Senado revisa 443 expedientes del controvertido barrilito, asegurando transparencia en su uso
Santo Domingo, 12 de agosto – En su más reciente informe de gestión, que abarca el periodo entre agosto de 2023 y julio de 2024, el Senado de la República Dominicana informó que revisó 443 expedientes relacionados con el uso del Fondo de Asistencia Social, conocido popularmente como el «barrilito». Este fondo ha sido objeto de críticas debido a su uso discrecional por parte de los senadores.
El informe del Senado detalla que estos 443 expedientes fueron entregados por las oficinas senatoriales de los 29 legisladores que actualmente reciben el barrilito. Según el informe, la entrega de estos documentos es un mandato obligatorio, ya que cada senador debe informar mensualmente en qué se gastan los recursos asignados por este fondo.
Al recibir los expedientes, el Senado afirmó que la revisión del barrilito «permitió un manejo idóneo» de los fondos destinados a las provincias, asegurando que el dinero fue utilizado de manera «diáfana» y conforme a los procedimientos establecidos.
«La revisión de estos expedientes permitió un manejo idóneo de los desembolsos efectuados a los senadores, en estricto apego a los procedimientos establecidos para estos casos», subraya el informe.
El barrilito, que es un fondo de asistencia social manejado por el Senado, le cuesta al Estado dominicano RD$252,852,000 al año. Sin embargo, no todos los senadores participan en este programa.
Tres legisladores, Faride Raful (Distrito Nacional), Eduardo Estrella (Santiago) y Antonio Taveras (Santo Domingo), renunciaron al beneficio por considerar que está desvinculado de sus funciones legislativas.
El resto de los senadores continuó recibiendo los fondos durante su gestión senatorial 2020-2024. El monto del barrilito que recibe cada senador varía según la población de la provincia que representan, lo que significa que senadores de provincias más pobladas, como San Cristóbal, Duarte, Puerto Plata, La Vega y San Pedro de Macorís, reciben sumas más elevadas.
El barrilito fue creado en 2006 con el objetivo de asistir a los pobladores de las provincias. Estos fondos se entregan mensualmente a los senadores, quienes tienen la libertad de utilizarlos de manera discrecional, sin reglas específicas que limiten su uso. Esta discrecionalidad ha sido objeto de críticas debido a la falta de transparencia y claridad en la administración de los fondos.
Pese a estas críticas, los senadores actuales y los electos, que serán juramentados el 16 de agosto, han defendido el uso del barrilito, argumentando que estos recursos les permiten resolver las necesidades de las provincias que representan.
Aunque ha habido propuestas tanto en el Senado como en el Gobierno para eliminar el barrilito, ninguna ha prosperado, y el fondo se mantiene en operación desde su creación en 2006.
