Suprema Corte de Justicia revoca condenas de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa y ordena la devolución de sus bienes
Santo Domingo, 10 de agosto – La Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto las condenas que fueron impuestas al empresario Ángel Rondón y al exfuncionario Víctor Díaz Rúa por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional hace tres años. En su sentencia, el alto tribunal no solo revocó las penas, sino que también ordenó la restitución de todos los bienes que les habían sido decomisados a ambos imputados.
Los bienes confiscados a Ángel Rondón incluían las acciones de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa SRL, identificadas bajo el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 1-01-62007-2. Además, le fueron devueltos todos los bienes muebles e inmuebles registrados bajo estas sociedades, así como los productos financieros asociados en diversas entidades financieras y de valores, tanto nacionales como extranjeras.
Por su parte, a Víctor Díaz Rúa le será restituida una propiedad en el exclusivo complejo de Casa de Campo, en La Romana. Asimismo, recuperará el yate «Balbie», un apartamento en la torre Caney, ubicada en Bella Vista, Distrito Nacional, y las sociedades Albox, Radio-Difusora Sky Land e Inversiones Monttoba. También le serán devueltas varias cuentas bancarias en pesos y dólares que mantenía en el Banco de Reservas.
Rondón y Díaz Rúa eran los únicos de los 14 imputados inicialmente en el caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht que aún enfrentaban condenas.
Sin embargo, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia, en respuesta a un recurso de casación presentado por sus abogados, los absolvió definitivamente de todos los cargos. La sentencia, fechada el 31 de julio de 2024, marca un punto final en el proceso legal contra estos dos implicados.
La Suprema Corte concluyó que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones de corrupción, soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Rondón y Díaz Rúa.
Un tribunal de primera instancia los había condenado a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, aunque ambos se mantuvieron en libertad condicional durante el proceso. Posteriormente, la Corte de Apelación ratificó las condenas, pero en última instancia, la Suprema Corte falló a favor de los imputados en casación.
Con esta decisión, el caso Odebrecht en la República Dominicana, que se inició en mayo de 2017 con el arresto de 14 funcionarios, empresarios y abogados, alcanza su resolución final, quedando irrevocablemente juzgado.
Este expediente surgió tras la admisión de Odebrecht de haber pagado más de 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos para asegurar la adjudicación de obras públicas.
No obstante, en su fallo, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte, Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, determinaron que el Ministerio Público no logró demostrar el destino exacto del dinero supuestamente distribuido por Rondón en su rol como representante de Odebrecht en el país, ni identificó a los funcionarios que habrían recibido tales sumas.