Subsidios focalizados y transferencias condicionadas

Rafael Alburquerque

Cuando llegamos al Gobierno en agosto de 2004 el Gabinete Social que el presidente Leonel Fernández había puesto a mi cargo se dispuso a organizar un sistema de protección social con fin de afrontar la crisis que vivía el país y que había lanzado a la pobreza 1 millón 500 mil personas de la clase media.

La tarea era mayúscula, no solo por lo que su organización implicaba, sino por el temor que albergaban todos los miembros del equipo, integrado por reputados profesionales de la ciencia política, sociología y economía de que al final el Gobierno cediera a la tentación de trillar la senda del populismo y el clientelismo político.

Los precedentes que podían servirnos de referencia eran la negación de una verdadera política de protección social y la población estaba acostumbrada a ellos. De toda la vida conocíamos el famoso «dao»: dinero en efectivo, canastillas para las embarazadas, tarjetas en cartulina para comprar gas licuado de cocinar, reparto de electrodomésticos, planchas de zinc y un etcétera bien largo.

La protección social era otra cosa. Su finalidad era básicamente luchar contra la pobreza y para lograr éxitos en este propósito se necesitaba, en primer término, investigar y determinar cuáles hogares se encontraban en situación de ser escogidos como beneficiarios del programa; y, en segundo lugar, si bien, estos recibirían un subsidio para mejorar su situación de vulnerabilidad seria a condición de cumplir determinadas obligaciones.

¿Cómo cumplir con la primera tarea? Antes que nada, el subsidio debía ser otorgado exclusivamente a los hogares beneficiados, y estos eran los que se encontraban en pobreza (general o extrema). Por tanto, los subsidios generalizados debían necesariamente terminar, y fue así como se desmontó el del gas licuado para cocinar que hasta esos momentos beneficiaba a toda la población, incluyendo hogares ricos y de clase media alta y mediana, que obviamente lo podía pagar con sus ingresos.

Luego había que identificar cuáles eran los hogares pobres que recibirían el subsidio y específicamente el titular del hogar a quien se le entregaría la tarjeta correspondiente, y para hacerlo se creo un organismo gubernamental llamado Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) a quien se confió esta tarea.

Pero la transparencia debía acompañar al programa para que este fuera confiable y, por tal motivo, el padrón de todos los beneficiarios fue publicado en el portal electrónico del Gabinete Social para que pudiera ser conocido por cualquier ciudadano interesado.

Las instrucciones fueron categóricas. Solo el SIUBEN podía escoger los beneficiarios mediante la aplicación de un programa especialmente diseñado para ello. Desde luego, no faltaron presiones de altos funcionarios que recomendaban allegados y compañeros, y a todos se les explicaba cortésmente la imposibilidad de complacerlos. Las quejas llegaron hasta el propio despacho presidencial, pero el estadista que es Leonel Fernández se mantuvo firme en su apoyo al programa.

Una segunda condición para el éxito del programa eran las llamadas «transferencias condicionadas». Los hogares previamente seleccionados recibirían mes tras mes, el día fijado, sin fallar, un subsidio económico. Para recibirlo simplemente se activaba la tarjeta de débito que una institución bancaria del país, incluyendo bancos privados, les había entregado por instrucciones de otro organismo del programo denominado Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).

Con esta tarjeta de débito los beneficiarios podían adquirir alimentos en pequeños establecimientos comerciales, vale decir, colmados y pulperías ubicados en los barrios donde vivían, con lo que se evitaba que estos tuvieran que gastar en pasaje para su traslado.

Pero este subsidio recibido por los beneficiarios mes tras mes, sin un solo fallo ni atraso, estaba sujeto a una «transferencia condicionada», lo que significaba que se debían cumplir determinadas obligaciones, pues de lo contrario se perdía. ¿Cuáles eran estas obligaciones? La primera era la de inscribir a sus hijos en edad para hacerlo en una escuela pública y lograr que su asistencia no fuera menor de un 80% en el mes y la segunda, la de cumplir con los programas de vacunación para infantes y niños del Ministerio de Salud Pública y, de vivir en el hogar una joven embarazada, que esta cumpliera con los cuidados propios de su estado ofrecidos por la red púbica de hospitales.

Estas obligaciones eran de estricto cumplimiento, y mes tras mes los ministerios de Educación y Salud Pública remitían al Gabinete Social un informe detallado en las manos del vicepresidente de la República. Una sola prueba de lo afirmado.

En una ocasión el fenecido periodista Álvaro Arvelo denunció por un programa mañanero de gran popularidad que varias madres se quejaban porque habían sido privadas de la tarjeta Solidaridad.

Efectivamente, así había sido, y debí aclararle a mi amigo Alvarito que esas madres no habían inscrito a sus hijos en el nuevo año escolar, que ya habían sido debidamente notificadas y que se esperaba que cumplieran con su obligación para reactivarles la tarjeta.

Así funciona un programa de protección social, comprende presidente.

El Caribe