Suman 82 las querellas contra propietarios del Jet Set tras derrumbe mortal
Santo Domingo, 14 junio. – La cifra de querellas y denuncias presentadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional por el colapso del techo en la discoteca Jet Set asciende ya a 82.
El trágico suceso, que tuvo lugar el pasado 8 de abril durante una de las populares fiestas de los lunes, dejó un saldo de 226 personas fallecidas y más de 180 heridas. El impacto del evento ha motivado a familiares de las víctimas y sobrevivientes a formalizar demandas en busca de reparación civil y penal.
Entre las acciones más recientes figura la querella interpuesta por Massiel Javier Almonte, esposa del exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel. A través de sus abogados, Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García, la señora Almonte presentó una demanda con constitución en actor civil. Esta querella reclama una indemnización de 300 millones de pesos dominicanos y solicita medidas judiciales contra los principales responsables del establecimiento.
La solicitud incluye medidas de coerción contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat, todos vinculados a la administración de la discoteca.
En concreto, se pide que se imponga una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo a cada uno de ellos, así como la autorización para inscribir una hipoteca judicial provisional sobre sus bienes, además de los de la empresa Inversiones E y L, propietaria del local.
También se ha solicitado el embargo de activos y valores relacionados con los imputados, por un valor equivalente a 600 millones de pesos. Estas medidas buscan asegurar posibles compensaciones económicas en caso de que los tribunales determinen responsabilidad por los hechos ocurridos.
Antonio Espaillat permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de la audiencia para conocer su medida de coerción. Según sus abogados defensores, Miguel Valerio y Ramón Núñez, su cliente se encuentra tranquilo, en buen estado de ánimo y colaborando con las autoridades.
Valerio y Núñez afirman que sus representados, tanto Antonio como Maribel Espaillat, no representan un peligro de fuga y cuentan con los recursos necesarios para responder ante cualquier requerimiento judicial. Reiteraron que sus defendidos no actuaron con intención criminal y que se trató de un accidente lamentable.
Maribel Espaillat, por su parte, continúa hospitalizada en una clínica privada de Santo Domingo. Se encuentra bajo custodia del Ministerio Público mientras recibe atención médica por las lesiones sufridas el día del derrumbe.
Las investigaciones en curso atribuyen a los hermanos Espaillat responsabilidad por el colapso del techo, argumentando que existían advertencias previas sobre el deterioro de la estructura que no fueron atendidas.
Según la Fiscalía, su omisión a realizar las reparaciones necesarias fue determinante para que ocurriera el trágico incidente durante la presentación del artista Rubby Pérez, quien figura entre las víctimas mortales.
Además de las imputaciones por homicidio involuntario, las autoridades han señalado que los responsables del establecimiento habrían intentado influir o intimidar a empleados y colaboradores que podrían aportar testimonios clave en el proceso.
Las querellas acumuladas ante el Ministerio Público incluyen, en varios casos, demandas contra entidades públicas como el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Estado dominicano. Los demandantes argumentan que estas instituciones no cumplieron con su responsabilidad de fiscalizar las condiciones del local, lo que, a su juicio, facilitó que la discoteca operara con deficiencias estructurales.
Varias de las demandas plantean que, de haberse realizado inspecciones regulares y adecuado seguimiento a las condiciones físicas del inmueble, el evento podría haberse evitado. Por ello, no solo se solicita reparación económica a los propietarios del Jet Set, sino también a las entidades que debieron velar por la seguridad del establecimiento.
El derrumbe ocurrió en plena celebración de una de las actividades semanales más concurridas del Jet Set. Durante el evento, el merenguero Rubby Pérez ofrecía un concierto que congregó a cientos de personas. El colapso del techo fue súbito y devastador, causando la muerte de Pérez junto a otros asistentes y dejando numerosos heridos.
Desde el incidente, familiares de las víctimas han organizado vigilias, actos conmemorativos y encuentros con autoridades para exigir justicia y garantizar que tragedias similares no se repitan.
Asimismo, han contado con el respaldo de organizaciones de derechos humanos y de defensa del consumidor, quienes han expresado su preocupación por la seguridad de los espacios públicos de entretenimiento.
En medio de este contexto, distintas voces del ámbito académico y técnico han planteado la necesidad de revisar las normativas de construcción, inspección y mantenimiento de locales destinados al ocio nocturno.
Se ha sugerido la implementación de auditorías periódicas obligatorias, así como un mayor control por parte de los gobiernos locales en la emisión de permisos y licencias de operación.
El gobierno dominicano, que declaró tres días de duelo nacional tras el accidente, ha expresado su compromiso de introducir reformas legales y administrativas para reforzar los protocolos de seguridad en establecimientos de alta concurrencia.
No obstante, diversos sectores han insistido en que las medidas deben ir acompañadas de un proceso de supervisión riguroso y sostenido en el tiempo.
Mientras tanto, el proceso legal que involucra a los propietarios del Jet Set continúa su curso. La audiencia de medidas de coerción para Antonio y Maribel Espaillat marcará un punto importante en el desarrollo del caso.
La Fiscalía busca que se les imponga prisión preventiva, mientras que la defensa solicita que se les permita continuar el proceso en libertad, alegando su disposición a colaborar con la investigación.
