Se requiere una aclaración urgente
Por Miguel Guerrero
Las redes están llenas de denuncias acerca de la entrega de documentos de residencia a haitianos ilegales, en distintos puntos del territorio nacional, se menciona a Bávaro, un centro de alta actividad turística; San Pedro de Macorís y Jimaní, un pueblo fronterizo. El proceso de documentación estaría a cargo de personas totalmente ajenas y no vinculadas a la Dirección de Migración o de cualquiera otra oficina del Gobierno dominicano, según esos informes.
La información, si fuera cierta, sería muy grave, y si no lo fuese también. En cualquiera de los dos casos implicaría una total y absoluta falta de control sobre asuntos muy sensibles concernientes a la soberanía nacional. Dada la profunda preocupación por el aumento indetenible de una inmigración ilegal proveniente del lado opuesto de la frontera, generadora de una tensión cada vez mayor en el país, es comprensible entender así la urgente necesidad de una rápida aclaración formal, por sus posibles efectos similares a los de un bálsamo tranquilizante.
Las autoridades no ayudan con su silencio a disminuir el asombro y repudio público, e igual ocurre con el impasse ocurrido con Canadá, al rechazarse la versión oficial de ese país sobre un consentimiento dominicano a la instalación aquí de una oficina canadiense para el adiestramiento de la policía haitiana.
Lo grave con esto último es que un entrenamiento policial no es de esencial naturaleza teórica, sino física, pues incluye el uso de armas y tácticas militares. Y ya se habla, ante ese silencio, de un vínculo entre ese entrenamiento y el alquiler de un hotel en Puerto Plata para mejorar la policía nacional… y quién sabe si también la otra. El mutis oficial no ayuda a un discurso esforzado en convencer sobre un reinado de transparencia solo aceptada en los estrechos círculos donde reina el conformismo de quienes medran alrededor del poder temporal.
Fuente El Caribe
