Solicitan a la PEPCA investigar desaparición de documentos públicos que impide pago de RD$390 millones a contratistas
Santo Domingo, 29 de julio. – Una comisión del Comité Institucional Codiano (CIC), integrada por el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Félix Micelli y Miguel Liberato, depositó ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una solicitud formal para que se investigue la desaparición de documentos públicos en varias instituciones contratantes, hecho que estaría obstaculizando el pago de una deuda estatal ascendente a RD$390 millones.
Según la denuncia del CIC, las instituciones involucradas han reconocido la ausencia de documentos clave que el Ministerio de Hacienda requiere para procesar pagos pendientes a 92 contratistas que ya entregaron las obras asignadas.
Esta situación, advirtió el Comité, ha dejado a decenas de estos profesionales en un limbo legal y financiero, algunos de los cuales recurrieron a recursos personales para completar los trabajos adjudicados por el Estado.
“Se trata de documentos generados por las propias instituciones deudoras, cuya desaparición constituye un hecho sumamente grave que podría evidenciar negligencia administrativa, encubrimiento o incluso sabotaje”, señala el escrito entregado por la comisión a la PEPCA.
El CIC sostuvo que la desaparición de documentos oficiales no puede considerarse un hecho menor, sino una infracción administrativa y potencialmente penal, por tratarse de archivos bajo custodia legal de funcionarios públicos. En su comunicado, no descartan la posibilidad de que se trate de “acciones dolosas o de sabotaje deliberado al mandato presidencial”.
A juicio del Comité, la pérdida, ocultamiento o destrucción de documentos públicos vulnera derechos contractuales, socava la confianza ciudadana en las instituciones y atenta contra el principio de legalidad que debe guiar la actuación de los servidores públicos.
La denuncia está respaldada por disposiciones legales del Código Penal, la Constitución de la República, la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley 41-08 de Función Pública, las cuales establecen sanciones concretas ante casos de mala gestión documental y asignan responsabilidad directa a los funcionarios encargados.
Como parte del soporte de su denuncia, el CIC anexó un listado con 52 expedientes correspondientes a contratistas perjudicados por la falta de documentación, los cuales, según el Comité, han sido reconocidos por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) como casos donde han desaparecido documentos requeridos de sus archivos.
