Solicitan medidas de coerción contra dos nuevos implicados en estafa millonaria con criptomonedas en RD
SANTO DOMINGO, 19 mayo. – El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas de coerción contra Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña, señalados como integrantes de una estructura delictiva vinculada a una estafa superior a los 2 millones de dólares que afectó a 113 personas mediante la comercialización fraudulenta de criptomonedas.
Ambos imputados, previamente declarados en rebeldía, fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y serán presentados este martes ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde la fiscalía pedirá arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico y prohibición de salida del país como medidas preventivas.
La investigación, liderada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, ha identificado delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos por parte de los imputados.
El expediente también involucra a otros acusados: Juan Diego Toribio Mejía, socio gerente de una de las empresas implicadas, y Samil José Abad de la Rosa, extraditado desde Colombia en enero tras una solicitud de cooperación judicial.
Además, figuran Yoima Guzmán Contreras, Luis Alejandro Lantigua Báez y Harold Martínez Hernández, quienes ya enfrentan distintas medidas de coerción, así como Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda, actualmente prófugo.
Según el Ministerio Público, los implicados lograron captar US$2,493,933 y RD$7,250,500 de las víctimas, fondos que fueron desviados a través de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana Inc. (Digicoop) y la empresa HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L.
En particular, Báez de la Rosa, Vicioso Ureña y Guzmán Contreras habrían recaudado directamente a través de Digicoop la suma de US$25,000 y RD$2,783,500 utilizando productos financieros inexistentes, según reportó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop). Este dinero era luego canalizado hacia la sociedad HDLS Digital Kingdom Investment Group.
El esquema funcionaba con la promesa de altos rendimientos bajo contratos de inversión en dólares —una moneda que, según Idecoop, no está autorizada para operaciones en cooperativas nacionales—, obligando posteriormente a los inversionistas a abrir cuentas en Digicoop como condición para mantener sus aportes. La estructura usó plataformas electrónicas y telecomunicaciones para ejecutar la estafa y encubrir el lavado de activos derivados de estos fondos ilícitos.
