.

Posteriormente, la red se amplió con la participación de otro empleado, Francisco Guarín Fernández Vázquez, quien exigió el pago de un 10 % sobre el valor total del contrato. Tras una negociación con amenaza velada de impedir la ejecución del mismo, se ajustó el porcentaje a entre el 7 % y 8 % para cada factura emitida por Senase al Inaipi. Los pagos identificados hasta el momento ascienden a más de 12.8 millones de pesos.

La investigación también revela un esquema similar en Edeeste. A partir de octubre de 2020, tras ser nombrado director de Seguridad Física de dicha empresa, Luis Ernesto Vicioso Bocio contactó a Rodríguez González para solicitar pagos a cambio de agilizar la aprobación de las facturas correspondientes al contrato de Senase. Acordaron pagos mensuales fijos desde enero hasta junio de 2021, por un monto total de 1 655 000 pesos.

Simultáneamente, el exsupervisor de contratos Ramón Quezada Ortiz exigió 100 000 pesos por factura entre 2015 y 2020, con la intención de mantener los pagos sin controles. El esquema se extendía también al director de Seguridad Física, Daniel Martínez, quien solicitó y recibió un soborno adicional de 150 000 pesos por factura.

La Fiscalía calcula que los montos entregados a los funcionarios de Edeeste superan los 15 millones de pesos, y se detallan depósitos a los beneficiarios Viterbo Arias (7,144,691.80 pesos), Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (2,598,216.04 pesos), Carlos Ambrosio Robles Díaz (533,195.97 pesos), Cristóbal Cruz Díaz (180,053.13 pesos), y Pablo Alexis Martínez Garcés (100,000 pesos).

En lo que respecta a Senasa, la Fiscalía señala que Elías Caamaño Pérez, designado encargado del departamento de Seguridad Física en 2016, también pidió sobornos. Entre 2016 y 2019, se habría beneficiado con aproximadamente 3.03 millones de pesos por parte de Senase, tras asegurarse el canal de comunicación directa con Rodríguez González para “presentarse formalmente y exponer su plan de trabajo”.

La Fiscalía describe un patrón claro: la creación de mecanismos informales de solicitar sobornos, aprovechando cargos de supervisión y control. A cambio del dinero, los imputados garantizaban la omisión de controles internos, la rápida aprobación de pagos y la continuación de negocios con Senase.

También se documentan encuentros, palabras clave y referencias a la omisión deliberada de la vigilancia sobre la prestación efectiva de los servicios de seguridad privada, lo que constituiría corrupción activa y pasiva, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público también presentó pruebas como registros bancarios, extracciones de cuentas y comunicados entre los implicados. Además, se hicieron solicitudes de declaración jurada de bienes y seguimiento de activos, con el propósito de confirmar el enriquecimiento ilícito.

La acusación apunta a detener a los principales responsables. Además de Rodríguez González, están implicados militares y funcionarios públicos de Inaipi, Senasa, Edeeste, Edesur y Edenorte. Figuran también los funcionarios señalados como receptores de fondos, cuyos montos fueron especificados.

Expertos jurídicos señalan que este caso marca un hito relevante en el combate frontal a la corrupción en el país. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha señalado que este tipo de investigaciones requieren reformas institucionales, controles más rigurosos y seguimiento continuo de los contratos públicos, especialmente en el área de seguridad privada, altamente permeable a este tipo de manipulación.

El caso de Senase evidencia cómo la combinación de personal militar o con conexiones institucionales, funcionarios a cargo de supervisión, y un contratista dispuesto a pagar para tener ventaja, crea una cadena de impunidad y debilitamiento de las instituciones estatales.

La acusación también llega en un momento de creciente exigencia pública para transparentar los procesos de licitación y garantizar que los fondos destinados a servicios públicos no sean desviados hacia bolsillos particulares.

Paralelamente, la declaración de los imputados en audiencia preliminar será clave para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo participación de otros funcionarios en la red.

En términos financieros, la empresa Senase estaría en el centro del escándalo. De acuerdo a la investigación, utilizaba cuentas bancarias en distintas entidades financieras y documentos contables internos para registrar pagos y ubicar la complicidad, lo cual fue ratificado por la Fiscalía mediante órdenes de levantamiento del secreto bancario.

Abogados de los imputados han argumentado en declaraciones preliminares que los pagos podrían corresponder a bonificaciones legítimas o pagos por servicios adicionales. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los montos carecen de justificación económica dentro de los contratos, y que fueron directamente exigidos bajo presión.

El siguiente paso en el proceso judicial será la audiencia de medida de coerción, en la que los jueces valorarán los argumentos del Ministerio Público y las defensas. En caso de ser dictadas coerciones severas, como prisión preventiva, se espera que se garantice un corte efectivo del uso de influencias indebidas.